César Jerez

En Irak, Afganistán y Colombia, entre otros países víctimas, asistimos a un fenómeno de instrumentalización moralista de los derechos humanos El 59º periodo de sesiones de la Comisión de DDHH de la ONU de Ginebra se desarrolló este año en el contexto de uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad. Mientras de la Comisión se sacaba bajo presión el tema de la agresión imperialista a Irak, los Estados Unidos descargaban miles de bombas sobre el territorio iraquí, destruyendo barrios residenciales, plazas de mercado, escuelas y hospitales, asesinando a centenares de niños, mujeres y ancianos.
En Irak, Afganistán y Colombia, entre otros países víctimas, asistimos a un fenómeno de instrumentalización moralista de los derechos humanos. Las razones para victimizar que esgrime el agresor común y sus clientes locales son varias: la posesión ilegal de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Paradójicamente los EEUU justificaban la violación de los derechos humanos y del derecho internacional en Irak, proclamando la guerra preventiva como una defensa de los derechos humanos y la democracia.
El proyecto ideológico del capitalismo renovado en el discurso de la lucha contra el terrorismo ha servido para que se violen los derechos humanos en todos los conflictos regionales, donde se reposicionan los intereses geoestratégicos y geopolíticos del capitalismo. Los Estados victimarios de EEUU, Gran Bretaña y España han introducido legislaciones, métodos y prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, vulnerando los principios del Estado de Derecho burgués, de la separación de poderes y de la legalidad.
El Estado español, por ejemplo, bajo la orientación neofranquista de Aznar, se ha ensañado contra el pueblo vasco, cercenando la libertad de expresión al cerrar medios de comunicación, violando el derecho a asociarse y a participar en la vida pública y política al ilegalizar partidos políticos y organizaciones sociales legalmente constituidas. En Colombia se intenta introducir este mismo modelo bajo la consigna de la "seguridad democrática", estamos ad-portas de padecer, ya sea por vía legislativa o ejecutiva, una ley antiterrorista copiada de nuestra antigua metrópoli colonial. Se busca meter bajo la denominación de terroristas a todo aquel disidente que milite en partidos políticos de oposición o en organizaciones sociales del movimiento popular.
El 59º periodo de sesiones de la Comisión de DDHH de la ONU sirvió para confirmar tristemente el poderío dominante de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que al colocarse como paradigma de la defensa de los derechos humanos intimidan, amenazan y coersionan a los países sumisos y clientes para que voten en resoluciones amañadas contra los Estados insumisos. Esto explica las resoluciones de la Comisión contra países como Cuba, entre otros castigados, quien ha asumido una posición digna frente a su pueblo y quien ha alcanzado significativos logros en el cumplimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, desde la perspectiva de la autonomía, la soberanía y la autodeterminación.
En el caso de la situación de DDHH en Colombia, se repitió la misma dinámica de los años anteriores en la Comisión. La defensa de la política gubernamental, violatoria de los DDHH, este año a cargo del vicepresidente Francisco Santos, durante la apertura de las sesiones; posteriormente, el día 4 de Abril, la lectura del informe de la oficina del alto comisionado y de las recomendaciones, la réplica del gobierno y finalmente la lectura de la declaración conjunta de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos de organizaciones defensoras de DDHH. De la declaración final de la Comisión, realizada antes de finalizadas las sesiones, queda claro que no se ha avanzado más allá de las acostumbradas "preocupaciones", que aparte de la retórica diplomática, en lo concreto, no se mejorará en nada la situación de las víctimas en Colombia.
Está todavía lejos el momento en que bajo el actual ordenamiento hegemónico internacional se llegue a lograr un relator especial, un informe a la asamblea general o, lo que sería un logro político, una resolución condenatoria del Estado colombiano como violador de los DDHH. Con el actual ordenamiento internacional no se dará la condicionalidad ética y política que allane los anteriores objetivos. Mientras las recomendaciones de una desacreditada organización internacional como la ONU no se traduzcan en sanciones tangibles para nuestra oligarquía, no habrá avances en la situación actual.
El desgaste y el descrédito de la institucionalidad internacional, manipulada por los intereses geoestratégicos y geopolíticos del imperio; así como el auge de movimientos sociales antiglobalizantes, antiguerra, antiimperialistas y alternativos en todo el mundo, nos obliga a repensar el trabajo político nacional e internacional de la defensa de los DDHH, abordando correctamente, y más allá, las nuevas coyunturas, pensando en el mediano y largo plazo, no soslayando la conformación de nuevos bloques regionales emergentes y el surgimiento de nuevas propuestas de organización política, económica y social, garantes de la plena vigencia de los derechos humanos. Si olvidar, claro está, que el revés actual de los derechos humanos consiste en condenar a la víctima, dejando bajo el amparo de la impunidad al victimario.
Mayo 12 del 2003