Wilson García Mérida

Datos & Análisis
Tras invertir más de 56 millones de dólares en los últimos años, un centenar de empresarios agroindustriales y hoteleros del Trópico de Cochabamba han perdido alrededor de $us 26 millones fruto de la política guerrerista de Estados Unidos en las políticas para erradicar cocales

Si no lo habría escrito Jeffrey Sachs, nadie lo habría admitido: "Bolivia cometió un peligroso, tal vez fatal, error al hacer efectivo el reclamo estadounidense de erradicar la coca" (1).

Según el famoso economista neoliberal, entre 1997 y el 2001, es decir el lapso en que rige la erradicación militarizada, el país logró reducir de 33.000 a 8.000 hectáreas de plantaciones de coca, en un "éxito" cuantitativo alcanzado no sólo a costa de sangre y muerte entre campesinos, militares y policías; también los empresarios tuvieron que pagar un costo con su propia bancarrota.

"Tan errático es el poder de EEUU que presionó a Bolivia a hacer su voluntad sin proveer ninguna alternativa realista. Débiles programas de sustitución de cultivos (que las autoridades estadounidenses sabían en el terreno que eran insuficientes e inadecuados) fueron cínicamente desarrollados", observa Sachs (2).

Una mayoría de los empresarios bolivianos que se metieron en esta camisa de once varas, dando fe a la palabra de los asesores norteamericanos que impulsaron la militarización del Chapare, están convencidos que el problema de la coca no debería reducirse a un enfrentamiento con los cultivadores. Para estos inversores, el conflicto con los cocaleros es apenas un episodio de esta problemática en su dimensión estructural. No son sólo los cocaleros y su drástica intransigencia sindical los responsables del fracaso empresarial en el Chapare; lo son también (y fundamentalmente) el Estado boliviano y su negligencia institucionalizada, así como la Embajada de Estados Unidos y su errática y constante injerencia sobre las decisiones internas.

La militarización de Banzer

En 1988, el gobierno de Banzer decretó la militarización de los cocales en el trópico de Cochabamba movilizando 2.000 efectivos del Ejército para erradicar, a la fuerza, cultivos excendentarios de la hoja. La idea fue de Manuel Rocha, el entonces embajador de EEUU.

Según el banzerismo, la erradicación militarizada de cocales definida bajo el plan "Coca Cero" iba a permitir eliminar el circuito de la droga en menos de cinco años. Y ese plan se legitimaría con una decidida incursión empresarial bajo la garantía de la militarización que, se decía, creaba "un clima de paz y prosperidad propicio para la inversión privada".

Fue entonces que importantes sectores del empresariado nacional, en su mayoría con base en Cochabamba, se lanzaron en masa al Chapare, apoyados incluso por la banca privada, y cayeron en la boca del lobo.

Apenas dos años después de la ejecución armada del plan "Coca Cero", la reacción campesina ante la agresión de los militares erradicadores produjo, en septiembre del año 2000, el primer bloqueo de gran magnitud a lo largo de la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, cerrando el acceso a usuarios y consumidores. El daño económico sufrido por los inversores cochabambinos fue casi irreversible. Y fue cuando estos mismos empresarios cayeron en cuenta que la erradicación militarizada de cocales no era precisamente la mejor garantía para promover inversiones legales en esta zona.

Cómo perder $us 26 millones

El pasado 15 de marzo, en Villa Tunari, los empresarios del Trópico de Cochabamba realizaron un congreso zonal donde cuestionaron el hecho de que "Estados Unidos tenga que definir cómo se aplican los programas de desarrollo alternativo sin tomar en cuenta la opinión de los directos interesados" (3). Reclaman que el Chapare "no son sólo los cocaleros, el Gobierno y el PDAR": un círculo del cual los empresarios se consideran sistemáticamente excluidos.

Según el empresario Oscar Bakir, durante la última década la cooperación internacional canalizó hacia el Chapare alrededor de 50 millones de dólares que fueron exclusivamente destinados a tareas de erradicación y programas sustitutivos que se diluyeron en consultorías, asesoramientos y otras malversaciones a cargo de frondosas burocracias en los organismos ejecutores. Frente a ello, las inversiones realizadas por el sector privado nacional, incluso ya mucho antes del plan "Coca Cero" (y sin contar las inversiones petroleras) superan los 56 millones de dólares (ver cuadro 1) que en el reciente quinquenio, y particularmente a partir de los bloqueos del año 2000, han sufrido un colapso con ribetes de tragedia.

Fruto del abandono estatal que sufre la inversión privada en el Chapare, así como de la política militarizadora de Estados Unidos junto a la violencia sindical cocalera, un centenar de empresas nacionales (muchas de ellas asociadas a inversores extranjeros) que operan en rubros agroindustriales, exportadores y hoteleros, han sufrido una pérdida conjunta estimada en 26 millones de dólares (ver cuadro 2).

