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Latinoamérica

Justicia demorada justicia negada

Adital/amnesty International/Evanize Sydow

Dieciocho años después del asesinato del líder sindicalista João Canuto de Oliveira, a manos de dos sicarios, los dos hacendados acusados de mandar matarlo, Adilson Carvalho Laranjeira y Vantuir Gonçalves de Paula, irán finalmente a juicio. El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 1985. El juicio será los días 22 y 23 de mayo en el Tribunal de Justicia del Estado de Pará _ Rua Tomázio Perdigão, 310, Cidade Velha, Belém, Brasil.

"Incontables asesinatos brutales de trabajadores rurales ocurrieron durante los dieciocho años en que las autoridades del estado de Pará, Brasil, llevaron para el juicio de los hacendados sospechosos de ser los mandantes de la muerte de João Canuto. La lentitud del proceso judicial y la falta de castigo a los responsables por estos asesinatos contribuyeron claramente para el padrón de violencia", dijo documento de la Amnistía Internacional.

Entre los muertos, dos de los hijos de João Canuto, José y Paulo Canuto; Expedito Ribeiro, el sucesor de João Canuto como presidente del sindicato de trabajadores rurales; y, los más conocidos, los 19 activistas de los derechos rurales masacrados por miembros de la policía militar de Pará en Eldorado dos Carajás.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra, más de 400 trabajadores rurales fueron muertos en incidentes relacionados a la tierra desde 1980 en el sur y el sureste de Pará. Sin embargo, ¡Apenas una persona fue condenada por mandar matar a alguien en todo este período!

"El sistema judicial brasileño continúa comprometido por su omisión al no actuar rápidamente cuando hay evidencias de tortura o ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades brasileñas deben actuar enérgicamente contra la impunidad en todos los niveles. Justicia demorada justicia negada", dice el mencionado documento.

La Amnistía Internacional estará presente en el juicio para garantizar que todas las normas internacionales sean cumplidas y para informar a miles de personas en el mundo que acompañaron este caso sobre el proceso judicial. La organización será representada por el famoso jurista y ex senador uruguayo, Dr. Edgardo Carvalho, que ya observó varios juicios para la Amnistía Internacional en Brasil y en otros locales de la región.

Entienda el caso - El 18 de diciembre de 1985 el líder sindicalista rural y padre de seis hijos pequeños, João Canuto, fue alcanzado por varios tiros disparados por dos sicarios. Durante su campaña por la reforma agrícola y por los derechos de la tierra, Canuto recibía constantemente amenazas de muerte. La última amenaza fue cinco días antes de ser asesinado. Dos de sus hijos fueron muertos a seguir. Uno de los hijos sobrevivió a un intento de asesinato y miembros de su familia siguen perseguidos e intimidados hasta hoy.

A partir de 1991, tuvo inicio gran presión de la sociedad civil nacional e internacional, organizada por el Comité Rio Maria y por sus Comités de apoyo en Brasil y en otros países, como Estados Unidos y Francia.

Solamente en 1993, ocho años después, la investigación policial fue conclusa. El Ministerio Público demoró tres años más para hacer la denuncia. En 1997, con la amenaza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos) de condenar el gobierno brasileño por la demora en la apuración del crimen, la instrucción judicial comenzó a ser agilizada. En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el Brasil por la demora en la apuración del crimen.

En 6 de junio de 2000, Jerônimo Alves de Amorim fue condenado por mandar matar Expedito Ribeiro de Souza. Fue la primera vez en que una condenación de ese tipo ocurrió en el estado de Pará. Una victoria crucial de la lucha contra la impunidad, esta condenación fue un testimonio a la determinación, coraje y habilidad de los activistas locales de derechos humanos que no cedieron a la presión intensa.

En 2001, los dos acusados fueron pronunciados como mandantes del asesinato. El contexto político, la histórica impunidad presente en la región y la influencia política que los acusados pueden tener llevaron los abogados de acusación a pedir el desafuero de la Comarca de Rio Maria, para que el juicio se realizase en Belém. El pedido fue deferido en 2002.

