EL MAL MAYOR DE LA HUMANIDAD
LA IP NUNCA ASUMIRÍA ESTA CAUSA
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
EL DOCUMENTO DEL BANCO MUNDIAL

Roberto Rodríguez Baños.

AMI. En México 256 mil y dos millones y medio de personas padecen, respectivamente, SIDA y cáncer. Los altos costos de sus tratamientos los hacen inaccesibles a la gran mayoría de víctimas de estas graves enfermedades. Ninguna instancia ejerce, actualmente, control alguno al respecto.
Para el año 2020, en los países en desarrollo el 37 por ciento de los fallecimientos de adultos causados por enfermedades infecciosas se deberá al SIDA, la principal causa de las muertes por enfermedades infecciosas entre los adultos. En América Latina y el Caribe el impacto será aún mayor. Para 2020 cerca de las tres cuartas partes de las muertes de adultos por enfermedades infecciosas serán por el SIDA, especifica un estudio que se puede consultar en el portal del Banco Mundial
Dice: "En un país típico, el costo del tratamiento de un solo enfermo de SIDA durante un año es alrededor de 2,7 veces el producto nacional bruto per cápita. " "En general, el costo del tratamiento de un enfermo de SIDA es más del costo anual de la educación de diez estudiantes de escuela primaria. Estos datos corresponden a una época anterior a los tratamientos antirretrovirales, que son más caros."
"Entre 1950 y 1990 la esperanza de vida aumentó en esos países de 40 a 63 años, y en América Latina de 49 a 70. En Brasil, Guyana y Haití la esperanza de vida ya es cinco años menor que lo que habría sido si no existiera el SIDA. En los países de África más gravemente afectados, la esperanza de vida se ha reducido en más de diez años."
LA LUCHA CONTRA EL SIDA no se puede dejar en manos del sector privado; los gobiernos deben intervenir enérgicamente. La economía del sector público, en la cual se evalúan las alternativas de la asignación de recursos públicos escasos, ayuda a explicar por qué los gobiernos deben intervenir y cuáles son las actividades de máxima prioridad; los gobiernos deben financiar acciones esenciales que los particulares o las empresas privadas no financiarán.
En primer lugar, los gobiernos deben proveer información crítica esencial para parar la epidemia y mitigar su impacto. Los economistas llaman a este tipo de información un bien público. Todos se benefician, independientemente de quién pague, de modo que el sector privado no lo proveerá al nivel necesario para detener la epidemia. También hay bienes públicos internacionales, como la inversión en investigación básica. El suministro de bienes públicos internacionales es una responsabilidad fundamental de los donantes del mundo.
La segunda prioridad de los gobiernos es reducir el comportamiento más riesgoso, consistente en las relaciones sexuales promiscuas sin protección, el autosuministro inyectado de drogas y el uso múltiple de agujas sin esterilizar. Los economistas llaman externalidades negativas a los efectos secundarios negativos del comportamiento individual en los demás. El gobierno es el único agente que puede actuar en nombre de la sociedad para inducir a la gente cuyo comportamiento entraña un alto riesgo a adoptar uno más prudente que el que escogería por sí sola.
La tercera prioridad es asegurar la equidad y proteger a los pobres. Los mercados privados no producirán una distribución equitativa del ingreso en la sociedad. Por lo tanto, mejorar esa distribución y asegurarse de que a las personas no se les nieguen la prevención ni el tratamiento esenciales porque seann pobres o desfavorecidas, constituye una función fundamental del gobierno, que tiene la responsabilidad fundamental de impedir que las personas con más probabilidades de contraer y transmitir el VIH lo contraigan y, a la vez, de protegerlas contra la discriminación.
En primer lugar, la información puede surtir un gran efecto, pero posiblemente no baste para reducir el tipo de comportamiento que promueve la propagación del VIH. Una tercera estrategia es elevar aún más el costo de ese tipo de comportamiento, por ejemplo, tratando de aplicar más enérgicamente las leyes contra la prostitución y el consumo de drogas. Pero es posible que esta estrategia eleve la tasa de propagación del VIH al empujar a esas personas a la clandestinidad y dificultar la aplicación de medidas de salud pública a dichos grupos. Por consiguiente, no se recomienda.
Con la salvedad del párrafo inicial de este texto, todo lo demás ha sido tomado textual aunque parcialmente del documento Hacer frente al SIDA. Prioridades de la acción pública ante una epidemia mundial, que el lector puede consultar en el vínculo de internet provisto al final de esta columna. Se ha estimado útil porque en la edición cibernética del diario El Universal de 28 de abril, se publicó una nota informando que "la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley de Propiedad Industrial que autorizan el uso de patentes médicas en casos de emergencia o seguridad nacional y mientras duren las mismas. " Es decir, que en caso de necesidad el gobierno podrá autorizar a laboratorios mexicanos a producir medicinas de las llamadas de patente, si es que sus titulares no acceden a dotarlas en términos de asequibilidad.
Una ONG denominada Cruzada Nacional en Defensa de los enfermos de SIDA y Cáncer, así como la Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar, AC, que agrupa a 3,474 de estos profesionales, han difundido en días recientes numerosos desplegados pidiendo a los diputados federales reformar el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial para abaratar los medicamentos. Este documento publicado en el portal del Banco Mundial es otro argumento en tal sentido, y por eso decidí nutrir de él el Enfoque Periodístico de hoy. roberrb1@prodigy.net.mx.