Angel E. Pino
Argenpress.info

Con su alineamiento a Estados Unidos en lo exterior, y la aplicación de políticas neoliberales en lo interno, el gobierno del presidente uruguayo, Jorge Batlle, se muestra como el flanco más débil de las corrientes integracionistas predominantes en la región.

Rodeado de gobiernos de corte nacionalistas, como los de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, y Nicanor Duarte en Paraguay, Batlle es visto cada vez más como un interlocutor poco confiable por sus pares del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Fricciones recientes con Argentina por cuestiones relacionadas con los derechos humanos y con Brasil por las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas, tienden a confirmar el aislamiento del mandatario uruguayo en el contexto político regional.

Batlle se comprometió con Kirchner en octubre pasado a colaborar en la investigación para esclarecer el caso de la desaparecida Maria Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo en 1976.

Apenas unas semanas después, sin embargo, anunció sorpresivamente que el caso estaba comprendido en la repudiada Ley de Caducidad, conocida en Uruguay como Ley de 'impunidad', que otorga perdón a los represores de la dictadura militar (1973-1985).

Con esa decisión, facultad exclusiva del Ejecutivo, privó a la justicia uruguaya de continuar la investigación del caso y liberó a los principales encartados por el secuestro y desaparición de María Claudia de ser procesados por el crimen.

El hecho indignó tanto al mandatario argentino, que se negó a recibir 'aclaraciones' de su homólogo uruguayo alegando que prefería discutir el asunto con Tabaré Vázquez, favorito candidato de la izquierda uruguaya para ganar las elecciones presidenciales en 2004.

En medio de la controversia, que ha tenido una amplia repercusión en la prensa de ambos países, las autoridades uruguayas anunciaron que recurrirán a tribunales de controversia del MERCOSUR para denunciar las políticas de subsidios que aseguran mantienen algunas provincias argentinas en detrimento de comerciantes locales.

En otra movida reciente, que también suscitó fricciones con sus socios mayores en el MERCOSUR (Brasil y Argentina), el gobierno de Batlle declaró su voluntad de negociar un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos y acelerar la formación del ALCA.

Esta posición es atribuida a las presiones de Estados Unidos, que ve en Batlle a un seguro aliado para frenar las corrientes integracionistas que encabezan Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela en el cono sur latinoamericano.

En ese contexto, el senador uruguayo Reinaldo Gargano acusó al gobierno la pasada semana de estar aplicando una política exterior dependiente de Estados Unidos para 'pagar el respaldo financiero' que Washington brinda para apuntalar la precaria economía de su país.

Gargano, líder del Partido Socialista (PS) e integrante de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, se quejó de que el canciller Didier Opertti se ha negado reiteradamente a concurrir al Senado para responder a las inquietudes de ese órgano en torno a la política exterior uruguaya.

En el plano interno, mientras sus socios del MERCOSUR están empeñados en desarrollar políticas sociales en beneficio de los sectores de la población más necesitadas, la administración de Batlle insiste en la privatización de las empresas públicas.

A pesar de fuertes protestas, el gobierno anunció la pasada semana el traspaso del Aeropuerto Internacional de Carrasco a dos consorcios extranjeros por 34 millones de dólares, para que explote los servicios de esa terminal aérea, la más importante del país.

Para el próximo 7 de diciembre está previsto un referendo popular impulsado por el Ejecutivo para decidir sobre una ley que permitiría a la administración del presidente Batlle privatizar también la petrolera estatal ANCAP y otras empresas públicas.

La ley es objeto de fuerte debate entre las principales fuerzas políticas uruguayas y la central sindical única (PIT-CNT), dada su incidencia de la precaria situación económica que enfrenta el país como resultado de los programas neoliberales de la administración.

En una extensa declaración publicada el pasado 12 de noviembre en el diario La República, un grupo numeroso de intelectuales, encabezados por los escritores Mario Benedetti y Eduardo Galeano, llamaron a la población a votar contra la iniciativa gubernamental.

'Estamos en contra porque defendemos nuestro patrimonio, porque no queremos seguir entregando el país a los capitales privados y extranjeros, porque la ley y quienes la promueven no nos dan ninguna garantía', expresaron los intelectuales.

El documento, que es firmado por más de dos mil figuras destacadas en los campos de la poesía, el teatro, la música, la plástica, la docencia y el periodismo, señala que 'ahora es más importante que nunca que todos los recursos disponibles se queden en Uruguay'.

Tras subrayar que 'los cambios para un nuevo Uruguay no admiten la menor demora', los trabajadores de la cultura insisten en que ello es necesario 'para sacarnos de la miseria, de la desocupación y el atraso que enfrentamos por la aplicación de políticas neoliberales'.