Artistas y autoridades participan - Los artistas Letícia Sabatella, Marcos Winter, Dira Paes, Carla Marins, Leonardo Vieira y Emílio Gallo, representantes del Movimiento Humanos Derechos, participarán del juicio a los hacendados Adilson Carvalho Laranjeira y Vantuir Gonçalves de Paula, acusados del asesinato del primer presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Rio Maria, en Pará.

Participaron también la abogada Susana Figueiredo y el fotógrafo João Ripper, ambos de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos; Edgar Carvalho Silveira, miembro del Colegio de los Abogados de Uruguay y observador de la Amnistía Internacional en el juicio; Anne Marie Delmares, observadora del Orden de los Abogados des Hauts de Seine y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos; Olivier Guérin, Consejero de la Corte de Casación Francesa y representante de la Federación Internacional de los Derechos Humanos; Nilmário Miranda, Secretario Nacional de Derechos Humanos, y Maria Eline Menezes de Farias, Sub Procuradora General de la República y Procuradora Federal de los Derechos del Ciudadano.

Además, centenas de trabajadores del campo y de la ciudad son esperados en la plaza del Tribunal para asistir al juicio. Se espera también la presencia de observadores del Gobierno Federal y de entidades nacionales e internacionales.

Rueda de Prensa - El 21 de mayo a las 10h, será realizada rueda de prensa, Sede de la CNBB _ Trav. Barão de triunfo, 3.151, Marco, con la participación de Orlando y Luzia Canuto, hijos de João Canuto, los abogados Jorge Farias y Fray Henri dês Roziers, además de representantes del Movimiento Humanos Derechos y de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.

Informaciones para la prensa: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos Tel (11) 3275-4789/3271-1237 _ (11) 8111-1346 (Dra Susana Figueiredo) y (11) 9297-8532 - Comisión Pastoral de la Tierra y Comité Rio Maria Tel (91) 226-5258/226-6491/8814-0339

Pescadores
Mangles y Piscicultura: en las manos de los pescadores

Fortaleza, Brasil- Adital/Terramar _ El Foro de los(las) pescadores(as) de Ceará, el Instituto Terramar y Mangrove Action Project (MAP), desarrollarán del 25 al 29 de mayo de 2003, en el estado de Ceará, el seminario "Mangles y Piscicultura": en las manos de los(as) pescadores(as). Participarán del seminario miembros de las comunidades costeras del Nordeste brasileño, grupos representantes de Honduras, Ecuador y Colombia, organizaciones no gubernamentales (ONG_s) de la región Nordeste de Brasil y de América Latina, maestros(as) y profesores(as) universitarios(as) y representantes del Ministerio Público.

Algunos de los principales objetivos del evento son: intercambio de experiencias entre pescadores(as) sobre la estrategia de conservación de los mangles y la postura ante los impactos socio-ambientales de la piscicultura en América Latina y en el Nordeste brasileño; aprendizaje de técnicas de conservación y restauración que sean efectivas y de larga durabilidad; presentación de propuestas para alternativas económicas, sociales y tecnológicas que involucre a las comunidades costeras, y la discusión del tema financiamiento público a la piscicultura en Latinoamérica y en Brasil.

Además de ese foro, el Instituto Terramar desarrolló el proyecto "Mariscando Vida y Dignidad", vinculado a los programas de género y ciudadanía. Ese proyecto fue lanzado en el último fin de semana, 17 y 18 de mayo, en conjunto con la Asociación de los Productores y Productoras de Algas de Flexeiras y Guajiru (comunidades costeras).

Esa actividad de cultivo se viene desarrollando en Flexeiras y Guajiru desde el año de 1999 _ en principio como una investigación y recientemente como una alternativa de fuente de renta y de acceso a los recursos naturales de una forma sustentable, fortaleciendo la organización social del grupo de productores y productoras y también buscando dar visibilidad al trabajo de las mujeres pescadoras que históricamente han realizado la actividad de colecta en muchas comunidades costeñas.

¿Qué significa el proyecto:El proyecto "Mariscando Vida y Dignidad" promoverá la ampliación del cultivo de algas en las dos comunidades y será desarrollado a través de estructuras, o sea, en cuerdas de 50 metros, en las que serán colocadas semillas o brotes de algas que crecerán en esas estructuras.

