Mayo del 2003.

Rafael Escorza Henríquez, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), detenido desde el 28 de marzo de 1992 y con más de 10 años en prisión, es uno de los 41 presos políticos que aún se encuentran detenidos desde el inicio de la democracia "a la chilena".
Rafael cumple una condena de 20 años por su participación en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del empresario Agustín Edwards, director de El Mercurio y uno de los "cerebros" del golpe militar de 1973 y la conspiración contra Salvador Allende. Cristian Edwards fue secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y posteriormente liberado sano y salvo.
Rafael Escorza se encuentra recluido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago, en el Módulo H-Sur. Tuvo la oportunidad de fugarse en helicóptero a finales de 1996 junto a sus compañeros rodriguistas que huyeron en una espectacular fuga. Decidió quedarse para acompañar a su compañera, María Cristina San Juan gravemente enferma y, en ese entonces, detenida en el Hospital de la ex Penitenciaría.
Rafael Escorza, al igual que los demás presos políticos fue sometido a torturas y evidentes faltas a un debido proceso en su juzgamiento. La mayoría de las causas han sido vistas y sancionadas por Tribunales Militares, castigados varias veces por un mismo hecho: la aberrante herencia legal dejada por el impune Pinochet.
En el actual contexto en que los presos políticos sobrepasan, en su gran mayoría, los 10 años de prisión, se discute, silenciosamente, un proyecto de ley que eventualmente los dejaría en "libertad condicional" en caso de ser aprobado, pero que, en ningún caso repara todas las aberraciones jurídicas con las que se les condenó. Incluso, de aprobarse el proyecto debieran permanecer 5 años más bajo arraigo o "libertad condicional". Este proyecto tampoco pondrá fin a la situación que viven cientos, sino miles, de perseguidos políticos de la época de Pinochet y de los gobiernos de la Concertación, quienes deberán seguir en la clandestinidad, el extrañamiento o el exilio.
Este es parte de un cuestionario que le hicimos llegar a Rafael Escorza para hablar de la prisión política y de la negación de justicia, entre otras materias y que gentilmente nos respondió desde el encierro que no impide que su voz se multiplique por el viento.
-¿En qué contexto son detenidos los prisioneros políticos de la Concertación?
-Al advenimiento del primer gobierno "democrático", dirigido por Patricio Aylwin y la Concertación, nosotros postulábamos que sólo había cambiado el administrador del sistema y, por ende, la lucha del pueblo debía continuar; inmersos en el tráfago de la lucha contra la dictadura no nos percatamos que la inmensa mayoría del pueblo y sus organizaciones habían sucumbido al canto de sirena ("derrotaremos a la dictadura con un lápiz") que se inclinaba por una "solución" aparentemente más fácil. Lo que nos diferenciaba de la Concertación era que ellos sólo pretendían la salida del dictador, nosotros, además de ello, queríamos el cambio del sistema imperante en lo político y económico, por ello continuamos nuestro accionar, lo que finalmente redundó en nuestra prisión.
-Luego de trece años de gobiernos "civiles", ¿Chile retornó a la plena democracia?
-Producto de las negociaciones para el traspaso de mando entre personeros de la dictadura y de la Concertación, todo esto a espalda del pueblo, es que en Chile no se vive una democracia plena. Se nos impuso, mediante una Constitución espuria, una democracia tutelada que permite enclaves dictatoriales y da preponderancia a los poderes fácticos expresados en el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, el rol de garantes asignado a las Fuerzas Armadas, etcétera. Además, un sinnúmero de acuerdos, producto de dichas negociaciones, impide que en Chile exista una plena democracia.
-¿Qué entiendes por democracia?
-La democracia que propongo es aquella en la cual el propio pueblo es conductor de su destino, y las decisiones que se adoptan son producto de una amplia discusión del pueblo en su conjunto, a través de diferentes formas de organización establecidas, con poderes que le permitan controlar y sancionar a las autoridades elegidas, cuando se apartan del para qué fueron electos, y no como sucede en las "democracias representativas" de la actualidad, en donde al pueblo sólo le esta permitido elegir (única forma de participación) a las autoridades que dirigirán el país.
-Patricio Aylwin estableció la "justicia en la medida de lo posible", lo que ha significado en la práctica mano blanda para los militares y para los conspiradores del golpe militar de 1973, ¿por qué crees, que esta seudo democracia se ha ensañado con los prisioneros políticos?
-El ensañamiento con el que hemos sido juzgados y condenados tiene que ver con una decisión política para evitar, en el futuro, la posibilidad de que sectores sociales al ver que lo prometido por la Concertación ("la alegría ya viene") no se cumplía, pues no estamos viviendo en democracia, se volcara en una lucha radicalizada y antisistémica. Por tanto, el tratamiento dirigido hacia nosotros era un mensaje subliminal a la población. Todo aquel que osare disentir y enfrentar al sistema recibiría igual trato que el nuestro. Además, debían demostrarle a los poderes fácticos que podían manejar la situación. No trepidaron en usar la represión y una "guerra sucia" (torturando, montando operativos falsos, simulando falsos enfrentamientos, etcétera) al más puro estilo dictatorial, vulnerando, incluso, su tan mentado Estado de derecho. Tuvieron que catalogarnos como terroristas -ninguna acción de los grupos revolucionarios llámese FPMR, MAPU-Lautaro, MIR, etcétera, tuvo ese carácter-, para poder justificarse ante el pueblo y así legitimar su accionar respecto a nosotros.
