FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DEL AREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MADERA, ÁRIDOS, SERVICIOS Y OTROS "HÉCTOR CUEVAS SALVADOR" FETRACOMA-CHILE

Desde inicios de los años ´90, los Gobiernos chilenos han intentado alcanzar una serie de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) con diferentes naciones del mundo o con bloques de países (Mercado Común del Sur, Unión Europea) teniendo relativo éxito hasta la fecha. Sin embargo, tales acuerdos tienen un común denominador: son del total desconocimiento de la opinión pública chilena, salvo de los grandes empresarios y de los políticos afines al Sistema Capitalista Neo-liberal. El resto de los chilenos, la gran mayoría de los chilenos, desconocen qué, para qué y en qué consisten tales Acuerdos Comerciales, cuáles son sus beneficios, cómo se protegen los derechos laborales y el medioambiente, cuáles son las desventajas, etcétera.
Ninguna organización civil ni sindical, ninguna organización no-gubernamental defensora del medioambiente, de los derechos humano, de las culturas indígenas u otras temáticas ha sido invitada a las rondas de conversaciones donde se negocian estos Acuerdos Comerciales. El pueblo chileno y sus organizaciones civiles, se han debido acostumbrar a ser informados de que se negocia un Acuerdo de este tipo sólo por intermedio de las restringidas e incompletas informaciones que se filtran a través de los medios de comunicación, a través de los "titulares" y de los "encabezados de página".
Allí radica nuestra primera objeción a la firma de un ALC con Estados Unidos: se nos ha negado el derecho a estar informados y en consecuencia a debatir los puntos que se negocian, o el ALC en su integridad. Se nos niega el derecho a la participación en las negociaciones de un ALC que no es suscrito sólo por Gobiernos de turno, sino por los Estados, es decir, por los ciudadanos estadounidenses y por los ciudadanos chilenos, representados y solamente representados por nuestras respectivas administraciones (Gobiernos) .
Sin embargo, a pesar del secreto que rodea a estas negociaciones, la información que logra filtrarse a través de los medios de comunicación y las propias consecuencias que (en Chile han tenido otros ALC en cuya negociación no hemos participado) así como las evidencias que provienen de otros países afectados por ALC que siempre se presentan como ventajosos para las partes firmantes, nos entregan suficientes elementos de juicio que sustentan nuestra oposición a un ALC con los Estados Unidos (EEUU).
Sabemos que los Gobiernos chilenos han intentado lograr que el ALC que se negocia con EEUU no incluya sanciones comerciales por motivos ambientales y/o laborales y que también que ha solicitado la eliminación de las leyes "antidumping" vigentes en EEUU. Conocemos algunos de los argumentos de los funcionarios de nuestro Gobierno para justificar las mencionadas exigencias y de ellos desprendemos que nuestro Gobierno no está dispuesto a renunciar a su estrategia de desarrollo económico basada en la destrucción de la Naturaleza y en la explotación de los trabajadores y tampoco a la entrega de subsidios (varios de ellos prohibidos por la Organización Mundial de Comercio) a las exportaciones que salen desde Chile, incluso aquellas que pertenecen a transnacionales que operan en nuestro país.
Estas condiciones que trata de imponer nuestro Gobierno en nada favorecen a nuestro pueblo. Por el contrario, constituyen una amenaza para los ya mínimos derechos de nuestros trabajadores, para la Naturalezay para el futuro de nuestros hijos. El Gobierno chileno argumenta que "acuerdos complementarios" relativos a "lo ambiental" y "lo laboral" (similares a los que se anexaron al ALC alcanzado con Canadá en 1997, donde cada Estado se compromete a respetar su propia normativa ambiental y laboral) son suficiente garantía para la protección del medioambiente y los derechos de los trabajadores en el marco de un ALC con EEUU.
La evidencia demuestra que no es así. Las leyes ambientales y laborales chilenas están adecuadas para la libre explotación de trabajadores y Naturaleza. El marco regulatorio chileno no es suficiente para garantizar derechos laborales o la protección ambiental y no sólo es insuficiente, sino es, además, inoperante por las reducidas plantas de funcionarios que tienen los organismos públicos encargados de fiscalizar el pleno cumplimiento de las normas regulatorias, por la permeabilidad a la corrupción de nuestros funcionarios públicos (incluidos Ministros y subalternos inmediatos de estos) y por las presiones políticas del propio Poder Ejecutivo para que los funcionarios no cumplan con su labor a plenitud.
De ésa manera, numerosas empresas extranjeras, varias de ellas estadounidenses, han contado siempre (y sin ALC de por medio) con grandes facilidades para violar las normas ambientales y laborales existentes en Chile, las mismas que hoy el Gobierno chileno ofrece como "garantías" al Gobierno estadounidense.
Nos oponemos a un ALC sustentado en la explotación de nuestros trabajadores y en la destrucción de la Naturaleza en la forma de sobre-explotación de recursos naturales y contaminación, a la disminución o reducción de las regulaciones que impiden o sancionan estos abusos y más aún cuando nuestro Gobierno no ha ocultado su interés por hacer nuestros productos "más competitivos" aprovechando la ausencia de tales regulaciones.
Las evidencias que sindicalistas y políticos estadounidenses han recogido acerca de las nefastas consecuencias que ha tenido especialmente para México el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en inglés) en torno al empleo y al medioambiente, vienen a confirmar nuestras aprehensiones ya anotadas. Nos preocupa de estos análisis de ciudadanos estadounidenses en especial lo relativo a la precarización del empleo, la explotación de la mano de obra y la concentración territorial de las pequeñas industrias ("maquilas") que ha generado el NAFTA. En análisis preliminares del ALC con EEUU que pretende el Gobierno chileno, se detecta que la rebaja de aranceles que implica la firma de este acuerdo comercial, reducirá aún más el ya debilitado dinamismo de nuestras pequeñas y medianas empresas (Pymes) por el flujo de productos estadounidenses a menor precio.
Las Pymes generan el 80% de los puestos de trabajo en Chile y reducir su producción (ya afectada por tratados comerciales que el Gobierno ha suscrito con otras naciones sin consultar a los más interesados) implica afectar a la mayoría de los trabajadores chilenos. Los mismos estudios indican, además, que el sector menos favorecido por un eventual ALC con EEUU es el sector industrial, es decir, el que involucra más mano de obra.
Nos oponemos a un ALC que afecte aún más la estabilidad laboral de nuestros trabajadores y/o sus justos derechos a ganar un salario digno y a trabajar en un ambiente libre de contaminación. Nuestro país abolió la esclavitud a principios del siglo XIX y no aceptaremos que el "libre comercio" se instale como un nuevo esclavista en este territorio.
Esas son las principales razones por las que nos oponemos a un ALC con EEUU, especialmente en los términos que pretende el Gobierno chileno y que, con seguridad, son las mismas pretensiones de los grandes empresarios del país.
Las organizaciones que adherimos a esta iniciativa de oposición ante una eventual firma del TLC con EE.UU. nos reservamos el legítimo derecho de presentar ante tribunales norteamericanos e internacionales todas las demandas y acciones legales que estimemos pertinentes frente a eventuales abusos de tipo ambiental y laboral que desarrollen empresas norteamericanas; además de expresar nuestro rechazo a través de manifestaciones sindicales para impedir este nuevo sistema de coloniaje y esclavitud que se pretende imponer.