Uribe se frota las manos
Guido Proaño A.
La última cumbre de mandatarios del Grupo de Río, efectuada hace poco en el Perú, cumplió con lo característico en ese tipo de reuniones: ser un escenario para avanzar en la aplicación de programas y políticas internacionales que, en esencia, garanticen la funcionalidad y permanencia del sistema imperante, la ahora muy nombrada gobernabilidad, que no es otra cosa que la permanencia estable de los grupos oligárquicos en el poder. Esas reuniones también sirven para hacer un poco de demagogia, para exculpar responsabilidades por la aplicación de políticas antipopulares y atentatorias a la soberanía de los países. Y para constancia de ello están las Declaraciones Oficiales, especie de mea culpa pública, que reconoce las adversidades y funestas expresiones de la crisis en el campo social, que “aspiran” resolver con programas, cruzadas, en fin, las iniciativas no faltan, que por supuesto, no pasan del fino papel en el que son rubricadas.
La cita presidencial en mención, bien podría “pasar a la historia” por el contenido oculto de sus resoluciones. No nos referimos al acuerdo de disminuir en un veinte por ciento los recursos destinados para el pago de la deuda externa y orientarlos a los ámbitos sociales. Ese es precisamente el componente demagógico del cónclave, pues, son conocidos los compromisos de los gobiernos de la región con el Fondo Monetario Internacional, para cumplir de manera disciplina –y sin protesta alguna- con las acreencias internacionales.
Durante muchos años, los pueblos latinoamericanos han condenado al endeudamiento externo como una de las causas del atraso y la pobreza que los afecta, enarbolando planteamientos que han ido desde la exigencia de no pagar dicha deuda –por considerarla inmoral, y por haber sido ya cubierta-, hasta propuestas que hablan de establecer un techo máximo para tal propósito. En todo caso, como dice nuestro pueblo, hay que tomarlos la palabra y demandar que, efectivamente, al menos se cumpla con dicho acuerdo, aunque siempre la exigencia deberá ser mayor. Es de suponer que el Ministro de Economía, Mauricio Pozo, estará en total desacuerdo con aquella parte de la Declaración del Grupo de Río.
Lo fundamental de aquella reunión, y a su vez muy peligroso, está en el tema colombiano. Para ser exactos, en el pedido que los jefes de estado hicieron a la ONU para que intervenga en el conflicto armado, que enfrenta a las agrupaciones insurgentes con la Fuerzas Armadas, el gobierno y los poderosos grupos dominantes de dicho país.
Puede creerse que dicho planteamiento encierra la sincera voluntad de alcanzar la paz en el hermano país, pero no es así. Se ha articulado una trampa y en ella, lamentablemente, cayó Lucio Gutiérrez, pues, abandonó la justa posición formulada días antes, en la que él planteaba jugar el papel de mediador, con lo que se producía tácitamente el reconocimiento de fuerzas beligerantes a las organizaciones guerrilleras de Colombia, a lo que se opone totalmente el presidente de esa República. No olvidemos que la cúpula militar y el Congreso Nacional del Ecuador condenaron la inicial postura del presidente Gutiérrez.
Por supuesto, Álvaro Uribe ha celebrado que sus colegas se dirijan en ese sentido a la ONU. Entiende que con ello van cerrando un cerco político a la guerrilla y se adelantó en decir que, si aquella no acepta dicha mediación, debe darse paso a la actuación de todos los países. Era un llamado a la intervención militar.
Belicosidad por la que ha venido abogando desde el momento mismo que asumió la presidencia de la República, y aún mucho antes. Uribe apuesta a una salida militarista, concebida ya en el Plan Colombia, que persigue terminar con los grupos guerrilleros con la intervención de un ejército multinacional. No es idea suya, pero la asume como propia; vino desde más al norte, desde los círculos reaccionarios del imperialismo yanqui, que quieren una América “tranquila”, en la que se deslicen sin tropiezos sus planes de dominación y control, entre los que se encuentra la constitución del ALCA, para poner un ejemplo.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, denunció que de estas cosas se hablaron en la Cumbre de Cuzco, y ninguno de los participantes ha desmentido aquel pronunciamiento.
Es evidente que la insurgencia colombiana no puede confiar en una organización como la ONU, que abrió las puertas y legalizó la invasión de la coalición militar en contra de Iraq, cargando con la corresponsabilidad de los miles de muertes que esta guerra ha producido, entre los que se cuentan quinientos mil niños fallecidos, como consecuencia de diez años de bloqueo ordenado por dicho organismo internacional. Hoy mismo debe rendir cuentas también, por haber aprobado hace pocos días, un verdadero estatuto colonial sobre Iraq, que permite a EEUU e Inglaterra apoderarse de todas las riquezas que encierra dicho país. Simplemente no puede confiarse en un organismo controlado, manipulado por los Estados Unidos, que tiene asesores militares en Colombia, y conocido por todo el mundo como mentalizador del Plan Colombia, denunciado como un plan de guerra.
Guido Proaño A.