Patricio Malatrassi A.
Taller de Economía ICAL

Ya el curioso Ministro de Hacienda de la República de Chile invocando a la suerte y a Dios, (Citado por el diario El Mercurio el 29 de mayo) abandonando decididamente la ciencia económica y trasladándose a las impredecibles y nebulosas esferas de la adivinación y la fe, nos deja sin argumentación. ¿Pues quien podrá argumentar con algún éxito contra la mala suerte o los insondables designios de Dios? A no ser que sea el poderosos dios del dinero que nos parecería una invocación más atingente a los poderes reales que se desenvuelven en el campo de la economía, donde el implacable interés privado ejerce en nuestro país un dominio sin contrapeso.

El Ministro, entregado aparentemente a estos exotéricos poderes expondrá probablemente en el curso de estos días los resultados de las conversaciones más terrenas con los distintos referentes políticos que le son afines para dar con las coordenadas financieras que le permitirán al gobierno una salida que le resuelva el forado que ha dejado en el presupuesto fiscal la firma de los tratados de libre comercio.

Las soluciones financieras de la concertación buscan, de acuerdo a las fórmulas en ejercicio: subidas de impuestos (IVA), impuestos a otros bienes (males), tabaco, diesel, alcohol, tabaco y juegos de azar, venta de activos en los que el Estado tiene participación destinados. El objetivo es lograr que el fisco cubra 700 millones de dólares, debido a que los tratados con La Unión Europea, Estados Unidos y Corea implican dejar de recaudar 435 millones de dólares en impuestos aduaneros, y requiere además financiar 300 millones de dólares anuales por el Plan Auge y Chile Solidario, ambos programas de beneficio social.

El problema con los impuestos es que en una economía de mercado bajo un modelo neoliberal, estos recorren caminos insospechados y que por un problema de intereses no resuelven los problemas de quienes dicen defender sino que en la práctica terminan agravando sus problemas.

Este es el caso del IVA que casi no tiene defensa en su condición de impuesto regresivo, es decir, que grava en forma mucho más fuerte a quienes destinan el total o la casi totalidad de su ingreso al consumo. Es decir en una frase repetida hasta la saciedad los más pobres pagan más. Aunque ahora se argumenta que como los fondos que recauda se aplicarían en programas que beneficiarían teóricamente a los mismos que se está esquilmando ya no sería regresivo sino altamente progresivo. Cosas de la escolástica económica de los economistas del sistema.

Lo real es que, por ejemplo en términos de los pequeños productores, pequeños empresarios y otros el levantamiento del IVA implica una pérdida neta de competitividad frente a los productores extranjeros baratos potenciados de hecho por la caída frontal de la estructura arancelaria. Naturalmente estos bienes, diversificados, de buena calidad y más baratos implican un mejoramiento indirecto del ingreso (efecto riqueza) pero tampoco hay ninguna duda que no tiene ningún efecto en quien no tiene ingresos porque no tiene empleo. Por lo tanto en un país devastado por la falta de empleo y la baja demanda interna, la subida del IVA tendrá un efecto multiplicador perverso sobre los más pobres deteriorando aún más el consumo.

El IVA es un impuesto al de Valor Agregado que se cobra por el consumo de bienes y servicios. Su tasa actual es de 18 %. Según la Ley de Presupuesto 2003, este año debe generar ingresos por US $ 5.960 millones, es decir el 49 % de todos los tributos que recauda el fisco.

Un alza porcentual representa unos 330 millones y produciría una disminución del déficit fiscal de 0,49 puntos porcentuales, así como una baja del ingreso disponible de los consumidores de 0,5 %.

Lo claro también es que un alza de IVA provoca una subida de precios en aquellos bienes que no se importan y que se producen en Chile, esto es, habrá un efecto inflacionario por una sola vez en la misma proporción, y otro efecto negativo se evidenciará en el ya notable y desigual redistribución del ingreso ya que los bienes no transables son los más relevantes en la canasta de los más pobres.

Naturalmente esto no es nuevo para un gobierno que se ha convertido en un baluarte en la defensa de los intereses empresariales y sencillamente ha entregado el país al interés foráneo.

Así, mientras el gobierno para resolver el problema del déficit fiscal o las obras de drenaje y evacuación de aguas y lluvias en las zonas urbanas a través de la construcción de colectores plantea el financiamiento cobrando porcentajes adicionales ya sea en el IVA o en las cuentas de aguas potable de los habitantes de cada lugar donde se construyan, que son obviamente sectores de trabajadores que han sido estafados por los magnates del negocio inmobiliario que han construido en sectores que estarán normalmente sujetos a este tipo de eventos. No toca significativamente a quienes están depredando inmisericordes las riquezas de nuestro país y provocando pérdidas irreversibles ya que se trata de recursos no renovables y en donde, fuera de las maniobras francamente fraudulentas, no han esbozado en todos estos últimos treinta años ni el más mínimo eslabonamiento productivo que sea de beneficio nacional.

Obviamente una solución como país, si no la única, la más relevante por los recursos que mueve pasa por tener que enfrentar la poderosa mano de los interés transnacionales en Chile.

Concretamente poner atajo a la defraudación legalizada que se lleva a cabo hace largos años en lo que es nuestra principal riqueza nacional: el cobre. Allí hay que cobrar impuesto a todas las empresas mineras que laboran en el país y que hoy, por una serie de maniobras elusivas, prácticamente no pagan.

Sudáfrica, sin ir más lejos, estableció en marzo de 2003 un royalty del 8 % sobre las ventas brutas a todas las empresas mineras que laboran en su territorio, además transfirió todos los derechos mineros del sector privado al Estado, asunto que equivale a un verdadero proceso nacionalizador. Ninguna de estas decisiones soberanas del país han determinado que las empresas se hayan retirado del país, ni que revoquen sus proyectos de inversión. Asunto que es el gran cuco esgrimido por las transnacionales en el país, que cuentan a Mauricio Hochschild presidente de la Sociedad Nacional (¿?) de Minería como vocero de los grandes intereses transnacionales en Chile. Cobrar impuestos a estas empresas es un imperativo ético y económico, elemental incluso si se hace con efectos retroactivos como es de todo derecho, ya que el daño patrimonial al Estado de Chile y al conjunto de los chilenos es inmenso.

Por lo demás, estas entidades al no pagar impuesto a la renta han recibido un verdadero subsidio de parte del Estado chileno lo que les ha permitido saturar el mercado con un proceso productivo sin parangón, (4,7 millones toneladas métricas anuales en 2001) lo que ha determinado que el precio de nuestro principal bien transable haya llegado a los niveles más bajos de su historia. Los defensores de este estado de cosas argumentan que se llevarán sus capitales a otra parte. No lo van a hacer ¿Dónde podrían invertir con tantas garantías como en Chile? Debe recordarse que de 47 empresas mineras de importancia, 44 sostenidamente han declarados pérdidas para no declarar impuestos en Chile. Codelco, la empresa estatal del cobre de alta eficiencia, paga un royalty del 10 % de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas y así y todo impone al fisco más que todas las transnacionales juntas. Por lo tanto un 10 % de royalty es perfectamente soluble por parte de la gran minería transnacional y es perfectamente compatible con las enormes utilidades que obtienen y que disfrazan a través de distintos mecanismos impositivos y financieros: precios de transferencia, refinación, créditos sobrevalorados, refinación en empresas relacionadas a precios mayores a los de mercado, etc, etc.

Entonces no más impuestos a los pobres que paguen aquellos a quienes los que nos gobiernan tienen la obligación de exigir en nombre de la soberanía y la dignidad nacional.