Eduardo Tamayo G.

ALAI-AMLATINA, 14/04/2003, Ginebra.

Mientras el gobierno de Alvaro Uribe Vélez asegura que en los últimos seis meses se ha reducido de manera significativa la violación de los derechos humanos, organizaciones civiles expresan que hay grandes retrocesos sobre todo en materia de impunidad y en los mecanismos de protección de los derechos humanos.
El tema colombiano, como todos los años, fue abordado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que se reúne en Ginebra desde el 17 de marzo hasta el 25 de abril. En varias intervenciones, los representantes del gobierno colombiano han insistido en un argumento central: que la política de "seguridad democrática", seguida por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, va a garantizar los derechos y las libertades ciudadanas y que la CDH debe profundizar el debate sobre "la responsabilidad de los actores no estatales en materia de respeto a los derechos humanos".
Estados Unidos elogió los "progresos observados en materia de derechos humanos en el último año" por el gobierno colombiano. "El Estado se ha extendido a áreas y regiones previamente ignoradas, que servían como base de operaciones para los grupos terroristas, mas aún, el Programa Presidencial de Derechos Humanos también ha sido fortalecido y el gobierno ha manifestado que no tolerará la cooperación entre militares y paramilitares", señaló el diplomático de Estados Unidos, Mark Falcoff. Agregó que el gobierno de Uribe ha dado importantes pasos para restablecer la "seguridad democrática", recordando que "los principales culpables de los abusos de derechos humanos y la violencia son los grupos armados que desafían la autoridad legítima y causan terror al pueblo colombiano. Estos grupos están involucrados en narcotráfico, secuestran y extorsionan como fuente de ingresos y forma de vida", según Falcoff.
Casi todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos acreditadas en la CDH desmintieron, con datos y estadísticas, las afirmaciones de los representantes de George W. Bush y Alvaro Uribe, y más bien apuntaron que la situación ha empeorado e incluso está alcanzando niveles dramáticos. Entre estas organizaciones se puede mencionar a Amnistía Internacional, la Asociación Americana de Juristas, la Comisión Internacional de Juristas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, FEDEFAM, el Consejo Canadiense de Iglesias, Human Rights Watch, la Federación Sindical Mundial, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Organización Mundial contra la Tortura, Franciscanos Internacional y 99 organizaciones colombianas del más variado tipo.
Los principales cuestionamientos al gobierno colombiano tienen que ver con el involucramiento de la población civil en el conflicto armado; la declaratoria del estado de excepción que desconoce derechos fundamentales; el desmantelamiento de Estado social y de derecho; los nuevos factores de impunidad que otorgan poderes exorbitantes al Fiscal General de la Nación; la actitud hostil hacia los defensores de derechos humanos; la pretensión de indultar a los grupos paramilitares responsables de la mayoría de violaciones de derechos humanos y ataques a la población civil; la erradicación forzada de cultivos ilícitos y las fumigaciones en áreas campesinas; la ausencia de políticas de derechos humanos y derecho humanitario y lo no-cooperación con Naciones Unidas, en tanto cumple los requerimientos del FMI y del Banco Mundial aún en perjuicio de los derechos de la población.
La violencia socio-política continúa agravándose. Entre julio de 2001 y junio de 2002, un promedio de 20 personas fueron muertas o desaparecidas de las cuales el 85% son atribuidas a agentes estatales y grupos paramilitares y el 15% a las guerrillas. Entre enero y diciembre de 2002, 17 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios y desaparición forzada. Entre enero y octubre de 2002, se desplazaron forzadamente más de 353.100 personas, con un promedio de 1.284 diarias.
Hay un creciente deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales. La concentración del ingreso aumentó del 0,54 en 1980 al 0,57 en 1999; el índice de pobreza es del 60%; el 2 por ciento de propietarios posee el 53% de la tierra; el desempleo es del 16%; 3 millones de niños y niñas están fuera del sistema escolar, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas.
