La otra "obediencia debida"

Samuel Blixen/BRECHA

Algunos de los culpables ya están entre rejas. Pero otros siguen gozando de impunidad, por más que las investigaciones confirman un amplio espectro de responsabilidades, por acción u omisión. Si realmente se hace justicia, pocos títeres quedarían con cabeza.
Quien robe tres millones de dólares de un banco, rompiendo cofres y encerrando a los funcionarios en el baño, deberá pagar su crimen -rapiña con copamiento- con un mínimo de penitenciaría de cuatro años. Quien robe 600 millones de dólares de un banco, provocando una corrida de depósitos por 1.500 millones, encerrando a 12 mil ahorristas en el corralito y a 3 millones de habitantes en el corralón de la crisis, con una deuda externa duplicada, una desocupación del 20 por ciento y un tercio de la población en situación de pobreza, deberá pagar su crimen -estafa- con un mínimo de prisión de seis meses, y con el posible beneficio de la excarcelación.
Ésa es la vara de distinta contundencia que el magistrado debe aplicar porque así lo diferenció el legislador. Y quizás, si prosperan los proyectos del senador forista Pablo Millor, el juez deberá castigar con penas máximas de cuatro años a quienes manifiesten su bronca frente a los domicilios de los delincuentes impunes, porque estarán cometiendo el aún nonato delito de escrache.
Se argumenta que los delitos de guante blanco son difíciles de probar, imaginados por mentes inteligentes capaces de erigir estructuras contables y financieras lo suficientemente complicadas y exóticas como para que la prueba, que está ahí al alcance de la mano, casi indisimulada, resulte elusiva, inasible, según el enfoque o la justificación que aporte la "otra biblioteca", esa maraña de razonamientos capaces de trasladar una determinada conducta desde el territorio de la ilegalidad al paraíso de la impunidad.
El argumento encubre otra verdad: los delincuentes de guante blanco, aquellos que ocupan altos cargos y desarrollan actividades de responsabilidad estratégica en el mundo empresarial y de las finanzas (el universo donde es posible cometer tales delitos), cuentan con la benevolencia de la justicia porque en la mayoría de los casos habitan los mismos barrios, estudian en las mismas universidades, hablan los mismos idiomas, concurren a los mismos clubes, veranean en las mismas playas y cenan en los mismos restoranes que aquellos patricios que redactaron los códigos. No es, por tanto, una novedad que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, como tampoco lo es que, a medida que la crisis se profundiza, los mismos que reclaman las garantías para los delincuentes de guante blanco endurecen las penas para los delincuentes de a pie, esos que osan violar, entre otras, la propiedad de aquellos que se enriquecieron robando.
Ésa es una primera reflexión que surge ante la noticia de que el juez penal de cuarto turno, José Balcaldi, procesó a siete ciudadanos, cuatro de ellos argentinos, por el vaciamiento del Banco Comercial: Juan José Curone Muxi (controller), Antonio Lago Rosetti (gerente financiero), Ignacio Llambías Linari (gerente de banca mayorista) y Francisco Estrada Maschwitz (gerente general de la Compañía General de Negocios) fueron procesados con prisión con los cargos de estafa continuada y falsificación documentaria, y marcharon a la cárcel. Pedro Shearer Jenkins (gerente de banca privada), Ignacio Rospide (corredor de bolsa) y el contador José Medeiros (auditor de la compañía panameña San Luis Financial and Investment) fueron procesados por encubrimiento y su libertad ha sido tramitada mediante el pago de una fianza.
La fiscal Cristina González había solicitado el procesamiento de otros cuatro ciudadanos, pero el juez no encontró mérito, en principio. Las resoluciones adoptadas por el magistrado el domingo 18 incluyen también el pedido de extradición de Carlos Rohm, vicepresidente ejecutivo del Banco Comercial en el momento de su detención en Buenos Aires, el 20 de enero de 2002, y la reiteración del pedido de captura internacional contra el hermano mayor, José Rohm, prófugo desde entonces. También se ha solicitado la captura de otros dos funcionarios del Banco General de Negocios (el corresponsal del Comercial en Buenos Aires), Marcelo Muiño y Julio Tielens, que la fiscal y el juez han identificado como operadores instrumentales de la estafa con títulos argentinos.
