La política económica, social y de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, tiene definido un sendero claro: empujar a toda la sociedad por la senda de la pobreza, el despojo, la desesperanza y por tanto la guerra legítima.

Desde el inicio de su mandato se ha empeñado en terminar de desmontar y precarizar los más elementales derechos humanos de los colombianos. Sistemáticamente la población ha visto cómo se cierran los últimos hospitales estatales, cómo se fusionan escuelas o se dan en comodatos a particulares, cómo se acaban las empresas de servicios públicos y cómo se subastan empresas como ECOPETROL, TELECOM, Empresa de Teléfonos de Bogotá, EMCALI (Empresas Públicas de Cali), etc.

Uribe trabaja como funcionario aplicado de las empresas transnacionales. Todas su acciones están dirigidas hacia crear las condiciones para la óptima operación de Nortel, BELL South, Vivendi, British Petroleum, Nestlé, Coca Cola, Telefónica y Endesa, por mencionar solo algunas de las empresas que pagan el salario del presidente. La contraparte social de estas acciones es escalofriante.

Consciente de que esta política genera descontento social, tal y como él mismo lo reconoce en su Plan de Desarrollo, ha dedicado una buena parte del presupuesto nacional a la más brutal represión bajo el lema de brindar "seguridad democrática": en esta loca carrera han sido asesinados este año 40 trabajadores sindicalizados, judicializados con pruebas falsas cientos de obreros, campesinos, funcionarios públicos y sacerdotes, han sido desplazados cientos de miles de campesinos y bombardeados decenas de caseríos de gente humilde. Las transnacionales y sus socios lacayos necesitan territorios "limpios", organizaciones descabezadas, gente aterrorizada para que las ganancias se incrementen sin límite y sin oposición.

Al igual que en Iraq, donde la agresión militar ha representado un gran negocio, en Colombia la represión y la guerra habilitan la entrada de los inversionistas extranjeros y la acumulación de la tierra en unas poquísimas manos.

Mientras esto sucede se alardea con las cifras. El desempleo ha descendido, la economía crece, la balanza comercial mejora. Nuevamente es relativamente cierta la vieja paradoja que hizo famosa un prestigioso industrial según la cual "a la economía le va bien, aunque al país le vaya mal". No puede ser de otra manera: durante la década anterior las empresas transnacionales y sus socios locales triplicaron sus ganancias. La tan detestada guerra les permitió agrandar sus negocios de seguros, los transportes aéreos, la publicidad, los negocios de seguridad privada, sus ejércitos paramilitares y extender sin freno las propiedades rurales. El presidente Uribe Vélez es uno de los favorecidos con la adquisición de 11 mil hectáreas de tierra en el valle del Sinú, en el departamento de Córdoba (al norte de Colombia), bajo la égida de los narcoterroristas Castaño, Mancuso, Rodrigo García y el Mono López.

Sin embargo aquellas cifras no deberían alegrarnos: los nuevos empleos del último año se basan en trabajo indigno y precario, la economía crece pero a favor de los vampirezcos socios extranjeros y la balanza comercial mejora a costa del saqueo de nuestros recursos naturales.

Todo este embeleco oculta también el bloqueo de amplias zonas campesinas por fuerzas combinadas del ejército y los paramilitares, atentando contra la seguridad alimentaria, la salud y el comercio de las comunidades. A dicho bloqueo, y para agravar la situación, se suman las fumigaciones indiscriminadas que arrasan cultivos lícitos y matan los animales de los campesinos, las masacres y el desplazamiento obligado por la acción de las bandas de mercenarios paramilitares.

Con toda esta avalancha represiva y antisocial, Uribe le echa más gasolina al explosivo conflicto. Al cerrar cualquier puerta a la justicia y a la posibilidad de una vida digna, empuja a miles de compatriotas a la guerra. La guerra no es solo aquella que se libra en los campos de batalla. También es guerra la política de extermino social que se practica contra los más necesitados.

En el caso específico de TELECOM se plasma en toda su dimensión la política autoritaria, la manipulación de la verdad y la ausencia de interés nacional que caracterizan al gobierno de Uribe, desvelado en cómo hacer para ganar la guerra, en cómo entregar el país a la intervención militar extranjera y a la recolonización. Con un decreto dictatorial acaba de liquidar una empresa patrimonio de los colombianos y fruto del esfuerzo de varias generaciones de trabajadores. Impuso esta decisión sin que mediara el derecho a discutir alternativas, con la ocupación militar y el desalojo brutal de los trabajadores.

El gobierno no puede vender el patrimonio nacional sin consultar a sus verdaderos dueños, que somos todos los colombianos. Pero a Uribe esto no le importa, solo ve los fines que busca, así tenga que arrasar y atropellar los derechos más sagrados para los colombianos.

Después de Telecom continuará la piñata de entrega a los pulpos internacionales y sus socios de las otras empresas del Estado. El Instituto Seguros Sociales encabeza la lista, sigue el debilitamiento de Ecopetrol como primer paso en el proceso de su privatización y otras más. Estando en juego el patrimonio y el interés nacional los colombianos no podemos permanecer ajenos a la rapiña y debemos reaccionar ocupándonos y opinando sobre tal política y sus repercusiones futuras.

Proponemos al país que se abra un gran debate nacional, en diferentes espacios, incluso en la TV, donde los trabajadores, usuarios de los servicios, académicos, etc., expongan sus puntos de vista y aporten elementos al análisis de la política de quiebra de empresas rentables del Estado a través de procesos premeditados de asfixia, robos y mala gerencia y la venta a precios de "ganga" de aquellas a particulares, después de "sanearlas" de cargas laborales y despedir el mayor número de trabajadores.

La guerra de Uribe no es solo contra la insurgencia. Está dirigida igualmente contra los trabajadores, los campesinos, indígenas, los estudiantes, los defensores de Derechos Humanos, los pobladores barriales, etc., a través de distintos métodos pero con el mismo fin: implantar un régimen fascista que garantice el saqueo a las transnacionales, la acumulación a sus socios lacayos y mantenga al pueblo en silencio bajo un régimen de terror.

El Estado le hace la guerra a los trabajadores; el Estado abre la ruta para que los revolucionarios y el pueblo en general hagamos la guerra legítima a las empresas que surjan sobre el robo y saqueo del patrimonio de los colombianos. Ante esta situación no queda otro camino que prepararnos para el combate. Miles de colombianos engrosarán las filas para librar las batallas por la libertad y la dignidad que nos esperan.