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La empresa estadunidense ChoicePoint, entidad que presuntamente adquirió información del padrón electoral mexicano y de otros archivos oficiales del país para luego venderla al gobierno de Estados Unidos, tiene un perfil inquietante y potencialmente peligroso para la soberanía nacional, en lo general, y para los ciudadanos mexicanos, en lo individual.

ChoicePoint es una de las empresas utilizadas por Washington para burlar las disposiciones legales estadunidenses que prohíben a su gobierno recabar datos personales para usos no especificados y tuvo implicación directa en la posible adulteración del padrón electoral de Florida durante los comicios presidenciales de Estados Unidos, en 2000. Según fuentes consultadas por este diario en el país vecino, ChoicePoint manipuló el listado de votantes de ese estado para eliminar electores de origen hispano y afroamericano, circunstancia que incidió en el más que dudoso triunfo de George W. Bush. Esta afirmación fue también emitida ayer por el secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, al referirse a la presunta compra de datos de licencias de conducir de la capital del país por ChoicePoint.

Además de su participación en un posible amañamiento de los comicios de Florida para favorecer al Partido Republicano y al hoy mandatario Bush, suceso abiertamente denunciado en Estados Unidos, ChoicePoint ha divulgado y comercializado en varios casos datos falsos, ha afectado a ciudadanos del país vecino y ha sido demandada ante los tribunales. ChoicePoint es, por añadidura, un centro de información que no tiene escrúpulos a la hora de obtener y presentar archivos críticos -la ilegal adquisición del padrón electoral mexicano y la manipulación del de Florida son sólo dos ejemplos- y opera como una especie de entidad parapoliciaca en labores de inteligencia e identificación de supuestos terroristas y otros presuntos delincuentes para el gobierno de Estados Unidos.

Por tratarse de una empresa privada, ChoicePoint está al margen de los controles aplicables a las instancias gubernamentales y de la supervisión pública, y se coloca como un poder sin freno que podría utilizar la información que posee para controlar, espiar o tergiversar. Y aunque también ha prestado servicios relevantes, como la identificación de DNA de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, el hecho de que sea una corporación movida por el afán de lucro supone que sus actividades y acervos informativos están también al servicio del poder y el dinero, con todo lo que ello implica.

Que una entidad de esa naturaleza esté en posesión de información sobre millones de mexicanos resulta inquietante y peligroso, pues tal situación genera severos riesgos para la seguridad nacional y expone a los ciudadanos del país a padecer persecución, discriminación o errores por parte de autoridades y otras entidades de Estados Unidos, aun sin ser responsables de ilícito alguno.

Por ello, el gobierno de México, a través de las instancias competentes, debe explicar a la ciudadanía estas graves circunstancias, exigir de forma inmediata a su contraparte estadunidense información clara sobre sus vínculos con ChoicePoint, entablar contra esa corporación un proceso judicial por la presunta compraventa ilegal del padrón electoral y otros archivos nacionales, e iniciar de manera expedita y profunda una investigación para identificar y sancionar a los responsables de la entrega a esa empresa de datos cruciales y confidenciales que son, antes que nada, propiedad exclusiva de sus titulares mexicano

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Washington y Nueva York, 20 de abril. El gobierno estadunidense ''privatizó'' la recaudación de fichas de inteligencia sobre todo ciudadano de este país y de cientos de millones más de América Latina, al pagar a la empresa ChoicePoint y a otras firmas para que concentraran miles de millones de datos personales como son huellas digitales, ADN, números de teléfono, registros de vehículos, direcciones particulares y mucho más.

Este es el lado oscuro de la revolución informática, señalan los defensores de la privacidad. ''La posición operante de la ley estadunidense es no permitir que el gobierno recabe información general personal'', explicó el abogado Chris Hoofnagle, asesor legal de Electronic Privacy Information Center. ''Ya que el gobierno está impedido para recabar la información, simplemente permite que ChoicePoint lo haga en Estados Unidos y ahora en América Latina'', agrega.

Así, ChoicePoint se ha convertido en el proveedor más grande de información y datos personales para empresas y gobierno. Esta semana, la agencia Ap reportó que esta compañía está ofreciendo información sobre unos 60 millones de ciudadanos mexicanos a agencias del gobierno federal estadunidense. En un sitio de Internet establecido sólo para sus clientes del gobierno federal estadunidense, ChoicePoint brinda acceso a ''más de 10 mil millones de datos sobre individuos y empresas''.

En los últimos años esta empresa ha estado involucrada en investigaciones de alto perfil. Actualmente realiza la verificación del ADN de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre; asimismo, sus datos ayudaron a detectar al francotirador de Washington, el año pasado, y la firma dice haber ayudado en el rescate de 776 niños desaparecidos o extraviados.

También fue ChoicePoint la que otorgó a los funcionarios electorales republicanos de Florida una lista de errores, misma que depuró el padrón electoral estatal de manera equivocada, sacando a miles de votantes poco antes de la elección presidencial de 2000, cuyo disputado resultado llevó a George W. Bush a la Casa Blanca por decisión de la Suprema Corte.

Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) o del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) pueden investigar a un sospechoso simplemente entrando a Internet tecleando un código y unos cuantos números. ChoicePoint recauda información de una amplia gama de fuentes, incluyendo empresas de tarjetas de crédito, agencias estatales de licencias para conducir, directorios telefónicos, historiales de tránsito, de bienes, familiares y mucho más, todo lo cual se deposita en un enorme banco de datos que está catalogado según el número de seguro social de cada individuo.