Estos procesamientos pueden tener otra lectura: finalmente, y a pesar de las dificultades para demostrar la comisión de delitos, algunos de los responsables terminan pagando las culpas. Dicha lectura no explica, de todas maneras, la justificación que aportó un diario (La República, lunes 19), citando fuentes no identificadas: "Según se informó, las penas no fueron más severas debido a una declaración de Carlos Rohm a la justicia argentina, en la que aseguró que 'todos los funcionarios del banco cumplían tareas específicas bajo mis instrucciones'".
La excusa no es de recibo: todos los procesados (y otros que curiosamente han logrado sortear el castigo) estaban directamente implicados en las maniobras de vaciamiento, y sabían exactamente qué era lo que hacían cuando aceptaban desviar fondos, o falsificar documentos, o encubrir transferencias, u otorgar préstamos a empresas fantasma. Todos ellos se escudaron en la fórmula: "Me dieron la orden los señores Carlos y José Rohm". Esa fórmula la reiteran, sistemáticamente, en sus declaraciones ante los investigadores del Banco Central el gerente Llambías -artífice del vaciamiento de última hora otorgando alocadamente préstamos sin garantías a empresas vinculadas a los Rohm y sus amigotes en los últimos días de 2001-, el gerente Curone -artífice del traspaso al San Luis Financial de 250 millones de dólares en títulos argentinos- y el gerente Lago -artífice del desvío de 190 millones de dólares que supuestamente fueron transferidos a la colateral brasileña Banco Comercial Uruguai-. Cuando los contadores del BCU apretaban las tuercas y horadaban la espesa pérdida de memoria, estos hábiles declarantes de finas maneras aceptaban haber cometido una "omisión", nunca una irregularidad, menos un delito, por más que, como confirman ahora los peritos del juez, los contadores Júpiter Pérez, Miguel Navajas y Héctor Prieto, ellos instrumentaron diversas maniobras que permitieron sacar del BC más de 600 millones de dólares. BRECHA ha informado pormenorizadamente sobre los detalles del vaciamiento, la lista de las empresas fantasma, los malabarismos financieros que permitieron la estafa, la identidad de sus principales responsables, pero no ha podido nunca aportar ni una sola información sobre la cueva de Alí Babá donde reposan esos 600 millones. Hasta ahora, que se sepa, no hubo ninguna acción efectiva para rescatar ese dinero que alguien, sin duda, está disfrutando.
Una curiosa absolución por "obediencia debida" ha operado en favor de otros protagonistas, en particular los directores del Banco Comercial, que en el esquema aparecen como entes larvarios mientras los diligentes subordinados hacían cosas feas, u omitían hacer bien las cosas: el presidente del directorio, Armando Braun Estrugamou, los directores Carlos Eduardo García Arocena, David Mulford, Brian O'Neilly Holger Sommer, y la síndico titular María Eugenia Plá. Algunos gerentes, como Enrique Badano Musetti, Javier de Haedo Más de Ayala, Nelson Franco, José López y Alejandro Rovira, resultaron ser completamente ignorantes, absolutamente ingenuos o particularmente dóciles. Todos ellos serían emplazados a declarar en un futuro cercano, porque el juez Balcaldi ha asegurado que "éste es un juicio que empieza, no que termina. Y hay otras cosas para hacer, para indagar, para requerir en el extranjero".
