Amnistía Internacional
Comunicado de prensa, 20 de mayo de 2003

Amnistía Internacional expresó su consternación ante el voto emitido ayer por la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso Nacional) en favor de la reforma de la Constitución para otorgar poderes de policía judicial a las Fuerzas Armadas. Esta votación es la segunda de las ocho necesarias para que la medida se convierta en ley.

"Esta medida tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos humanos. Permitirá que las fuerzas armadas realicen allanamientos y escuchas telefónicas y que practiquen detenciones sin autoridad judicial, basadas únicamente en acusaciones militares en lugar de en pruebas recogidas durante investigaciones judiciales independientes e imparciales llevadas a cabo por autoridades civiles", dijo hoy Amnistía Internacional.

En una carta enviada al Congreso el 12 de mayo y hecha pública hoy, Amnistía Internacional pidió a los miembros del poder legislativo colombiano que rechazaran esta propuesta, argumentando que "el Congreso tiene un papel fundamental en la defensa del sistema constitucional colombiano. Si aprueba que se otorguen de nuevo competencias de policía judicial a las fuerzas armadas, uno de los pilares fundamentales en la protección de los derechos humanos en Colombia se verá gravemente menoscabado".

La atribución de poderes de policía judicial también podría propiciar una campaña sistemática y generalizada de acoso e intimidación por parte de las Fuerzas Armadas contra organizaciones de derechos humanos o de otra clase que denuncien violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes involucradas en este largo conflicto, incluidas las fuerzas armadas. Éste es un claro intento de intimidar, hacer callar y desacreditar a estas organizaciones preparando el terreno para violentos ataques paramilitares contra ellas.

"En los últimos meses, muchos allanamientos y detenciones contra estas organizaciones han coincidido con amenazas de muerte y ataques por parte de los paramilitares. Esto parece formar parte de una estrategia militar-paramilitar coordinada para silenciar al movimiento de derechos humanos", señaló Amnistía Internacional.

Si esta medida llegase a convertirse en ley, el Estado incumpliría sus obligaciones internacionales de realizar investigaciones independientes e imparciales de las violaciones de derechos humanos en las que personal militar esté implicado, de garantizar un juicio justo y con plenas garantías jurídicas ante un tribunal independiente e imparcial y de garantizar la existencia y eficacia de un poder judicial independiente e imparcial.

"El cumplimiento de estas obligaciones internacionales es un requisito esencial para hacer frente a la crisis de derechos humanos en Colombia", manifestó la organización.

La propuesta de otorgar poderes de policía judicial a las Fuerzas Armadas complementa el Decreto 128, promulgado en enero de 2003. Este decreto abre la puerta a amnistías para paramilitares y miembros de la guerrilla que podrían ser responsables de graves violaciones contra los derechos humanos. Esto obstaculizaría los intentos por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos.

Información general

Esta propuesta ante el Congreso es el último esfuerzo de los sucesivos gobiernos colombianos por otorgar a las fuerzas de seguridad competencias que se oponen al espíritu de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia es signataria como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como reiteradas recomendaciones formuladas en materia de derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.

La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales en repetidas ocasiones los intentos por otorgar poderes de policía judicial a las fuerzas armadas El expresidente Andrés Pastrana intentó conceder tales competencias a las fuerzas armadas a través de la actualmente derogada Ley de Seguridad y Defensa Nacional, pero la medida fue declarada inconstitucional el 11 de abril de 2002. En un fallo constitucional hecho público el 25 de noviembre de 2002, la Corte rechazó una medida similar contenida en el Decreto 2002, dictado por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez el 9 de septiembre de 2002.