Larrea para Adital

El pueblo ecuatoriano es convocado por la "Campaña Nacional contra el ALCA" a una Consulta Popular que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, para pronunciarse sobre éste proyecto de la administración Bush, la privatización del petróleo, la electricidad y los teléfonos, la injerencia del país en el Plan Colombia y el mantenimiento de la concesión a EEUU de la Base de Manta.
Brasil-Pueblos Indígenas Desalojo de los Pataxó de Bahia puede ocurrir a cualquier momento La situación de los indios Pataxó Hã-Hã-Hãe en Bahia, continúa siendo muy grave. La acción policial de reintegro de la posesión de la tierra está prevista para suceder en cualquier momento.
México-Derechos Humanos Hay en el mundo 35 millones de refugiados, 14 millones son niñas Hoy, Día Mundial del Refugiado, las Naciones Unidas informan la existencia de más de 35 millones de refugiados o desplazadas por conflictos entre naciones, guerras y luchas en el mundo.
Movimientos Sociales Especial: Arranca consulta sobre el ALCA Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital - La Campaña Nacional contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por resolución de su III Convención Nacional, en la que participaron diversos movimientos sociales e indígenas del país, inicia el proceso hacia la Consulta Popular, dirigido a abrir a los niveles más amplios la información, el análisis y la discusión del proyecto del ALCA, que adelanta la administración Bush en el continente.
La Campaña tiene el propósito de replicar la Consulta convocada en Brasil, que logró la participación voluntaria de 10 millones de personas y contribuyó a consolidar la resistencia al ALCA.
La Consulta en Ecuador tendrá lugar el próximo 12 de octubre y preguntará un conjunto de aspectos que incluyen si Ecuador debe o no firmar el ALCA, que se estima constituye la mayor amenaza colonial que se cierne sobre nuestros países, pretendiendo suprimir la soberanía económica, jurídica y finalmente política de nuestras naciones, a través de un modelo de anexión implícito y de invasión comercial.
En virtud del acuerdo stand by suscrito por el Presidente Gutiérrez con el Fondo Monetario Internacional, en el cual se incluye la transferencia al capital transnacional de los servicios de telecomunicaciones, electricidad, petróleo, entre otros, se preguntará la voluntad del pueblo respecto a la estrategia neoliberal de privatización.
Otro tema de la Consulta, es si existe acuerdo con que el gobierno involucre al país en las políticas de militarización de los conflictos de la región, que incentiva el Comando Sur de EEUU. Estas incluyen la creciente intervención en el Plan Colombia, la pretensión del Presidente Gutiérrez de asumir el conflicto como propio y regional, el mantenimiento de la concesión de la Base Aérea de Manta a EE UU e incluso de otras posiciones del territorio Nacional cuando ha trascendido que Washington estaría promoviendo el establecimiento de nuevas bases en la isla de Baltra en Galápagos o en San Lorenzo, en la costa del Pacífico, muy cerca de Colombia y el canal de Panamá.
La campaña ha unificado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, al Foro Social Mundial-Ecuador a Acción Ecológica y otras organizaciones y medios alternativos y espera integrar a todas los movimientos populares.
El inicio de la campaña abre el necesario espacio para socializar y visibilizar los fundamentales aspectos del ALCA, al escrutinio público y el pronunciamiento popular. Tarea indispensable cuando el Acuerdo se viene negociando bajo presiones de EEUU y al viejo estilo de la diplomacia secreta, donde funcionarios no electos y por disposiciones ejecutivas, asumen decisiones que afectarían la vida de millones e incluso la independencia y soberanía de las naciones.
*Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Ecuador y director del periódico "el Sucre" Pueblos Indígenas Desalojo de los Pataxó de Bahia puede ocurrir a cualquier momento Bahia _ Brasil - Adital/ Cimi/ Informes PT - La situación de los indios Pataxó Hã-Hã-Hãe en Bahia continúa siendo muy grave. A pesar de la victoria parcial en el Tribunal Regional Federal de la 1ª región, cuando tres jueces de apelación concedieron la suspensión a ocho de los 11 despachos de reintegro de la posesión, una mega acción de la Policía Federal está prevista para suceder en cualquier momento de hoy, día 20, o para este fin de semana. Según nota del delegado de Ilhéus, Nelson Gaspar Pires Neto, la acción contará con un contingente de 150 agentes de policía, siete delegados y dos helicópteros.
En el caso que la Policía Federal haga cumplir las tres acciones de reintegro de la posesión que aún restan, deberá cercar las dos mil hectáreas del área indígena, incluyendo cerca de tres mil personas. "Espero que la policía federal no vaya al área, porque no sabemos si vamos a conseguir convencer a los parientes de acatar o si habremos de resistir como la mayoría quiere", afirmó Agnaldo Pataxó, concejal municipal de Pau-Brasil.
