Paulina Fernández / La Jornada

De misión oficial en México, el relator especial de la ONU tiene mucha materia de trabajo, pero también va a tener muchas dificultades para elaborar su informe. Desde hace años, de parte del gobierno mexicano hay más interés por encubrir las violaciones a los derechos y las libertades de los indígenas que por conocer y enmendar dichas violaciones para respetar y garantizar tales derechos y libertades.

En los próximos días el equipo de trabajo encabezado por Rodolfo Stavenhagen estará en Chiapas, entidad en la que para el gobierno federal todo está en "santa paz", mientras para la mayoría de la población indígena la estrategia de guerra en curso sigue haciendo estragos.

Un fenómeno delata, como pocos, la verdadera situación: los desplazados internos. Su existencia es concomitante a la militarización y paramilitarización, en un esquema de contrainsurgencia iniciado en el sexenio anterior y que continúan aplicando los actuales gobiernos federal y estatal.

Sin tierras propias para sembrar, es decir, sin producción de alimentos, con un abastecimiento insuficiente de agua potable por persona, hacinados en viviendas colectivas, con pisos de tierra y techos de cartón o lámina; una gran población infantil sin escuelas, padeciendo diversos problemas de salud, habiendo perdido todo, con la tristeza a cuestas, la incertidumbre diaria del porvenir y con un sentimiento de permanente inseguridad, miles de personas de todas las edades, que tuvieron que huir de sus comunidades durante más de cinco años, han sobrevivido en campamentos bajo tales condiciones infrahumanas. Pero esa no es preocupación de gobernantes.

Hace dos años, representantes de un conjunto de desplazados de guerra se reunieron con el gobernador de Chiapas y con autoridades de diversas secretarías. Un año después se reunieron en el Distrito Federal con funcionarios de la secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y con la encargada de la Oficina de la Presidencia de Atención a los Pueblos Indígenas. Las respuestas recibidas por el grupo, además del ofrecimiento de "ayuda humanitaria" y algunas promesas incumplidas, han sido negativas a las demandas siguientes: 1) Compra de tierras para la reubicación o condiciones de seguridad para el retorno; 2) indemnización de las pérdidas por el desplazamiento; 3) castigo a los paramilitares y 4) cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Otro conjunto de unas mil 500 familias desplazadas afirma no poder regresar a sus comunidades porque "los grupos paramilitares y el Ejército federal siguen presionando y amenazando a los hombres y mujeres" que están en Polhó. Además, después de la liberación de seis dirigentes paramilitares identificados como participantes en la masacre de Acteal, la población de ese municipio autónomo advierte mayores riesgos para su seguridad.

La falta de atención de los gobiernos al grave problema de los desplazados se puede interpretar como una continuidad de la negación de esa parte de la realidad que los compromete ante el resto de México y el mundo. La militarización de estados con importante población indígena como Chiapas se excusa diciendo que la autoridad militar se requiere para luchar contra el narcotráfico, ayudar a la población civil, aplicar la Ley Federal de Armas y otras tareas. En los hechos y en las actitudes, el gobierno del estado no reconoce que haya desplazados de guerra en el territorio chiapaneco, de la misma manera que el gobierno federal niega sistemáticamente la existencia de paramilitares en aquella entidad. Lo que ocurre en tantos municipios -según la versión oficial- se trata de disputas por la tierra, conflictos religiosos, rencillas personales, venganzas familiares, agresiones inter e intracomunitarias o simples accidentes. Versión difícil de sostener cuando se observa el fenómeno en conjunto.

El desplazamiento forzado es parte de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano, consistente en sacar a la población de oposición de sus lugares de origen, desarticular las bases sociales del EZLN, desestructurar socialmente a las comunidades indígenas, mermar su economía y minar su resistencia. En esta acción es fundamental el papel que desempeñan los grupos paramilitares al destruir viviendas, tender emboscadas, amenazar de muerte, exigir pago a quien permanezca dentro de la comunidad o a quien transite por determinado camino, con el fin de controlar el territorio en cuestión. Una vez creado un clima de confrontación permanente, el esquema se complementa con la entrada en acción del Ejército federal, mismo que se presenta ante las comunidades como una fuerza de paz.

Entre los defensores de derechos humanos en México hay quienes ya han concluido que el Estado mexicano, además de responsable del desplazamiento forzado en Chiapas, es violador de los derechos humanos y colectivos (económicos, sociales, culturales), políticos y civiles de la población desplazada. Sin duda es grande el desafío para el relator especial de la ONU.