Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital

El planteamiento del Presidente Gutiérrez para el levantamiento de las sanciones impuestas por las Fuerzas Armadas a más de 400 oficiales y soldados por su participación en la insurrección del 21 de enero del 2000, ocasionó la remoción del General Oswaldo Jarrín, de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha abierto la primera crisis política militar en lo que va de su gobierno.

La sorpresiva salida de Jarrín trascendió que obedeció a las discrepancias con Gutiérrez sobre el caso. Inmediatamente el Presidente declaró que era necesario levantar esas sanciones para que los oficiales y soldados puedan ascender, distorsionando el sentido legítimo del reclamo, lo que desencadenó la tormenta.

Los adversarios de la insurrección del 21 de enero que depuso al Presidente Mahuad, sostienen que esos oficiales y soldados violaron normas de disciplina interna de las FFAA e incluso la Constitución y que, la amnistía declarada por el Congreso, que se aplicó para civiles y altos oficiales como el propio Gutiérrez, no es extensiva a ellos.

El ex Presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, quien fue designado por el Parlamento Nacional de los Pueblos, junto a Gutiérrez y al dirigente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Antonio Vargas, como miembro de la Junta de Salvación Nacional, declaró que esa amnistía decretada por el Congreso es de carácter general y por lo tanto es aplicable a todos los civiles y militares que participaron en la insurrección, sin discriminación de ninguna naturaleza.

Carlos Solórzano, explicó que la Constitución ecuatoriana, establece el principio del derecho de los pueblos a insurreccionarse contra los regímenes opresivos y que el 21 de enero, el pueblo se levantó contra un gobierno que había renunciado a la soberanía nacional al decretar la dolarización en flagrante violación del Estado de derecho, frente a la inercia cómplice de los poderes legislativo y judicial.

"Los militares que se negaron a cumplir las órdenes de disparar contra el pueblo, en quien reside la soberanía y se unieron a la convocatoria del Parlamento de los Pueblos, creado como un órgano de poder popular frente al descalabro de los poderes constituidos, no cometieron ninguna falta ni delito, cumplieron con un deber que la Constitución les impone, la defensa de la soberanía de la nación y del pueblo soberano que es la fuente legítima de todos los poderes", dijo Solórzano.

El ex miembro de la Junta de Salvación Nacional, que el 22 de enero fue depuesta cuando el Consejo de Generales posesionó en el Ministerio de Defensa al Vicepresidente de Mahuad, Gustavo Noboa, como Jefe de Estado, subrayó que quienes han cometido una falta son las autoridades de las FFAA, que no han observado el decreto legislativo que declaró la amnistía y mantenido una persecución ilegal de los oficiales y soldados, por encima del poder legislativo, lo que evidentemente vulnera el Estado de derecho. Por ello resulta risible, dijo, que el actual Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, sostenga que un reglamento interno de las FFAA esté por encima del poder legislativo y de la Constitución Política del Estado.

*Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Ecuador y director del periódico "el Sucre"