Entre las indagatorias y los requerimientos, el juez se propone interrogar vía exhorto a los directores que representaban a los socios mayoritarios del Comercial: David Mulford y George Weiksner, del Crédit Suisse/First Boston; Brian O'Neill y Joseph Martín, ambos del J P Morgan/Chase, y Holger Sommer y Horst Herrmann, representantes del Dresdner Bank. Estos directores solían mantener reuniones periódicas con los Rohm, en sesiones de directorio que se celebraban en insospechados lugares, unas veces en los Alpes nevados de Suiza, otras en las verdes montañas de Escocia. Pero siempre, como confirmaron los investigadores del Banco Central, recibían resúmenes mensuales de los balances y situación contable del Banco Comercial, de la misma forma que recibían información de las otras empresas en las que participaban como accionistas mayoritarios el Comercial Investment de Curaçao, el San Luis Financial de Panamá y el Banco General de Negocios de Buenos Aires. Como admitió el controller Curone, "el señor Rohm mantenía un fluido contacto con los accionistas, creo que los mismos estaban adecuadamente informados de las circunstancias". En particular, los socios extranjeros habían sido informados de la sobrevaluación en 192 millones de dólares de los valores públicos que finalmente desaparecieron provocando el comienzo de la corrida. Estaban tan enterados que Joe Martin, del J P Morgan, se desprendió de 2,5 millones de dólares en títulos, vendiéndoselos al Comercial Investment por intermedio del Banco Comercial.
Sólo la estrecha amistad del presidente Jorge Batlle con algunos de los socios extranjeros del Comercial permitió que, en lugar de responsabilizarlos por el vaciamiento, se los tratara como víctimas y se les otorgara un contrato que aceptaba camuflar, como capitalización, un préstamo de 100 millones de dólares para salvar el banco que ellos habían fundido, comprometiéndose Batlle y su ministro de Economía de entonces Alberto Bensión a facilitar toda la asistencia que fuera necesaria para enfrentar la corrida de depósitos. En abril de 2002 los servicios técnicos del BCU ya identificaban la responsabilidad de esos directores, pero hubo que esperar a que Mulford, O'Neill y Sommer iniciaran un juicio contra el Estado uruguayo para que aquí se comenzara a percibirlos como victimarios en lugar de víctimas.
Hay responsabilidades que todavía no se han analizado: por ejemplo, el papel que cumplió el bufete Guyer y Regules (véase nota aparte) y la forma en que actuó el auditor externo del Banco Comercial, la empresa Price Waterhouse Coopers (PWC). Según declaró la gerenta de Riesgos, Luján Rodríguez, "tampoco estas empresas (las sociedades argentinas que recibían créditos sin garantías) habían tenido observaciones respecto a su clasificación por parte de PWC ni del BCU". El controller Curone no logró explicar por qué PWC modificó su informe sobre calificación de riesgos, que al principio alertaba sobre la sobrevaluación de títulos, pero después "en los dictámenes sobre los estados contables emitidos por la firma auditora PWC, que se presentan a la Superintendencia de Instituciones Financieras, no se hace mención a la sobrevaluación de cartera de valores públicos".
Por ahora el juez no ha incursionado en algunos extremos de las maniobras, aquellas que engañaban al Banco Central, o en las omisiones de los controles. La investigación judicial siguió paso por paso lo que ya antes habían descubierto los técnicos del BCU: que en el Comercial se había montado una estructura delictiva para robar. La justicia, en cambio, está un paso atrás respecto de la identificación de los responsables. Pero, como dijo el juez, "esto recién comienza".

El ubicuo estudio Guyer y Regules
Un poder en las sombras
Las huellas dactilares de Guyer y Regules (G & R, un bufete de abogados donde no hay ningún Regules y tampoco ningún Guyer) están sembradas como pistas elocuentes -que nadie quiere ver- en todos los capítulos del desastre del Banco Comercial (BC), desde aquellos momentos iniciales de su reprivatización en 1990 hasta su defunción por vaciamiento en la crisis de 2002. Con aires de caballeros ingleses, un exclusivo puñado de sus abogados y contadores ha venido operando para encubrir y adecentar las turbias maniobras de sus antiguos clientes, el viejo Morgan Guaranted y el Chase Manhattan.