-¿Por qué la justicia es tan complaciente con algunos y con los prisioneros políticos es tan severa?
-Hay que tomar en cuenta que el Poder Judicial es un poder del Estado que, además, forma parte del sistema, por tanto, y a pesar de su tan alardeada independencia, obedece y se hace parte de la política aplicada por quienes manejan el sistema actual. Cuando digo esto, no sólo me refiero al gobierno, sino que abarco a los poderes económicos y fácticos, pues la composición de los más altos grados de la magistratura son determinados por el Poder Ejecutivo, con consulta al Poder Legislativo. Por lo tanto, la tal independencia se ve vulnerada en virtud de la generación de los cargos. La obsecuencia demostrada por el Poder Judicial durante la dictadura avalan lo anteriormente dicho. En la actualidad, existe una sensación de un avance en la administración de justicia pero respecto nuestros casos simplemente han cerrado fila con los administradores del poder y no han trepidado en hacer prevaler la postura clasista y represiva del sistema. Hemos sido condenados por simples "presunciones", por "declaraciones extrajudiciales" obtenidas bajo tortura, en fin, ninguno de nosotros tuvo un justo proceso: había que condenarnos sí o sí. Jueces, diputados, senadores, persones de gobierno y muchos políticos de diversos partidos -en privado- reconocen las aberraciones de que fuimos objeto en nuestros procesos, pero nunca han sido capaces de recocerlo públicamente.
-Nuestra sensación es que no existe, hasta este momento, real "voluntad política" de resolver la injusta situación de los Prisioneros políticos. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es la manera de resolver el tema?
-Antes de todo, nuestra libertad debiera obtenerse por medio de la fuga o a través de un movimiento que involucre vastos sectores políticos y sociales, exigiendo nuestra salida. Ante la inviabilidad de ambas posibilidades quedamos sujetos a una "voluntad política" de aquellos que detentan el poder, y del mundo político (léase diputados y senadores, y las jefaturas de los partidos políticos de la Concertación y Alianza por Chile).
Ciertamente aún no existe esa "voluntad política", aunque hay que reconocer que hace aproximadamente un año que la Iglesia Católica viene trabajando para generar las condiciones para que esa voluntad se plasme. Sectores de la derecha -UDI, quizá con que aviesas intenciones-, parlamentarios de la Concertación y algunas personalidades, han expresado estar dispuestos a buscar una solución a la problemática de la prisión política. El gobierno plantea que si bien es cierto estaría de acuerdo no tomaría la iniciativa, lo que vendría a configurar una posible concretización de esa voluntad política y por ende nuestra libertad. Pienso que esta iniciativa debería concretarse este año 2003, pues el próximo 2004 se entra en período electoral (municipales), y el 2005 son las elecciones parlamentarias y presidenciales, lo que dificultaría un acuerdo sobre la materia, en virtud de cálculos mezquinos respecto del costo político que pudieran asumir.
La forma de resolver este tema, debiera ser generando un movimiento como el que planteé al comienzo, en virtud de estar en "mejor posición" de exigencia de nuestra libertad, y no quedar a merced del poder, como lo estamos hoy, ya que, aunque inviable, esta forma sería la correcta.
-¿Qué opinión y reparos le merece la propuesta del senador socialista José Antonio Viera-Gallo?
-Cuando me hablas de la propuesta de Viera-Gallo, asumo que te refieres al Proyecto de Ley. En el inciso 2° del Artículo Nº 2, dicho proyecto, en lo medular propone que asumamos "un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia como método de acción política". Al respecto, creo que dicha propuesta revela lo que expresaba en la respuesta anterior, pues estamos a merced de sus exigencias. No tenemos la fuerza suficiente para oponernos a dicha iniciativa y, por lo tanto, es poco o nada lo que podemos hacer. El señor Viera-Gallo antes de exigirnos renunciar a la violencia en el accionar político, debiera exigir al gobierno que elimine la política represiva. La represión ejercida por el Estado es violencia política, con el agravante de que los medios empleados para ejercerla son absolutamente avasalladores. Olvida además el señor Viera-Gallo que el uso de la violencia en el accionar político no obedece a "capricho" sino que al grado de agudización de la confrontación. Los revolucionarios no somos violentos per se. Debo recordarle al señor Viera-Gallo que producto del uso de la violencia como método de acción política durante la dictadura, él puede estar donde está. Nosotros expusimos nuestras vidas y hemos sido consecuentes hasta hoy. Cometimos errores pero nadie puede venir a decirnos que fuimos traidores. No nos aprovechamos de nadie en virtud de alcanzar nuestras metas.
-¿Cuál es su situación personal?
-Estoy próximo a cumplir 11 años en prisión, y condenado a 20 años. Asumo como costo por mis acciones el ser actualmente un prisionero político, lo que no significa renegar de mi pasado. Muchos podrán no compartir mi forma de luchar, pero la justicia de mis aspiraciones son inequívocas. Luchar por una sociedad mas justa es lo mas bello que puede sucederle a un ser humano. Un saludo fraterno y revolucionario a todos aquellos que se movilizan por nuestra libertad. Es alentador constatar el apoyo que nos brindan.