En una reunión en el Ministerio de Justicia, el último miércoles, día 17, que contó con la presencia de diputados federales, del presidente de la Funai, de representantes del Ministerio Público Federal, Ministerio de Justicia, Secretaría Especial de Derechos Humanos, Abogados Generales de la Unión y del Cimi, los líderes dijeron que no saldrán de la tierra y que morirían por su pueblo; "si la policía fuera para allá nosotros vamos a enfrentarla y si es preciso vamos a morir" dijo Marilene, Cacique del pueblo. Los diputados se comprometieron a movilizar a los representantes del gobierno que actúan en la cuestión indígena, en el sentido de asegurar los derechos de los pueblos indígenas.
Las 11 acciones de reintegro de la posesión fueron concedidas por el juez federal de Ilhéus, Pedro Holliday, a principios de mayo, a los hacendados que ocupan la tierra Caramuru-Catarina Paraguaçu del pueblo Pataxó Hã-Hã-Hãe, en Bahia. Esta semana, ocho de ellas fueron suspendidas. A los otros tres despachos les fue negado el efecto suspensivo por el juez Leão Aparecido Alves, siendo favorables los mismos a los hacendados Antonio Carvalho Reis, Antonio Rodrigues y Matilde Dias Guimarães. El Ministerio Público Federal y la Funai deberán apelar contra esta decisión.
El Consejo Indígena Misionero (Cimi) atribuye esta conquista parcial a la presencia de líderes indígenas en Brasilia. Agnaldo Pataxó, concejal municipal en Pau-Brasil, considera estas decisiones un avance en las relaciones con los jueces de apelación, "inclusive después de la visita que les hicimos algunos cambiaron de opinión. Fuimos y dijimos la verdad de los hechos y los que estaban con la posición de mantener la decisión, terminaron siéndonos favorables", dijo. "Fue muy importante nuestra presencia aquí, junto con el Cimi, para mostrarles nuestra realidad", reforzó Marilene, Cacique del pueblo.
Parlamentarios interceden Diputados del PT, que integran el Frente Parlamentario en defensa de los pueblos indígenas, participaron este miércoles de la reunión en el Ministerio de Justicia que esbozó alternativas políticas y jurídicas para procesos que amenazan con desamparar a más de tres mil indios Pataxó, en Bahia.
En la reunión quedó decidido que se realizarán gestione por parte de los parlamentarios junto a la Policía Federal de Brasilia y las instancias por donde los procesos se tramitan: Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, Superior Tribunal de Justicia (STJ) y Superior Tribunal Federal (STF).
Además fue enviado al Presidente de la República, por medio de carta firmada por veintitrés senadores, un pedido de mayor atención a la cuestión. Los senadores llaman la atención acerca del duro contenido de los documentos finales producidos en el seminario "Respeto a los Pueblos Indígenas" y en el "Encuentro Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil", realizados respectivamente en marzo y abril de este año.
La carta reflexiona sobre el alarmante número de homicidios ocurridos en los primeros meses de este año _ un total de 15, número mayor que durante el año 2002 - se lo relaciona directamente al problema de la tierra. "La no demarcación administrativa de las tierras indígenas contribuye sobremanera para el agravamiento de la violencia creciente que, lamentablemente, se verifica en las tierras indígenas, victimando líderes y miembros de sus comunidades", afirma la carta.
Recordando los compromisos históricos del Partido de los Trabajadores con la causa indígena, los senadores piden esfuerzos del presidente de la República para la creación de la Comisión de Política Indigenista y la inmediata homologación de la tierra indígena Raposa/Serra do Sol, así como de todas las demás, que esperan sólo la firma de Lula.
Para el Cimi, ante el grave cuadro acerca de la cuestión indígena, se hace necesario y urgente la puesta en marcha de acciones movilizadoras de los pueblos indígenas y de sus aliados para dar un punto final, a todas las violencias y arbitrariedades sufridas por esos pueblos.
Los indios Pataxó Las tierras Pataxó fueron demarcadas entre 1936 y 1938. Hace 20 años, sin embargo, el gobierno estatal loteó gran parte del territorio, pasándolo a propietarios rurales de la región. Desde 1980, 16 Pataxó de la región fueron muertos a manos de productores rurales. Ninguno de estos crímenes fue castigado por la Justicia hasta ahora.
Derechos Humanos Hay en el mundo 35 millones de refugiados, 14 millones son niñas México- Adital/ Cambio/ Cimac - Hoy 20 de junio es el día Mundial del Refugiado y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que en el mundo hay 35 millones de personas refugiadas o desplazadas por conflictos entre naciones, guerras y luchas interétnicas, de los cuales 22 millones están bajo la protección de ese organismo humanitario.
