Jorge Lofredo

Con la invasión de EEUU sobre Irak, para las corporaciones de seguridad mexicana se han encendido los ³focos rojos² de la seguridad interna mexicana. Una de las cuestiones más puntuales a enfrentar deviene en la presunta actividad guerrillera que puede surgir conjuntamente con el desarrollo del conflicto internacional y la hipótesis de algún presunto nexo, no declarado públicamente por las autoridades, entre grupos anti norteamericanos radicales -decididos a emprender alguna acción fronteras adentro de EU- con grupos armados mexicanos.
En este aspecto, México y Estados Unidos comparten una extensa frontera y se ve comprometido en materia de seguridad interna que, indudablemente, alcanza también al diseño de seguridad hemisférica estadounidense. Hasta hoy, sin embargo, no se registró movimiento de ningún grupo guerrillero, aunque todos ellos emitieron comunicados manifestando su repudio a la invasión y un llamado a la resistencia popular, y armada, contra la guerra.
Así pues, en la Costa Grande de Guerrero, setecientos elementos del Ejército mexicano fueron puestos en alerta y trasladados hasta las bases militares alojadas en la región para la prevención de la actividad insurgente. Desde la Secretaría General de Gobernación del Estado del estado se informó que se aumentó la presencia de uniformados en carreteras y caminos, con la instalación de retenes a lo largo de toda la región pues, se reconoce, son las áreas de influencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). (Milenio, 23 de marzo de 2003.) En el mismo sentido, organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de los Derechos Humanos que entienden de la situación planteada en la Huasteca hidalguense también confirmaron la presencia y aumento de personal militar en la región, que denuncian como una estrategia de creciente militarización, con el argumento que se buscan presuntos guerrilleros. Más aún, las organizaciones advierten que se fomenta la actividad de grupos paramilitares e indican que la responsabilidad directa recae sobre el general Eraclio Media Avila, comandante del 84 Batallón de Infantería. Ante la información suministrada, la cifra asciende a ³mas de mil²; en cambio, Medina Avila señala que ³sólo 250 soldados operan en la Huasteca², sin ofrecer mayor información sobre su actividad. (La Jornada, 22 de marzo de 2003.) En el contexto del conflicto de Bernalejo, entre ejidatarios e indígenas de Zacatecas y Durango, se dio a conocer también el ³apoyo moral² solicitado tanto al EPR como por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo que permite sumar una situación de crisis que permitiría a las corporaciones encargadas de la seguridad a tomar intervención con este mismo pretexto. (La Jornada, 25 de marzo de 2003.) A ello debe sumarse que, según indicadores oficiales, los ³enfrentamientos² o ³potenciales conflictos y riesgos² en las comunidades indígenas y campesinas se multiplican a lo largo de todo el país; y cada una de ellas se vuelve, así, un nuevo ³foco rojo².
Sin embargo, las crisis y conflictos se asumen de distinta manera: para la comunidad, convertirse en ³foco rojo² se corresponde con el sufrimiento en primera persona y con riesgo cierto para sus familias y hasta por perder la forma de vida que traen consigo gracias a las enseñanzas de sus antepasados.
Para las autoridades en cambio, la ³administración del conflicto² impacta en el rédito político de su gestión, que luego busca traducirse en beneficios para su pertenencia sectorial o partidaria, algo desconocido para los protagonistas verdaderos.
Un tercer elemento es la visión que asumen los uniformados, donde se entiende la dimensión del conflicto en clave castrense, y la definición del mismo alcanza a negar las causas sociales que lo originaron e imponer ³el orden² a través de las armas. De ello se desprende que no importan justicia o razón sino orden y control social, a cualquier precio.
-2- Pero la reacción ante la emergencia de brotes guerrilleros eventuales o potenciales en distintos puntos de la república desnuda que existe una coordinación pronta a entrar en acción frente a esta eventualidad, pero se muestra lejana a emprender un camino que encuentre una solución de fondo.
Sucede que aún no ha variado la percepción acerca de su existencia, debido a que se entiende como un fenómeno meramente ³delincuencial², según la óptica militar, o ³desestabilizador², desde las autoridades políticas; pero nunca social. Existen sobradas muestras que la insurgencia resulta la expresión de la pobreza, marginación y también como resultado de la presencia de caciques y acciones represivas, hechos que posibilitan a un proyecto armado a cobrar su razón de ser.
De inmediato, las autoridades políticas y militares asumen cada conflicto como una amenaza y un riesgo potencial de enfrentamiento armado con fuerzas insurgentes, lo que pretende volver esta cuestión su punto nodal y no el reclamo de los inconformes.
Y alrededor de las organizaciones sociales y defensoras de derechos populares también se entrama toda una serie de tergiversaciones y falacias que pretende ³desviar el eje² de su accionar, empujando mediante la aplicación del miedo como estrategia política la demonización de aquellos grupos, aunque se manifiestan en la legalidad y no registran vínculos con grupos armados.
Y esta cuestión también se vincula, íntimamente, con la represión al conflicto social, ante las distintas vertientes que se muestran no ya por intereses partidarios, ya superados por esta crisis que responsabiliza a los partidos políticos y se expresa en el descreimiento generalizado en la clase política, sino en la superación de éstos desde ámbitos más directos y diferenciados de la estrategia partidaria, sea cual sea.
Así, se manifiesta un desborde de estas estructuras tradicionales de participación lo que obliga a las autoridades a apostar a una táctica de dispersión y desunión al seno de estas organizaciones más primarias y esenciales. Ahora, la expresión popular se conduce por otros ámbitos (sindicatos, organizaciones de base, y otras expresiones) y teje, a la vez que elabora, nuevas formas de expresión, discursos y demandas.
-3- En tanto las expresiones armadas insurgentes se encuentran en una situación de repliegue las más renombradas, y de acumulación o disgregación las más recientes. En este aspecto, la situación actual del EZLN lleva a especulaciones en torno a su proyecto armado original o bien, el abandono definitivo de esta estrategia a favor de la reivindicación indígena. Sin embargo, se enfrenta a las políticas de los gobiernos estatal y federal que constantemente provocan el asedio a sus bases de apoyo, especialmente en la zona de conflicto.
El EPR por su parte, luego del proceso de disgregación, no ha vuelto a manifestarse militarmente, como así tampoco los otros grupos armados de él escindidos. Se han limitado exclusivamente a la emisión de escritos y a esporádicas conferencias de prensa y hasta alguna acción aislada de "propaganda armada"; particularmente en el estado de Guerrero.
No obstante, es una preocupación constante para una administración federal que no comprende, o no quiere comprender, las causas sociales que aún persisten desde las apariciones públicas de cada una de ellas. Pero las administraciones estatales tampoco parecen entender otra dinámica que no entienda del rédito político coyuntural. La dispersión en las que se hallan sumidas las distintas organizaciones insurgentes supone, pues, un punto de debilidad demasiado profundo que al menos desde 1998 no han podido superar.
La realidad de estos últimos tiempos, en definitiva, no ha demostrado un nuevo impulso de las organizaciones armadas sino que las "alertas" de las fuerzas de seguridad han sido infundados. Al igual, forma parte de un alerta que pretende desparramarse hacia la sociedad con fines de "persuasión armada" a quienes mediante la inconformidad, legal o clandestina, reclama por sus derechos.