El deterioro de la situación de los derechos humanos en Colombia, según Peter Drury, de Amnistía Internacional, se da en un marco de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas, que utilizan a los grupos paramilitares, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fuerzas guerrilleras que tampoco respetan el Derecho Internacional Humanitario. Drury hizo mención al intento de involucrar a la población civil en la lucha contra- insurgente a través de la propuesta de Alvaro Uribe de crear una red de 1 millón de informantes y un ejército a " tiempo parcial" de 150.000 campesinos para que colaboren activamente con la policía y las fuerzas armadas en la lucha contrainsurgente. El gobierno ha emprendido una agresiva política de persecución a la población civil a la que considera cómplice o auxiliadora de las guerrillas. Numerosos civiles han sido asesinados fuera de combate. Hay un ataque sistemático a los defensores de los derechos humanos. Varios testigos de procesos judiciales que las autoridades judiciales llevaban a cabo contra militares y paramilitares han sido perseguidos o encarcelados.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Sergio Vieira de Melo, en su informe del 2002, señala que mediante el estado de excepción, declarado en agosto de 2002,"las autoridades desarrollaron (...) una política de allanamientos a gran escala y capturas masivas. La Oficina recibió varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de procedimientos incompatibles con los principios internacionales, en particular el de la protección contra las privaciones arbitrarias de libertad y los de legalidad y de inocencia".
Si bien hay responsabilidad de los paramilitares y guerrilleros en la violación de los derechos humanos, es "igualmente claro que el principal responsable de esta crisis es el Estado colombiano, que ha sido incapaz de proteger a la población frente a las agresiones de la guerrilla y los paramilitares, que ha sido igualmente incapaz de romper los vínculos entre los grupos paramilitares y múltiples agentes del Estado, que mantiene y actualmente promueve una grave impunidad, que desarrolla acciones violentas contra la población y que, además, ha decidido en los últimos meses emprender una agresiva campaña para desmantelar el Estado de derecho", asegura la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
La Federación Sindical Mundial (FSM), expresó su preocupación por la violencia ejercida contra líderes sindicales y trabajadores. "Las ejecuciones, desapariciones y detenciones de líderes sindicales han persistido con impunidad. Hasta que se inició el 59avo período de sesiones de la CDH, la situación en Colombia no ha cambiado y las violaciones de los derechos sindicales no han sido detenidas", dijo Aída Avella, de la FSM. En el último año, 184 trabajadores han sido asesinados, 13 de ellos por grupos paramilitares.
Agustín Jiménez, de la Organización Mundial contra la Tortura, manifestó que la política de seguridad democrática del gobierno colombiano está supuestamente dirigida a atacar a los grupos armados y paramilitares, pero en realidad constituye un mecanismo de persecución a opositores civiles, pretendiendo acallar a la oposición democrática.
Por su lado, Jairo Sánchez, de la Asociación Americana de Juristas, manifestó que la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia se deteriora cada día porque el actual gobierno, al igual que el anterior, ha hecho muy poco para cumplir las recomendaciones internacionales para mejorar la situación. Hay falta de voluntad política por parte de las autoridades para convertir a Colombia en un estado de derecho y democrático, subrayó.
Finalmente, Robert Faris, del Consejo Canadiense de Iglesias, expresó que a pesar de los desmentidos, continuaba convencido que la relación entre las fuerzas de seguridad del Estado, los funcionarios públicos y los grupos paramilitares era generalizada y se mantenía vigente. "Esta alianza clandestina está detrás de la gran mayoría de los asesinatos políticos y desapariciones en Colombia. Las fuerzas de seguridad colombianas han utilizado "la guerra contra el terrorismo" para ejecutar arrestos arbitrarios y allanar las sedes de sindicatos y de respetables organizaciones que promueven la paz. Han aumentado el número de colombianos asesinados, desaparecidos, internamente desplazados y forzados al exilio, entre ellos promotores comunitarios, sindicalistas, activistas sociales, líderes indígenas y defensores de derechos humanos y miembros de las iglesias", enfatizó.