La tensión "entre los grupos étnicos" puede causar violencia, dice el presidente de la Cocopa
Hermann Bellinghausen Enviado

San Cristobal de Las Casas, Chis., 28 de abril. Autoridades de la Comunidad Lacandona acudieron este fin de semana a los poblados Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael, al sur de Montes Azules, acompañadas de una patrulla de la Armada, así como funcionarios de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa). En esta ocasión los lacandones y choles que reclaman la propiedad de Montes Azules y zonas anexas, mostraron una actitud menos beligerante que la de recientes ocasiones, e "invitaron" a las choles y tzotziles de ambos poblados a dialogar sobre su "problema". En otras palabras, fueron a reiterarles la exigencia de que abandonen las tierras que ocupan, pero les sugirieron que podría ser por las buenas.
Los indígenas asentados en las márgenes del río Lacantún recibieron también de sus "visitantes" la propuesta de solicitar la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para que "medie entre las comunidades y el gobierno". No obstante, la propia comunidad lacandona y la Profepa han solicitado ya acción penal contra esas comunidades.
Apenas este fin de semana, el vocero lacandón Mario Chan Bor reconoció que existen necesidades de muchos indígenas de la región, pero que se debe cuidar la reserva de la biosfera. A la vez, la representación de Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona anunció que se ampliaba a 20 días el plazo para que Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael fueran desalojados. Días atrás el gobierno del estado había establecido en el ejido San Javier, a corta distancia de Lacanjá Chansayab, una "mesa de atención" para el "problema agrario-ambiental" de la denominada comunidad lacandona. La instancia de atención gubernamental, derivada de la Mesa Ambiental de las autoridades federales y estatales, está presidida por el nuevo secretario chiapaneco de Desarrollo Rural, David Corzo Castillejos.
Ante la conflictividad que rodea hoy a la región de Montes Azules, hasta la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), está dando señales de vida. El presidente en turno de la comisión legislativa, Agustín Trujillo Iñiguez, aseveró que "la situación tirante entre los grupos étnicos (sic) de Montes Azules puede ocasionar actos de violencia", los cuales deben evitarse "a toda costa".
Al anunciar una próxima visita de los integrantes de la Cocopa a Chiapas, el viernes 2 de mayo, el legislador priísta externó que "el problema es complejo, porque abarca diversas aristas", que relacionó con cuestiones agrarias, sociales, de servicios y ambientales. Este último rubro (que parece el más rentable para justificar desalojos), hizo decir a Trujillo Iñiguez que "podría afectar a todo el país, e incluso a gran parte de Latinoamérica".
"Patrimonio de la humanidad"
El tema ambiental trae ocupados a los priístas. El diputado local por Ocosingo, Pedro Chulín Jiménez, conocido por organizar grupos hostiles contra los municipios autónomos en el norte de la selva Lacandona, volvió hoy a la vida declarativa al demandar que los Chimalapas (región entre Chiapas y Oaxaca, que es otra área conflictiva estos días) sea declarada área natural protegida, igual que Montes Azules, como ya propuso el gobernador oaxaqueño, José Murat.
Y el presidente municipal de Tumbalá (en la zona norte), Pedro Méndez Arcos, al referirse a las cascadas de Agua Azul, dijo que son "patrimonio de la humanidad". Allí han aflorado conflictos, tanto con la vecina comunidad de San Sebastián Bachajón, como con un presunto nuevo asentamiento cerca del balneario de Agua Azul. Los conflictos de intereses turísticos entre grupos campesinos están revelando las presiones de los verdaderos interesados en la explotación de los recursos, que van de Coca Cola (ávida de agua) y Ford Motor Company, a empresarios nacionales, grupos académico-comerciales e instancias gubernamentales expresamente comprometidas con los inversionistas.
Las presiones de tierra, y sobre todo el incumplimiento gubernamental de las demandas indígenas (pese a promesas de campaña), hacen que los conflictos reales o creados entre las comunidades se encuentren sin salida, como no sea la aplicación de las opciones más punitivas que prevén las leyes vigentes.
En otro orden de cosas, esta mañana la Policía Federal Preventiva (PFP) anunció la entrega de nuevas patrullas a su personal destacado en Chiapas. Las unidades de la PFP en la entidad son las primeras, a escala nacional, en recibir el nuevo equipo, dotado con localizador satelital, computadora y un sistema de cámaras de video automáticas. Tan oportuno "premio" (como tal fue anunciado) avitualla a los destacamentos de dicho cuerpo policiaco en los municipios de Ocosingo, Comitán, Palenque y San Cristóbal de las Casas, además de Tapachula. También se anunciaron prácticas de entrenamiento para la utilización del moderno equipo, que parece llevar una dedicatoria: "Montes Azules".