Latinoamérica

Por Julio Oliva García
El Siglo Digital

Desde el medio oficioso uniformado, La Tercera, el general Cheyre dio inicio al año con un documento en el que intentaba desprenderse del pasado golpista del Ejército. Ahora, aproximándose la fecha en que se cumplen 30 años del ignominioso golpe de Estado y usando el mismo vocero, escamotea una frase usada por los defensores de los derechos humanos para amenazar con un "nunca más" que esconde el verdadero sentido del llamado "año de la unidad y la reconciliación nacional": la perpetuación de una institucionalidad antidemocrática y antipopular.

"Cheyre cuestiona por primera vez a los que ‘avalaron’ golpe del ‘73", señaló con grandes titulares La Tercera del sábado 14 de junio. En sus bajadas agrega: "En la declaración más incisiva respecto de la crisis de 1973 y las violaciones a los DD.HH., el comandante en jefe hizo una dura y amplia crítica de lo ocurrido e incluyó a los sectores que ‘incitaron y avalaron’ el actuar del Ejército. Las palabras de Cheyre, quien también criticó al resto de la clase política, se enmarcan en su esfuerzo por cerrar los temas pendientes de derechos humanos. ‘Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo’, señaló".
Este aparente discurso reconciliatorio, decorado por reacciones de las cúpulas políticas, eclesiásticas y empresariales, esconde sin embargo un mensaje categórico y brutal: nunca más se les ocurra soñar, organizarse, construir y luchar por un cambio real en el país.

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La amenaza del "Nunca más", que se puede percibir perfectamente en frases como "nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973" o "nunca más una sociedad chilena dividida", es la síntesis de una construcción teórica que ha sido impuesta desde antes del término de la dictadura por sus defensores y quienes en aquella época se autodenominaban "oposición democrática". A mediados de los ‘80, cuando avanzaba la organización y la lucha del pueblo, fueron invitados a la Embajada de Estados Unidos los dirigentes de casi todas las orgánicas políticas, desde la derecha hasta el sector del PS Almeida, con exclusión expresa del PC. También quedaban fuera, por supuesto, otros sectores integrantes del Movimiento Democrático Popular y quienes habían optado por defender al pueblo con las armas en la mano.
El objetivo único de la reunión era salvar a la dictadura de su derrocamiento, ante la posibilidad cierta de una irrupción de masas que llevaría la salida a un camino democrático avanzado, y comenzar las negociaciones para alcanzar una salida pactada que dejara incólumes las bases del neoliberalismo impuestas a sangre y fuego. Pronto sería destruida la Asamblea de la Civilidad, que representaba el más amplio marco social y político en lucha contra el régimen, y se comenzaría a hablar del "Acuerdo Nacional", donde figuraban socialistas de casi todas las fracciones, la DC, otros partidos menores y el MUN de Allamand. Por su parte, la otra parte de la derecha también comenzaba a bosquejar lo que sería la UDI, aprovechando los espacios ocupados por los pupilos de Jaime Guzmán en las instancias institucionales de la dictadura.
Los acuerdos alcanzados hablaban de transición pacífica, de plebiscito, de elecciones, de aislar a los "terroristas", pero también de garantizar impunidad a los violadores de derechos humanos, de no investigar ni dar marcha atrás a las privatizaciones de las empresas del Estado –que vendidas a precio burdo permitieron el enriquecimiento de muchos de los actuales empresarios-, de mantener la Constitución fascista, de adecuarse a un sistema electoral binominal que daría "garantías de estabilidad" a la institucionalidad, de mantener el sistema económico –reconocido luego hasta por sus otrora más férreos opositores como una contribución del "gobierno militar".
Con estos acuerdos ya pactados nace la Concertación de Partidos por la Democracia, por un lado, y el pacto de la derecha que intentó unificarse en Renovación Nacional pero que finalmente terminó siendo RN-UDI. Ya en esos días comienza a hablarse de la "responsabilidad compartida" en la denominada "crisis que culminó en septiembre de 1973". Los días de la "alegría ya viene" y del arribo de la "democracia" fueron aprovechados por las cúpulas para desmovilizar al pueblo y quedarse con los espacios del poder.
Patricio Aylwin, con lágrimas en sus ojos, presentó a Chile el Informe de Verdad y Reconciliación –a la palabra Justicia se le añadía "en la medida de lo posible"-, conocido mayoritariamente como Informe Rettig, documento que recogía un proceso de dos años de recopilación e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, pero que pecaba de tomar en cuenta solamente los casos de "violaciones con resultado de muerte", como se entendía los casos de los desaparecidos y ejecutados, dejando fuera la tortura, el exilio y la exoneración política, además de casos denominados "sin convicción". Por si eso fuera poco, se incluyeron casos de muertes producto de acción de civiles, lo que no es considerado por los tratados internacionales como violaciones a los derechos humanos. Se incluye, así, casos como el de Luis Carevic, agente de la CNI que murió al explotar un artefacto instalado en las inmediaciones del Cuartel Borgoño de esa asociación ilícita terrorista; o el de los escoltas de Pinochet que murieron en el atentado del Cajón del Maipo, quienes estaban supuestamente preparados para cualquier acción en medio de la guerra decretada por la dictadura. De esta forma se pretende igualar los crímenes de lesa humanidad con acciones armadas que fueron una respuesta de la sociedad violentada que pretendía defenderse del terrorismo de Estado.
El mismo discurso se plasmaría posteriormente en la denominada Mesa de Diálogo, instituida para rescatar a Pinochet de su prisión londinense, con el acercamiento de las instituciones uniformadas y algunos abogados de causas de derechos humanos, entre ellos Pamela Pereira, que hacían aparecer como reconciliados a víctimas y victimarios. Algunos, incluso postularon que la "violencia política" habría comenzado con el Congreso del Partido Socialista de 1967 en Chillán.