MIGUEL FLORES / LA REPUBLICA

Con sus 87 años recién cumplidos ­nació el 21 de junio de 1916 en el departamento de Treinta y Tres­ el presidente honorario del PIT-CNT José "Pepe" D'Elía recordó con LA REPUBLICA donde lo encontró el golpe de Estado cívico-militar hace 30 años y los primeros días de la huelga general. Medida con la que la clase trabajadora enfrentó a la dictadura que encabezó el dirigente del Partido Colorado (PC) Juan María Bordaberry.

D'Elía repasó que el día que se violaron las instituciones democráticas se encontraba en una fábrica de vidrio en el Cerro y luego se trasladó hasta otro lugar cerca de la fábrica Bao. Desde ese momento y por varios días junto a Gerardo Cuesta, dirigente sindical y político desaparecido, recorrieron varios domicilios del Cerro y de La Teja.
En una de esas madrugadas, cuando se prendió la llama de Ancap, el proscripto dirigente de la CNT se cruzó con una guardia policial que hacían su ronda. "Pasamos unos momentos de muchos nervios, pero en esa oportunidad no me reconocieron y pude zafar".
Con posterioridad "nos instalamos en el domicilio de una señora mayor y otra más joven en la zona de Capurro. Después me instalé en la zona de Pocitos, por la calle Soca, en el apartamento de una señora militante sindical. Lo insólito es que en el mismo edificio vivían varios militares".
En esos momentos difíciles parte de la información que recibía el presidente de la CNT provenía de los escasos contactos sindicales que aún se mantenían, y la ventaja que tuvo en esos días, fue que en una de las casas que se encontraba había un estudiante de Medicina que tenía motivos "legales" para salir y traer información extraoficial.
A pesar de toda la situación de persecución que existió durante la dictadura, D'Elía no estuvo preso. Antes de que militares y civiles dieran el golpe de Estado, "en plena democracia pachequista", sí estuvo detenido durante tres meses en el cuartel de San Ramón. Viejos dirigentes de la época recuerdan que la estrategia de los servicios de inteligencia y represión llevó a dejar algunos "puntos de referencias sueltos y bien vigilados. De esta forma se sabía quiénes se acercaban o intentaban reorganizarse en la CNT.
En esta época se habló de dirigentes congelados, a los cuales se los excluía de toda actividad orgánica". Ello determinó que los contactos con otros dirigentes sindicales y políticos fueran "casuales en la calle o tomando un café en algún boliche", señala D'Elía. *
Ese día se conoció un nuevo comunicado de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, en las que se afirmó que "estaban dadas las condiciones para que en el día de mañana, el país reinicie el camino del trabajo. Corresponde a los trabajadores liberarse de sentimientos de rebaño y sumisión que han pretendido inculcarle falsos dirigentes".
El 2 de julio, se registra un nuevo emplazamiento de los bancos privados a sus trabajadores. Otro tanto sucede en la empresa General Electric, donde se observa un importante endurecimiento de la patronal en demanda del reintegro de los operarios.
Asimismo, se intimó a los trabajadores de la Compañía de Omnibus de Santa Lucía a reanudar los servicios. En caso contrario, se dispondría que actuarán como conductores policías de Canelones.
Al ser interrogado por la prensa respecto a la posibilidad de reanudar las conversaciones con la CNT, Bolentini respondió cáusticamente: "La CNT no existe". El 3 de julio, el gobierno dispuso la militarización de Ancap, que quedó disciplinariamente sometida a jurisdicción castrense.
El comunicado número 36 de las Fuerzas Conjuntas formuló una dura advertencia contra los sindicatos en conflicto, que comprendía, entre otros, a Ancap, UTE, SOYP, ANP, la banca oficial, Correos, AFE, OSE, la intendencia capitalina y los ministerios.
El 4 de julio, mientras el comando de los trabajadores en lucha reiteró la demanda de que "el dictador Bordaberry debe ser destituido", el gobierno aprobó un nuevo decreto que amenazaba con el despido de los trabajadores en conflicto. En ese marco, se autorizó a los jerarcas de la administración central, entes autónomos, servicios descentralizados y a las empresas privadas, a prescindir de los servicios de "quienes se nieguen a trabajar".
Poco después, se dispusieron nuevos emplazamientos a los empleados del Banco de Seguros, Banco de la República, Frigorífico Nacional y varias empresas privadas.
En los días siguientes, prosiguieron los emplazamientos a trabajadores públicos y privados, amenazándose con la aplicación del decreto del 4 de julio que suponía el grave riesgo de la pérdida de la fuente de trabajo para los huelguistas. Simultáneamente, aparecieron en los medios de prensa avisos que exhortaban al reintegro, para "no perjudicar al país". El slogan "póngale el hombro al Uruguay" comenzó a transformarse en rutina.
Desafiando al régimen, el 5 de julio el comando de trabajadores en conflicto celebró los "ocho días consecutivos de huelga invencible". La central obrera, aún desde la clandestinidad, seguía ejerciendo fuerte influencia sobre la masa trabajadora.
El 6 de julio, un nuevo mártir estudiantil cayó en pleno acto de lucha, cuando Roberto Pérez Berdier fue asesinado a balazos por una patrulla militar mientras repartía volantes.
Paralelamente, se anunciaron sumarios a funcionarios de varias dependencias estatales, por no acatar la intimación al reintegro.
Al séptimo día de julio, el Poder Ejecutivo propuso plebiscitar el retorno al trabajo en el sector privado, pretendiendo romper el frente sindical de lucha. Varios dirigentes fueron detenidos por las Fuerzas Conjuntas.
En una actitud insólita que pintaba de cuerpo entero al régimen, las Fuerzas Armadas rechazaron las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
El gobierno decretó la intervención de los organismos paraestatales: Asignaciones Familiares, Caja de Compensaciones, Comisión Honoraria de Seguro Social, Caja de Jubilaciones Bancarias, Caja de Profesionales Universitarios y Caja Notarial.
Asimismo, se dispuso que los inversores deberían ser personas de "particular confianza" del Poder Ejecutivo y que se deberá destituir a todos los "funcionarios que realicen huelgas o cualquier forma de trabajo irregular".
El 8 de julio, continuaron los emplazamientos al reintegro por parte de empresas privadas, bajo apercibimiento de despido sin indemnización.
El directorio interventor del Banco República resolvió instruir sumarios a cuarenta y cuatro funcionarios. El 10 de julio, se conoció una propuesta de los sindicatos de la bebida (Foeb), la salud (FUS ) y de Funsa, proponiendo una salida a la huelga general.
Las bases del documento fueron rechazadas por mayoría por la dirección clandestina de la CNT.
Por entonces, algunos gremios ­extenuados por el desgaste, la represión y la acción de grupos rompehuelgas que sustituían a los trabajadores en conflicto­ comenzaron paulatinamente a deponer la medida de huelga, aunque se comprometieron a proseguir la lucha sin tregua a la dictadura.
Al ingresarse en el decimoprimer día de paralización general, la central obrera en la clandestinidad convocó a cesar la medida, en atención a los duros datos de la realidad y con la firme convicción que apenas se dejaba atrás una primera etapa de la lucha por la restauración de la democracia. *