Esta cifra fue calculada en base a reportes oficiales sobre pérdidas semanales, en cada una de las unidades empresariales, que registró el Departamento de Apoyo a las Inversiones (DAI) dependiente del PDAR. Desde que el Chapare se convirtió otra vez en tierra de nadie, los empresarios, atrapados sin salida en este polvorín tropical, pierden cada semana un total de 685.400 dólares por la falta de acceso a los mercados y la creciente pérdida de interés turístico sobre esta zona.

No a las intrigas de Greenlee

Muchos de estos empresarios en déficit ya enfrentan las consecuencias de la usura coactiva bancaria, han perdido sus bienes hipotecados en la ciudad, ya no son sujetos de crédito y más de uno se halla al borde del suicidio.

El 29 de marzo pasado, durante una reunión sostenida en Cochabamba, los empresarios tropicales entregaron a manos del presidente Sánchez de Lozada un Plan de Salvataje que contempla la creación urgente de un Fondo de 10 millones de dólares para reactivar y sanear las inversiones afectadas.

De hecho, en caso de no resolverse esta crítica situación con la prioridad del caso, este sector empresarial abandonará definitivamente el trópico de Cochabamba y según anunció el representante de los empresarios hoteleros Arturo Murillo, se entablará una demanda contra el Estado exigiendo resarcimiento por daños y perjuicios.

Lo llamativo de esta iniciativa defensiva y gremial es que los empresarios del Chapare apuntan su interpelación al poder del Estado y no ataca a los cocaleros, como pretende un "exitoso" abogado incrustado en el sector, cual agente del Gobierno y de la Embajada norteamericana (quien además usurpa el título de periodista y funge como "columnista estrella" de un diario local), azuzando a los angustiados inversionistas para desatar querellas judiciales contra dirigentes campesinos, los que a su vez reaccionan, alentados por el llamado Estado Mayor del Pueblo, hostigando violentamente a estos empresarios clientes de dicho abogado famoso por sus onerosos honorarios. Esta reducción abogadil del problema cocalero (hostigar y amedrentar judicialmente a los campesinos), forma parte de las intrigas diseñadas por el embajador de EEUU David Greenlee, en el afán de culpabilizar a los cultivadores sobre la dramática situación del Chapare, desviando la atención sobre los verdaderos causantes del problema, es decir el Estado boliviano con sus políticas de abandono y la el gobierno de Estados Unidos con sus políticas represivas y anticampesinas.

La mayoría de los empresarios que sufren en carne propia las consecuencias de la militarización, han desarrollado una conciencia nítida en torno a que la causa de su drama no son los cocaleros aún cuando éstos abusan de su poder sindical con excesos de violencia. "El problema es más profundo, es estructural, y le compete al Estado y a la propia cooperación internacional redefinir el rumbo de sus políticas en el Chapare", dice Oscar Bakir.

En ese contexto, surge incluso una corriente empresarial que está decidida a respaldar la aceptación de un cato de coca como cultivo transitorio que permita pacificar el Chapare y reactivar su potencial productivo y turístico, sin entrar en el juego sucio de la confabulación y el enfrentamiento . (wgm@bo.net).

Notas

1- Traducido del Financial Times por Carlos Morales. Publicado por el Grupo Canelas el pasado 10 de abril en La Prensa y Los Tiempos, el artículo de Sachs critica la política guerrerista de Bush contra la coca.

2- Ibid.

3- Declaraciones de los empresarios Arturo Murillo y Oscar Bakir reflejadas por Los Tiempos, marzo 16 del 2003.

C U A D R O 1

Principales inversiones lícitas en el trópico de Cochabamba
(en dólares americanos)

Asociaciones de Productores

Productores de Banana 11'000.000
Productores de Palmito 5'760.000
Productores de Piña 9'000.000
Otros Productores 7'419.240
Subtotal 27'425.000

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Plantaciones y procesado

Banabol (plantación) 1'605.000
Trópico de Cochabamba 2'950.000
ESAF (vivero) 1'260.000
Hnos. Escóbar 3'800.000
Otros 5'087.000
Subtotal 14'702.000

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Hoteles y Turismo

Chapare Tropical Resort 3'000.000
Los Tucanes 800.000
Hotel Victoria Resort 756.000
Banana Resort 460.000
Los Naranjos 380.000
Las Palmas 350.000
Los Pozos 150.000
Otros 490.000
Subtotal 6'386.000

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Otros Rubros

Proveedores y Servicios 2'337.000
Donaciones privatizadas 5'550.000
Subtotal 7'887.000

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Total Inversiones 56'400.000

Fuente: Asociación de Empresarios del Trópico de Cochabamba

C U A D R O 2

Pérdidas semanales causadas por la militarización del Chapare
(en dólares americanos*)

Banano 213.500
Palmito 117.500
Frutas deshidratadas 11.100
Lácteos 7.000
Otros productos 84.800
Turismo 80.000
Transporte 30.000
Otros servicios 141.000
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Total Pérdidas Semanales 685.400

En los rubros productivos las pérdidas se calcularon tomando en cuenta la suspensión de ventas comprometidas a los mercados locales y de exportación.