Latinoamérica

Miguel Ángel Ferrari
http://www.hipotesisrosario.com.ar

El próximo sábado se cumplirán cinco años del primer triunfo electoral del actual presidente venezolano Hugo Chávez Frías. El coronel golpista, como les gusta nombrar a Chávez a muchos medios informativos que apoyaron a cuanto golpe de Estado se diera en América latina, ganó esas elecciones con el 60 por ciento de los votos. El candidato derrotado, Henrique Salas, no pertenecía ni a la socialdemócrata Acción Democrática, ni a la formación democristiana COPEI, era simplemente un candidato independiente de centro derecha. Las dos fuerzas tradicionales, corruptas hasta la médula, se retiraron días antes de los comicios ante la repulsa de la ciudadanía.

El acceso a la presidencia por parte de Chávez, indudablemente, marcó una nueva época para este país sudamericano, tan rico en recursos y tan empobrecido por la acción de sus clases dominantes, embanderadas como todas las clases dominantes de Latinoamérica detrás de las ideas del neoliberalismo.

Estos sectores del privilegio, tanto de Venezuela como del resto del continente no pudieron soportar la nueva realidad que estaba naciendo. Enfrentados ante un gobierno dispuesto a realizar transformaciones profundas, verdaderamente estructurales, no se privaron de exteriorizar ese odio que suelen disimular hasta el momento en que consideran que sus intereses de clase están en peligro.

En abril de 1999, el gobierno del presidente Chávez convoca a una Asamblea Constituyente. Y el 30 de julio del año siguiente obtiene otro rotundo triunfo: se aprueba la nueva Constitución a la que denominan Bolivariana. En ella se consagran derechos humanos surgidos de la trágica experiencia vivida en todo el continente, luego de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impartida desde la Escuela de las Américas, donde los oficiales del Pentágono instruyeron en todo tipo de crímenes a los militares latinoamericanos. Uno de los artículos incorporados a la Constitución Bolivariana, establece claramente la obligación -por parte de un uniformado subalterno- de no aceptar órdenes de sus superiores que violen los derechos y garantías de los ciudadanos. Para ser claros: este artículo condena absolutamente a la llamada "obediencia debida".

Esta Constitución, realmente de avanzada, también contiene un artículo que establece la revocatoria de mandatos. Esto es, la posibilidad de remover a un representante (hasta el propio presidente de la República) si la ciudadanía considera que no ha cumplido acertadamente con sus funciones. No hay país en América cuya Constitución contemple este derecho. Precisamente en virtud de este artículo, la oposición venezolana, profundamente antidemocrática, golpista y oligárquica, se halla ejerciendo ese derecho con el propósito de alejar del gobierno al actual presidente Chávez. Trató de hacerlo infructuosamente mediante un golpe de Estado, en abril de 2002, y a través de una huelga y un lock out insurreccional entre diciembre de 2002 y enero de 2003. En ambos casos contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobernantes vasallos, como el de José María Aznar. Este último se apresuró a reconocer al fantoche Pedro Carmona, dirigente empresarial y presidente por un día.

Pero las reformas que más molestan a los sectores del privilegio son - evidentemente- las de carácter económico y social. La Carta Magna venezolana y las leyes de ella derivadas, contemplan el problema de la tenencia de la tierra; la propiedad del Estado de los resortes básicos de la economía, especialmente el petróleo; el tema de la pesca y la organización de sus trabajadores en cooperativas; para solo mencionar algunos aspectos relevantes.

Esta suerte de oligarquía, indolente en lo que hace a promover el desarrollo de la economía. Parasitaria respecto del esfuerzo de la mayoría de la sociedad, prebendaria del Estado al que dicen pretender achicar para hacerlo más eficiente, más especuladora que productiva, imprescindible para el gran capital transnacional como fachada "nacional", esta oligarquía - decíamos- se encuentra por estos días abocada a la tarea de recolectar firmas para lograr la convocatoria a un referendum que le permita remover al actual presidente antes de que culmine su mandato constitucional en 2006.

Mientras la oposición de derecha, con influencia en las capas medias de la sociedad venezolana, juega sus cartas mediáticas a través de canales de televisión, cadenas de radio y periódicos, para mostrar a propios y extraños una considerable capacidad de convocatoria para reunir las firmas necesarias para el llamado a la consulta popular. Las fuerzas partidarias del gobierno no se cansan de denunciar el fraude en que han incurrido los opositores para alcanzar las dos millones cuatrocientas mil adhesiones mínimas necesarias.

En tanto el secretario General de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, que actúa como mediador y el ex presidente estadounidense James Carter y el Centro que lleva su nombre, consideran que la recolección de firmas se realizó en forma normal; un grupo de 52 intelectuales, parlamentarios, líderes sociales y comunicadores, de 35 países del mundo, constataron en las mesas visitadas, "la existencia de documentos paralelos a los definidos por el Consejo Nacional Electoral, cuyo propósito -señalaron- no ha sido aclarado por la Coordinadora Democrática", aludiendo a la organización que nuclea a la oposición.

También estos observadores internacionales advirtieron la existencia de sistemas de cómputo y base de datos en lugares públicos o privados cercanos a las mesas, de carácter paralelo, que podrían suplantar el rol de la Comisión Nacional Electoral. Al tiempo que manifestaron haber recibido "testimonios de personas que han sido objeto de distintas formas de coacción o presiones para firmar, tales como: pérdida del empleo; exclusión de la atención hospitalaria; presiones patronales para realizar la firma como parte de la obligación laboral, y también eventuales firmas de una persona en distintos lugares. Si estos elementos fueran confirmados, podrían acarrear serías dudas sobre el libre ejercicio de la firma", concluyeron estos visitantes extranjeros.

Por su parte, el presidente Hugo Chávez -de un modo más contundente- denunció anoche que el secretario general de la OEA había emitido declaraciones en las cuales justificaba a las cúpulas de la oposición. "Doctor Gaviria, precisó Chávez, yo lamento que usted haya dicho que aquí no ha ocurrido nada grave. Quiero mostrarle este paquete de cédulas de gente que falleció y que ellos querían utilizar en las firmas. Lo que pasa es que el doctor Gaviria ha pasado muchos días en el este de Caracas" finalizó el presidente. El este de Caracas es la zona de la capital venezolana donde viven las familias "acomodadas" y donde el antichavismo es absolutamente mayoritario.

Si la recolección de firmas no es satisfactoria, el odio de clase que rezuman los opositores no permite descartar otro intento de golpe de Estado. Lo importante es el capital, la democracia "va y viene", parecen decir estos discípulos venezolanos del pinochetismo chileno.