24 de mayo de 2003
Doctor Luis Carlos Restrepo
Alto Comisionado para la Paz
Señor Alto Comisionado:

Han transcurrido los primeros cinco meses desde el momento en que el Gobierno nacional emprendió las llamadas negociaciones con los sectores mayoritarios de los grupos paramilitares. Al inaugurarse dicho proceso, dirigí a usted una primera comunicación en la que le manifesté la preocupación ante la intención explicitada por representantes del Gobierno en el sentido de amnistiar los delitos cometidos por los paramilitares. En esa ocasión usted afirmó públicamente que las negociaciones no tienen por finalidad tender un "manto de impunidad".
Los hechos, señor Alto Comisionado, indican claramente lo contrario. El 22 de enero de 2003, el Gobierno expidió el decreto 128 en el que dispone que en el curso de su desmovilización los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley "tendrán derecho al indulto", y en el que faculta al Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) para acordar beneficios inmediatos, sin ningún control de las autoridades judiciales. Este es un procedimiento que, a todas luces, abre la vía para la suplantación y denegación de la justicia dado su carácter discrecional y arbitrario. En un derecho de petición que formulé hace más de un mes a las autoridades competentes, y que no ha sido aún respondido, solicité que se aclarara la forma en que el Gobierno nacional preveía el control de esta facultad de indultar concedida al CODA.
Según las estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional, a la fecha más de quinientas (500) personas habrían sido indultadas, sin que la opinión pública sepa las identidades de los beneficiados ni las circunstancias en las que se han acordado los certificados para la llamada reinserción ni los criterios empleados para evaluar la situación jurídica de los solicitantes. Como lo indiqué en el derecho de petición, el Gobierno no ha informado tampoco qué medidas se tomarán con respecto a las demandas penales que puedan surgir en el futuro contra los indultados.
El decreto 128 estipula que los beneficios jurídicos no serán efectivos para quienes estén siendo procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. No obstante, la actuación de nuestro sistema judicial demuestra que la impunidad es la norma para quienes han cometido esta clase de delitos. Baste para ilustrar esta aseveración el hecho de que recientemente el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Édgar Lombana, ha desestimado como pruebas los documentos y publicaciones en las que el jefe paramilitar Carlos Castaño reconoce públicamente su autoría del crimen contra el Senador Manuel Cepeda Vargas.
Señor Alto Comisionado:
Con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes, la opinión pública y la comunidad internacional requieren recibir explicaciones sobre los hechos de impunidad que se están consumando ante nuestros ojos en medio del silencio generalizado. Los funcionarios estatales que conducen las políticas públicas en materia de paz y reinserción deben, por lo tanto, aportar las respuestas acerca de la manera en que se está garantizando, o desconociendo, la obligación del Estado colombiano de sancionar y erradicar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como las graves violaciones a los derechos humanos.
Atentamente,
Iván Cepeda Castro
Director de la Fundación "Manuel Cepeda Vargas"
Con copia a:
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
Michel Früling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos
Monseñor Dario Hecheverry, Delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia al proceso de diálogos y negociación con los grupos paramilitares
Monseñor Julio César Vidal Ortiz, Obispo de Montería