Human Rights Watch acusa a diplomáticos colombianos y asesores presidenciales de convertir a defensores de derechos humanos en objetivo de los paramilitares
Mediante una carta dirigida al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, la organización de derechos humanos Human Rights Watch denuncia el "grave riesgo que representa para la seguridad de los organismos defensores de los derechos humanos la acusación continua y cada vez más reiterada de supuestos vínculos entre ONG de derechos humanos y guerrillas". Según Human Rights, "tales acusaciones han sido formuladas por diplomáticos, altos mandos militares y algunos particulares que, de una u otra forma, se encuentran en posiciones cercanas a las altas esferas oficiales del Gobierno" de Alvaro Uribe.
El organismo de derechos humanos cita múltiples ejemplos. Durante una conferencia auspiciada por el Ejército de los Estados Unidos y celebrada en Washington, D.C., el 10 de abril del presente año, el Brigadier General José Arturo Camelo, Director Ejecutivo de la Dirección de Justicia Penal Militar, acusó a las ONG de derechos humanos de llevar a cabo una "guerra jurídica" contra los militares. Más aún, denunció que dichas organizaciones eran "amigas de la subversión" y que formaban parte de una estrategia coordinada por las guerrillas.
Otra persona que se ha caracterizado por su agresividad verbal contra las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos es el columnista de El Espectador Plinio Apuleyo Mendoza, ahora embajador de Uribe en Lisboa. Según Human Rights, Apuleyo "cuenta con un extenso récord de acusaciones infundadas y ofensivas contra fiscales y organizaciones de derechos humanos, especialmente contra Human Rights Watch, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"". Un ejemplo es su columna de despedida de El Espectador del 24 de noviembre de 2002 tras aceptar su designación como representante diplomático. En ella afirmó que "los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos encontraron su alma gemela en el marxista chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (...) En el caso de Vivanco se comprende tal fobia, pues, adolescente aún, debió haber quedado marcado para siempre por los desafueros atroces del general Pinochet y de sus compañeros de armas. Sólo que, llevado por un secreto furor vindicativo, ha hecho extensiva tal fobia a los militares colombianos. De esta manera, lograron enjuiciar a los mejores oficiales del Ejército, para alegría de Tirofijo y del Mono Jojoy".
Acusaciones de ese tipo, según Human Rights, hacen peligrar la integridad de los "fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que están investigando graves casos de violaciones a derechos humanos". La preocupación de las organizaciones de derechos humanos fue transmitida al presidente de Uribe y al vicepresidente Francisco Santos, éste último afirmó el 26 de noviembre de 2002 que "el gobierno no compartía las mencionadas afirmaciones" de Apuleyo. Días después tomaba posesión de su cargo de embajador, lo que no puede más que interpretarse como un respaldo.
Asimismo, Human Rights también cita una entrevista al Pedro Juan Moreno Villa, consejero presidencial en materia de seguridad e inteligencia y Secretario de Gobierno de Uribe durante su cargo de Gobernador de Antioquia. Moreno se refirió a las ONG en los siguientes términos:
"[Una central de inteligencia debe buscar](...) una información que debe ser depurada por analistas que son conocedores y expertos en cada uno de los blancos: FARC, ELN, EPL, narcotráfico, Autodefensas, las ONG, delincuencia común (…) A las ONG también hay que hacerles inteligencia, porque son las que se han tirado este país. Hay muchas que son de izquierda. Esos son mecanismos que se inventaron la subversión y los violentos para poder posesionarse (…)".
Human Rights termina solicitando el presidente colombiano que ordene "a las autoridades, tanto civiles como militares y a todos los servidores públicos que se abstengan de calumniar, denigrar y proferir ataques o amenazas infundadas contra las ONG de derechos humanos tanto nacionales como internacionales" con el objetivo de que se garantice que "los organismos defensores de los derechos humanos puedan desarrollar sus actividades en defensa y promoción de estos derechos en un clima de respeto y tolerancia y no de persecución".
Asimismo, le solicita que si "se presume o sospecha actividades delictivas de alguna ONG o de alguno de sus integrantes, estos hechos deben ser investigados cuanto antes por las autoridades judiciales competentes, para despejar cualquier duda sobre el trabajo de organismos que defienden los derechos humanos en Colombia".
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