Así, con la disgusting intención de echar una mirada con los ojos de la nuca, habrá que recordar que fueron los abogados de G & R Ramón Díaz y Nicolás Herrera quienes introdujeron en sociedad a los hermanos Carlos y José Rohm para que compraran el Banco Comercial en la módica suma de menos de un millón de dólares, lo que en asientos contables se escribiría como (- 1.000.000). Fueron esos abogados, presidente del Banco Central (BCU) y subsecretario de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle, respectivamente, los que cometieron el error de sobrevaluar algunos activos, de modo que cuando los Rohm y sus socios extranjeros tomaron posesión del Comercial hubo que pagarles para que compraran.
Lo primero que hicieron los Rohm fue designar en el directorio a Carlos García Arocena, que provenía del viejo Comercial y que tenía vínculos comerciales y familiares con Agustín de Urtubey, vicepresidente del BCU y mano derecha de Díaz y Herrera.
Diez años después se vuelve a repetir la maniobra: el presidente Jorge Batlle emula a su antecesor Lacalle, de modo que su primo César Rodríguez Batlle en el BCU y su íntimo colaborador Alberto Bensión en el Ministerio de Economía negociaron con los socios mayoritarios del BC (el J P Morgan/Chase, el Dresdner y el Crédit Suisse/First Boston) un acuerdo secreto que otorgaba un préstamo para capitalizar el banco ajeno, algo así como "te presto para que pagues mis deudas".
Para entonces el BC había sido vaciado: una maniobra fundamental fue la "pérdida por lucro cesante" de unos 190 millones de dólares en títulos de deuda que el BC negoció a pérdida con sus propias colaterales en Curazao y en Panamá, mediante la intermediación de una sociedad llamada Derika, cuyo único propietario era el corredor de bolsa Ignacio Rospide. "¿Quién instrumentó esta operación?", le preguntaron al gerente Juan José Curone. "La instrumenté yo con el asesoramiento del estudio Guyer y Regules", contestó. ¿Cómo surgió la empresa Derika, nacida a los solos efectos de instrumentar esa operación? "Fue armada en el estudio Guyer y Regules", agregó Curone.
Esa maniobra y otras referidas a la sobrevaluación de carteras y el otorgamiento de créditos sin garantías debían ser controladas y analizadas por el síndico del banco que, entre otras responsabilidades, debe velar por los intereses de los accionistas no representados en el directorio. ¿Quién era la síndico? María Eugenia Plá. ¿Quién la había nombrado? El estudio Guyer y Regules. ¿Quién era el síndico alterno? El contador Eduardo Juan. ¿De dónde provenía? De Guyer y Regules.
Plá y Juan tenían misiones cruzadas. María Eugenia, en tanto contadora de G & R, era el único contacto con la empresa Taminal, cliente moroso del Comercial; el contador Juan era el auditor externo de dicha empresa. En sus declaraciones a los interrogadores del BCU la contadora Plá no recuerda tener ninguna vinculación con Taminal, aunque sí reconoce que es una empresa que "lleva" el estudio para el cual ella trabaja.
La contadora Plá solía llevar, a nombre de G & R, la contabilidad de la empresa Ponteril SA, que había recibido un préstamo del BC por 1,8 millones de dólares. El único director y accionista de la empresa era Leonardo Slinger quien -sorpresa- es abogado de G & R. La síndico del Comercial nunca objetó la forma irregular en que se concedió el préstamo y tampoco supervisó la calificación de ese y otros riesgos. En realidad la síndico sólo se limitaba a firmar las actas del directorio, a cuyas reuniones no concurría y que, sabía, no se realizaban "físicamente".
La abstención de la contadora Plá de estudiar la calificación de los créditos que se concedían permitió que uno de los gerentes del banco, Ignacio Llambías, adquiriera el 50 por ciento de las acciones de una empresa, Ixanten SA, que mantenía una deuda con el banco. El controller Curone admitió que no había adoptado ninguna medida, pese a estar en conocimiento de la irregularidad. Y no lo hizo porque consultó y le dijeron que "no correspondía tomar medidas porque el crédito fue otorgado en condiciones normales de mercado y con anterioridad al cambio societario". ¿Quién emitió esa opinión? El abogado Gerardo Porteiro, integrante del estudio Guyer y Regules.