El ACNUR completó que del total de personas refugiadas, 28 millones son mujeres y de ellas más de la mitad son menores de 18 años de edad. Todos los días, más de 14 millones de niñas menores de 18 años de edad refugiadas en el mundo enfrentan el riesgo de ser violadas, forzadas a la esclavitud sexual y a contraer el VIH/SIDA.
Este año, que por tercera vez se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, ACNUR decidió dedicar la fecha a las y los jóvenes refugiados que a decir de la agencia humanitaria internacional, su edad los hace más vulnerables a los abusos de todo tipo.
Informa que actualmente 300 mil jóvenes de entre 15 y 17 años son obligados a luchar en alguna de las guerras más violentas del mundo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que en los anteriores 10 años, más de dos millones de niños han muerto como resultado de conflictos armados y seis millones más han sido heridos o mutilados.
Hoy en día el ACNUR brinda asistencia a cerca de ocho millones de jóvenes menores de 18 años, entre las medidas que la agencia humanitaria ha tomado para atender las necesidades de esta población se encuentran la repatriación, la integración en el país de asilo y el reasentamiento en un tercer país. No obstante, manifiesta que para lograr que estas soluciones se lleven a la práctica, se requiere de la cooperación y la voluntad política de la comunidad internacional.
El 20 de junio El objetivo de conmemorar el Día Mundial del Refugiado es recordar que las guerras, las matanzas y los conflictos no destruyen solamente el presente de esos adolescentes sino su futuro. Mientras los mísiles caen en sus vecindarios o la guerrilla mata a sus hermanos, su cuidado, su formación y sus proyectos quedan postergados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hizo un llamamiento a la sociedad civil, para que apoye la integración de los refugiados, especialmente de los jóvenes.
Los menores inmigrantes en Estados Unidos Más de cinco mil menores que entraron solos a Estados Unidos sin documentos permanecen detenidos junto con convictos, carecen de asesoría legal, o fueron confinados en aislamiento por delitos menores, informó en un reporte la sección estadounidense de Amnistía Internacional (AI).
En un reporte de 83 páginas, la mayor organización internacional defensora de los derechos humanos indicó que el número de menores de edad solos detenidos en cárceles estadounidenses casi se duplicó entre 1997 y 2001. En ese periodo la cifra pasó de dos mil 373 a cinco mil 385 y se estima que en la actualidad el número podría ser cercano a los seis mil.
El reporte aborda a fondo un problema largamente ignorado por la sociedad estadounidense y que recientemente salió a la luz pública tras la reclusión de varios adolescentes afganos en la base militar que Estados Unidos mantiene en Guantánamo, Cuba, donde los jóvenes están mezclados con adultos acusados de terrorismo.
De acuerdo con el reporte, las y los menores llegaron a Estados Unidos por diversas razones, todas ellas dolorosas. Algunos viajaron miles de kilómetros en busca de empleo, otros huyeron de sus países por razones políticas o a causa de guerras y algunos más pretendían reunirse con familiares.
Niños y niñas detenidos en Pennsylvania dijeron a militantes de AI que los vigilantes los patean y golpean hasta que caen al piso sólo por preguntar si pueden ir al baño.
El reporte señala además fallas importantes en los procedimientos carcelarios para determinar la salud mental de las y los menores y acceso inadecuado a asesoría o ayuda legal. El nuevo Departamento de Seguridad Nacional, creado en el marco de la política antiterrorista estadounidense, asegura que realiza inspecciones a todos los centros de detención donde están los menores para asegurarse de que sus condiciones sean adecuadas, pero la realidad muestra otra cosa.
Otros números...
La oficina de ACNUR en el sur de Sudamérica, que atiende a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, indicó que en esta zona hay 6.500 refugiados, aproximadamente. Provienen de más de 45 países. Los refugiados de Angola en Brasil constituyen el mayor grupo de refugiados de un mismo país.
Los países de la región con mayor cantidad de refugiados reconocidos como tales son Brasil con 3.000, Argentina con 2400 y Chile 400 aproximadamente.
En Argentina, los menores de 18 años de edad constituyen el 12% de la población de refugiados.
En Bolivia, Uruguay y Paraguay no hay un número muy alto de refugiados. Sin embargo, estos países realizan un trabajo de suma importancia a través del SEDHU (Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana) en Uruguay, del CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia) en Paraguay y de CEB-ACNUR (Centro Escalabriniano) en Bolivia. Estas agencias trabajan en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y la iglesia.
En esta zona todos los países han ratificado la Convención de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967. Pero Brasil fue el primero en sancionar una ley de refugiados en 1997. Paraguay lo siguió en el 2002.