Así, los agentes federales fácilmente pueden sacar de sus computadoras las fechas de nacimiento de las personas, teléfonos registrados a su nombre (aunque sean confidenciales), verificar sus propiedades, con quién viven, dónde están sus familiares y sus antecedentes penales, en su caso. Otras empresas parecidas ofrecen información sobre bienes financieros, cuentas bancarias, transacciones de tarjeta de crédito y documentos empresariales.

''Si usted está localizando a un sospechoso o a un prófugo, identificando o verificando bienes, investigando un fraude o necesita un expediente público de un tribunal, ChoicePoint Online le dará resultados'', anuncia la empresa en su sitio www.cpgov.com, establecido para empleados gubernamentales. Frecuentemente agencias particulares del gobierno recaban información específica. El Servicio Federal de Tributación mantiene todos los archivos de impuestos y de contribuyentes.

Pero después de una serie de abusos en los 70, cuando el gobierno federal utilizó información personal para intimidar a ciudadanos u opositores políticos del presidente, el Congreso aprobó la Ley de Privacidad, que prohibió la recaudación general de expedientes de ciudadanos para usos no especificados.

Pero ahora, señala el abogado Hoofnagle, el gobierno ha logrado evadir la Ley de Privacidad al contratar empresas privadas para levantar expedientes de casi cada adulto en este país.

Hace dos años, la agrupación Privacy International, que se dedica a investigar abusos en materia de privacidad, otorgó a ChoicePoint su premio Big Brother, por su ''venta masiva de expedientes, precisos e imprecisos, a policías, compradores directos y funcionarios electorales''.

Al ''premiar'' a ChoicePoint, Privacy International mencionó específicamente el caso por el que esta empresa otorgó a los oficiales electorales de Florida datos sobre votantes que podrían no tener el derecho a sufragar en la elección presidencial de 2000. Miles fueron depurados del padrón con base en esta información. Fue un escándalo político al ser revelado, ya que los comicios presidenciales fueron definidos por las irregularidades y el conteo tan cerrado, precisamente en ese estado. La empresa insiste en que no debería ser responsabilizada por los errores de la lista, ya que sólo estaba suministrando a Florida datos de otras agencias gubernamentales, y la junta electoral local era la que estaba obligada a verificarlos.

El director de mercadotecnia de ChoicePoint, James Lee, rechaza la caracterización de su empresa como Big Brother, nombre que el escritor George Orwell dio a la autoridad omnipresente. ''Es nuestra filosofía empresarial; la información utilizada de manera apropiada es un instrumento poderoso que ayuda a prevenir riesgos'', declaró en entrevista reciente con La Jornada.

ChoicePoint, aseguró Lee, mantiene una política rigurosa para asegurar el respeto a la privacidad de los individuos; todo cliente que compra acceso a esta información debe declarar por qué necesita estos datos y la empresa se reserva el derecho de negar la información si considera que será usada indebidamente.

Al mismo tiempo, Lee argumentó que la sociedad necesita tener algún mecanismo para facilitar la investigación oficial de delitos o para que empresas particulares puedan verificar las credenciales de empleados. ''Estos instrumentos de información pueden ayudar a que la gente se sienta más confiada'', dijo. Pero el problema es que la información, y su veracidad, pueden conducir a que alguien sea cesado de su trabajo, se le niegue el derecho al voto y hasta determinar el resultado de una elección.

En 1998, una mujer de Chicago fue despedida de su empleo después de que ChoicePoint informó a sus patrones que había sido condenada por un delito grave, pero la información estaba equivocada. La afectada demandó tanto a su patrón como a ChoicePoint y recibió una compensación, pero los críticos dicen que hay muchos más casos como éste donde un empleado simplemente es despedido con base en este tipo de información.

La empresa reconoce que en otro caso la información que obtuvo del departamento de vehículos de motor de Pennsylvania fue usada indebidamente. Y está el caso de la elección en Florida. La asociación de derechos civiles demandó al estado de Florida y a ChoicePoint, porque miles de votantes negros fueron depurados del padrón a raíz de información errónea otorgada por la empresa; el caso aún está en proceso.

Los expertos en estos asuntos sostienen que esto es sólo la punta del iceberg. El Pentágono y el nuevo Departamento de Seguridad Interna están lanzando ambiciosos proyectos que dependen de ChoicePoint, y de otras seis empresas de recaudación de datos, para rastrear ciudadanos y analizar patrones de comportamiento supuestamente bajo la justificación de la detección de ''terroristas''. La nueva iniciativa de protección de pasajeros aéreos del Departamento de Transporte utiliza datos de ChoicePoint y de empresas similares para verificar la identidad e historial de cada individuo que compra un boleto de avión.

''La nueva agencia de seguridad de la transportación tal vez tendrá el banco de datos más grande que se ha elaborado hasta la fecha'', comentó un especialista del ramo cibernético entrevistado por La Jornada, quien pidió el anonimato, ya que trabaja en algunos contratos del gobierno.

''Ya están recaudando muchos más datos sobre números de teléfono, compras con tarjetas de crédito y otra información, y elaborando listas de personas que consideran sospechosas'', concluyó.