El proyecto, a través de oficinas, encuentros de planificación/ monitoreo/ evaluación y de la formación continuada en las cuestiones de Género y de los recursos (ambientales, humanos y materiales), desarrollará el estímulo a la ampliación de la autonomía de ese grupo en la comercialización de las algas, como así también en la instalación de una futura fábrica de beneficiación que agregue más valor al trabajo desarrollado por el grupo.

Más informaciones: Instituto Terramar - Sheila Nogueira (55)(85)9971/5738

Política
Especial:
Crece desinterés en el servicio militar en Paraguay


Asunción, Paraguay - Susana Oviedo* para Adital - En Paraguay unos 115 mil jóvenes ya se declararon "objetores de conciencia" al Servicio Militar Obligatorio (SMO). Mientras aumenta el descreimiento ciudadano hacia la conscripción, la que se encuentra rodeada de denuncias de corrupción, abusos de autoridad y muerte de soldados en circunstancias poco claras.

La figura de la "objeción de conciencia" fue creada por la Constitución Nacional de 1992. Fue introducida de "contrabando" por el hijo homónimo del entonces ministro de Defensa, Hugo Estigarribia. El día que tenía que votarse la incorporación de este derecho el joven constituyente comunicó a sus otros colegas del partido colorado que ésa era la propuesta del oficialismo. Finalmente la jugada tuvo éxito y la figura fue consagrada en la Carta Magna como el artículo 37. El hijo del ministro cayó en el ostracismo político; la objeción de conciencia tuvo otra suerte.

Desde ese momento, por "razones éticas o religiosas", los paraguayos podían tener la posibilidad de negarse a ir al cuartel. Un año después de ser sancionada esta Ley Fundamental cuatro jóvenes fueron los primeros que presentaron su "objeción de conciencia". En más de diez años este movimiento ciudadano ya suma 115 mil personas. Paralelamente con el aumento de la lista de objetores, otra lista más infausta también era sacada a la luz pública: la de los soldados muertos en los cuarteles.

Antes de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), a igual que en otros temas, poco o nada se sabía de la suerte que corrían los jóvenes en los cuarteles. A partir de 1989 la violencia cuartelera cobró estado público. Desde esa fecha hasta ahora más de un centenar de soldados fallecieron en circunstancias sospechosas durante el cumplimiento del SMO.

Asimismo en 1994 el diario Última Hora desnudaba lo que siempre fue un secreto a voces: la existencia de toda una estructura delictiva montada, por civiles y militares, para vender clandestinamente las libretas de enrolamiento. Es decir que uno podía pagar unos cuantos miles de guaraníes para obtener los documentos que acreditaban que pasó por los cuarteles. La objeción de conciencia desinfló el negocio, pero nadie fue castigado por el delito.

Cinco años después la prensa nuevamente evidenció otro esquema de corrupción. Oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), en connivencia con funcionarios del Registro Civil y jueces de paz, falsificaban certificados de nacimientos para que jóvenes, sin la edad reglamentaria para cumplir con el SMO, fueran obligados a ir al cuartel, aumentándoles la edad.

Ya en años más recientes otro coto de la corrupción castrense fue denunciado. Se comprobó que las FFAA mentían sobre la cantidad real de soldados que recibían con el propósito de abultar su presupuesto y desviar los rubros que correspondían a los soldados inexistentes. En el 2001 sólo había 5 mil soldados "fantasmas" en los cuarteles paraguayos. Nadie fue procesado por ese faltante.

Actualmente se espera que el próximo Congreso Nacional apruebe la reglamentación de la "objeción de conciencia" y el Servicio Civil Sustitutivo que deben cumplir los "objetores". En tanto en las FFAA sectores más abiertos a la sociedad buscan, sin mucho éxito hasta ahora, cambiar el modelo de conscripción castrense, de forma a volverlo optativo. Lo concreto es que _lo demuestran los hechos- en los últimos años los paraguayos han variado el tipo de relación que siempre tuvieron con sus cuarteles.

*Susana Oviendo es corresponsal de Adital en Paraguay, periodista del diario Última Hora y docente de la Universidad Católica