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La política fiscal está profundizando la extrema desigualdad en la distribución del ingreso en Bolivia. En lo que va de 2003 esta política ha mostrado sus dos caras: una, implacable y dura, al tratar de imponer más impuestos sobre los trabajadores y asalariados; y otra, muy generosa y blanda, al condonar parcialmente las deudas tributarias de los empresarios..
En febrero de 2003, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la política gubernamental se orientó a imponer un tributo sobre los salarios, recortando el ingreso de los trabajadores y asalariados del sector público y privado. El 'impuestazo', que gravaba el salario entre un 4,2 al 12,5 por ciento, buscaba, según la explicación oficial, recaudar cerca de 90 millones de dólares que debían paliar el agudo déficit de las finanzas públicas. La medida, anunciada como inevitable, fue descartada posteriormente tras el levantamiento cívico policial del 12 y 13 de febrero, que culminó con la muerte de 33 personas y más de 200 heridos a bala..
Meses después, en mayo de 2003, el gobierno boliviano archivó su discurso sobre la crisis fiscal y propuso condonar parcialmente las deudas tributarias de los empresarios por un valor cercano a 160 millones de dólares. El argumento oficial para perdonar intereses y multas adeudados por el sector empresarial es el de salvar de la ruina y el cierre a las unidades productivas privadas..
En un caso, en febrero de 2003, la política fiscal estaba orientada a obtener más recursos para el erario público; en cambio, en mayo de 2003, esta política significará la reducción de ingresos fiscales, que debían ser utilizados en la ejecución de obras y proyectos en el área social y de infraestructura..
Esta aparente incoherencia en la política gubernamental se explica, según el dirigente de la Central Obrera Departamental de La Paz, Genaro Torrico, en la 'permanente disposición gubernamental de transferir recursos que iban a favorecer a sectores más deprimidos de la población hacia los sectores más prósperos y enriquecidos del país'..
Según el sindicalista, la política económica gubernamental está acrecentando la enorme brecha que separa a la población más pobre de los pequeños grupos de privilegiados, que concentran la mayor parte del ingreso y la riqueza..
Las cifras y datos que manejan los organismos internacionales muestran que en los últimos años se ha profundizado al extremo la desigualdad y diferenciación social en Bolivia, ampliando los círculos de pobreza y marginalidad entre la mayor parte de la población y concentrando la riqueza en menos manos..
Los datos oficiales muestran que actualmente la quinta parte de los hogares más ricos recibe ingresos casi 50 veces superiores al de la quinta parte más pobre. El 10 por ciento de la población más acaudalada concentra un tercio del ingreso nacional y tiene más dinero que el obtenido en conjunto por el 70 por ciento de la población, compuesto principalmente por indígenas, campesinos, trabajadores informales, obreros y mujeres..