Latinoamérica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que hubo deficiencias en autopsia, peritajes y custodia de evidencias
México: Cuestionan los resultados de las investigaciones por el asesinato de Digna Ochoa

Claudia Herrera Beltrán
La Jornada
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron los resultados de las investigaciones sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa, al señalar que hubo deficiencias en una serie de pruebas importantes, entre otras la necropsia, peritajes dactilares y descuido en la custodia de evidencias, además de que los peritos que trabajaron en el caso dieron opiniones en términos absolutos sin fundamentación científica.

En el resumen que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sobre el documento, los especialistas de la CIDH señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no entregó la información solicitada sobre el caso, y que es "absurda tanta cautela, demora y malestar" para no permitir el acceso pleno de los investigadores a los archivos.

La comisión atribuye estos problemas a fallas en la administración de justicia, que en el Ministerio Público son de orden estructural y no coyuntural. Más allá de la manifestación de la voluntad y del interés del Estado, explica que se requiere el diseño y la ejecución de un agresivo plan de nuevos modelos de investigación penal.

El Prodh dio a conocer ayer un resumen del documento que elaboró la CIDH en relación con la muerte de la defensora de derechos humanos, ocurrida el 19 de octubre de 2001.

La síntesis también aborda la polémica hipótesis del suicidio y señala lo siguiente: "Respecto a la prueba de balística, el informe reconoce que, salvo algunas particularidades, se encuentra apegada a los estándares en la materia, aunque el resultado por sí mismo no puede determinar si el hecho se trató de un suicidio o de un homicidio".

Nuevos modelos de investigación

Por todo ello recomienda a los gobiernos federal y del Distrito Federal y a la procuraduría capitalina "el diseño y la ejecución de un agresivo plan de nuevos modelos de investigación criminal que involucre la revisión de los recursos logísticos y materiales disponibles, así como la actualización de los métodos de investigación".

Además de "la aplicación de estrictos procedimientos referidos a la custodia de evidencia, el control de la gestión y calidad del trabajo, la obligatoria capacitación y actualización de los conocimientos técnico-científicos de la criminalística, la revisión de los requisitos profesionales, morales y personales de los funcionarios del Ministerio Público".

Hace tres días el Prodh recibió el informe que fue elaborado por Pedro Díaz Romero, coordinador del equipo de expertos de la CIDH, que recoge el resultado de los trabajos realizados por María Dolores Morcillo Méndez, Alan J. Voth y el propio Díaz en enero pasado.

El centro aclaró que los enviados de la CIDH se encargaron de verificar las pruebas técnicas realizadas y si éstas se adecuaban a los estándares internacionales, pero no tuvieron la misión de determinar las circunstancias en que murió la abogada Ochoa, como tampoco la identificación de eventuales responsables.

Al citar las conclusiones del informe explica que algunas pruebas "no fueron evaluadas en forma ajustada a los métodos y procedimientos regulares para este tipo de pruebas ni a los estándares internacionales".

Las omisiones en la prácticas de algunas de las pruebas analizadas, dice, obedecen a procedimientos "rutinarios y desactualizados" que realizan los Servicios Periciales de la Procuraduría General, del Servicio Médico Forense y del Tribunal de Justicia del DF.

El trabajo que se realizó sobre el cadáver exigía "mayor atención y una labor más profesional". Además considera que debió hacerse una inspección minuciosa del departamento donde ocurrieron los hechos, continua y con el tiempo necesario dentro de los días y semanas siguientes antes de iniciar otras pruebas o devolverlo a los propietarios. El informe también destaca la "forma determinante y a veces absoluta o contraria" en que se han formulado las conclusiones por parte de los peritos.

También dice que faltó previsión en la toma de muestras, como en el caso del polvo esparcido y retazos de tela hallados en la escena del crimen. Además, añade, se practicó un elevado número de pruebas de laboratorio en las diversas áreas, algunas veces de modo innecesario, lo que agotó la mayoría de las muestras y cerró la posibilidad de realizar otros exámenes.

Señala que el reconocimiento externo del cuerpo fue superficial y carente de la información que regularmente se requiere, lo que también se reflejó en la autopsia.

En torno a la prueba de balística indica que hay problemas por un "deficiente control de la escena de los hechos y los peritos no llevaron regularmente notas de trabajo, además de existir excesivas interpretaciones de fondo". Las diferentes pruebas de genética, agrega, no se desarrollaron dentro de los estándares internacionales existentes y por ese motivo entraron en contradicción unas con otras.

En la declaración de los campesinos de Guerrero -que fueron defendidos por Ochoa- tampoco se siguieron ciertas normas. La CIDH lamenta, por ejemplo, que no se haya tomado el testimonio de un testigo que podía tener información importante debido a que carecía de identificación.

Apunta que la Sedena tampoco entregó la información solicitada en forma concreta y directa, pese a los continuos requerimientos que se le hicieron y de que en una investigación de esta naturaleza todas las entidades del Estado tienen la obligación de colaborar.

Afirma que "es absurda tanta cautela, demora y malestar para no permitir el acceso pleno y directo de los investigadores a los archivos físicos y electrónicos que poseen, pues la información suministrada es pública y se encuentra en forma más completa en las bibliotecas o hemerotecas de la ciudad".

La CIDH reconoce que no existe evidencia de que la documentación integrada en la investigación haya sido alterada, cambiada o fraccionada. La comisión señala que en la investigación penal que llevó a cabo por estos hechos la procuraduría capitalina se ha observado el interés del Estado en proveer el personal que ha requerido la averiguación.

Sin embargo, agrega, que además de ello se requiere la "constancia, la madurez, el conocimiento adquirido no solamente a partir de la experiencia o de una base empírica, sino por la formación, preparación y actualización en las diversas áreas de la ciencia de la criminalística y la investigación penal, en las que no hay lugar a improvisar o hacer ensayos".

En ese aspecto, asegura que la preparación del personal del Ministerio Público "no es adecuada, combinándose una falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurídico vigente y desidia en el trabajo, que imposibilitan que el rendimiento en términos generales sea satisfactorio".