Marcelo Pereira
BRECHA

El eventual choque entre un gobierno frenteamplista y las grandes emisoras de radio y televisión está lejos de ser inevitable, sobre todo si no se piensa de antemano que lo será.
¿Alguien desea, realmente, que se produzca en Uruguay un duro y prolongado conflicto entre el gobierno y medios de comunicación masiva, por el estilo del que ha vivido en los últimos años Venezuela?* Quizá, pero en todo caso hay más de un actor político y social que no lo desea, pero lo considera posible, probable o aun inevitable si el próximo gobierno es encabezado por Tabaré Vázquez. O sea, casi seguramente.
En esto existe el famoso riesgo de la profecía autocumplida. Si sectores suficientemente poderosos se convencen de que el conflicto está próximo, y deciden prepararse para él, sus conductas harán cada vez más probable que estalle la crisis. Como cuando muchas personas con dinero (o algunas personas con mucho dinero) se convencen de que el dólar va a subir de precio, entonces compran dólares para ganar dinero al revenderlo, y de ese modo causan un aumento de la demanda que lleva, justamente, al aumento de la cotización del dólar. Las profecías autocumplidas son un atajo hacia la verificación de la primera ley de Murphy: si algo puede salir mal, va a salir mal. O, en la versión que muchos consideran original: si hay dos o más maneras de hacer algo y una de ellas conduce a la catástrofe, alguien lo hará de esa manera.
El cuento del gato
En la edición del jueves 20 del semanario Búsqueda (página 29) se publicó una entrevista de Elena Risso con Carlos Falco, dueño de Radio Federal FM, Radioemisoras del Este, TV Canal 13 y Minas Cable Visión, integrante desde hace siete años del Directorio de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu) y presidente de esa institución empresarial desde octubre, por un período de dos años que estará a caballo entre el actual gobierno y el próximo.
Un fantasma venezolano sobrevuela la mayor parte de esa entrevista.
Falco deploró las dificultades económicas del sector, pero también su división, con inusual transparencia para exhibir sus concepciones. 'Gozamos de muy mala salud. Nos peleamos todos con todos'; 'eso ha debilitado el poder, ha debilitado el servicio, y bueno, la primera misión de Andebu sería recuperar eso (el poder, obviamente) para después servir a la comunidad', afirmó. Hay que 'juntar a las partes para que rindamos más y todos podamos lograr algo de eso'; 'buscar la manera de no pelear entre nosotros y de pelear con los demás', añadió.
¿Con quién podría tener que pelear Andebu? Entrevistadora y entrevistado exploran en la misma dirección, a partir de la hipótesis de que un gobierno encabezado por Tabaré Vázquez revisaría las concesiones vigentes de ondas de radio y televisión, con la intención de revocar permisos que son precarios y revocables de acuerdo con las normas vigentes, pero que de hecho suelen parecer eternos. Y es interesante observar cómo se construye esa hipótesis. El proceso recuerda al viejo chiste del individuo al que se le pincha un neumático del auto en la carretera y, mientras se acerca a una casa cercana para pedir un gato y cambiar la rueda, se convence de que no se lo van a prestar.
La periodista recuerda que 'un documento aprobado en julio por la Unidad de Medios de Comunicación de la Comisión de Programa del Encuentro Progresista-Frente Amplio señala que en muchos casos 'las concesiones de ondas otorgadas por los últimos gobiernos han consolidado en muchos casos los vínculos entre los medios y cierto sector político'. Falco dice no creer que sea así, aunque 'pudiera en algún caso haber ocurrido', y asegura que tanto él como los demás empresarios del sector que conoce 'dan a todos por igual' cuando se relacionan con los sectores políticos.
Risso quiere saber cómo piensa el presidente de Andebu que sería la relación de esa institución con un probable gobierno de izquierda. 'Sé que no voy a tener ningún problema en trabajar, aunque nunca voy a comulgar con ellos', responde Falco. 'Tengo mi color** y mi bandera, pero no los pongo en la empresa', abunda.
Entonces la periodista trae a colación una frase del presidente del EP-FA recogida por Carlos Liscano en su libro Conversaciones con Tabaré Vázquez: la frase en la que el político anuncia que dejará claro 'a quienes se sienten dueños de los medios de comunicación, sobre todo radiales y televisivos, (…) que los dueños somos nosotros'.
¿Qué significa esa frase? Falco dice que no le queda muy claro, y supone que el 'nosotros' de Vázquez se refiere al gobierno ('el gobierno siempre es el dueño', comenta). Se trata de un error conceptual, y Vázquez aclara en el libro que 'las ondas son del Estado, son del país y nos pertenecen a todos', por lo cual es prioritario 'abrir esto, con la máxima libertad posible', pero esa precisión no se realiza en la entrevista, que ya va en picada rumbo al plato fuerte.
'Yo soy el dueño de Emisoras del Este -dice el empresario- y, por idiosincrasia, como lo he trabajado durante 46 años, ya hoy están mis nietos. Tendría que seguir así. Pero si el gobierno me lo quita, bueno ¡yo qué sé!'. Enseguida relativiza su afirmación: 'No creo que sea el sentido. Habría que ver muy bien con Tabaré Vázquez qué es lo que quiso decir con eso. Él ha recibido ayuda de todos nosotros y supongo que lo ha de saber valorar igual'. Pero la pregunta siguiente no es '¿Igual que quién?', sino '¿Le parece que si la izquierda llega al gobierno va a revocar los permisos existentes?' (y ya parece que serían revocados todos los permisos).
Falco acaba de decir que no creía que hubiera tal intención, pero él también agarra la bajada y contesta: 'Pienso que sería una cosa catastrófica, que no puede hacerlo. Pero si quiere hacerlo, yo qué sé…'.
Y de ahí vamos, por inquietud periodística, a si 'Andebu tiene alguna forma de evitarlo'. Falco da vueltas alrededor del asunto, alude a 'defenderse' con aliados nacionales e internacionales, enfatiza que 'no se conocen antecedentes en el mundo de que alguien haya hecho eso', insiste en que 'barajar y dar de nuevo (…) es imposible', y concluye que, como los titulares de las concesiones no han 'hecho nada para que nadie les pueda quitar los medios', en los cuales tienen 'derechos adquiridos' por las inversiones realizadas y el lugar ganado en el mercado, 'si alguien viola los derechos, bueno, estaría violando la Constitución'. Y 'si viola la Constitución, se acabó la democracia'.
De modo que Búsqueda destacó en su portada: 'Andebu advierte que si un eventual gobierno de la izquierda revoca permisos para ondas de radio y TV estaría violando la Constitución y, como consecuencia, acabaría 'la democracia''.
Convergencia
Hay en la izquierda quienes apuntan en forma simétrica a la perspectiva de que la situación uruguaya se 'venezolanice' (un horrendo neologismo que no debería ponerse de moda): sobre la base de que los medios de comunicación masiva están en manos de intereses profundamente reaccionarios, prevén que sus dueños se portarán con Vázquez como los de Globovisión con Chávez y, al igual que ese presidente ex golpista, tienden a concebir un cuadro de situación en el que los medios serán amigos o enemigos. Es crucial señalar, sin embargo, que esa visión del asunto no ha predominado entre quienes se ocupan de preparar, desde el punto de vista programático, un gobierno de la Nueva Mayoría.
Por otro lado, gran parte de los concesionarios son, como es común en la industria uruguaya, más rentistas que empresarios. Vegetan en forma mediocre sobre la base del riesgo mínimo, el mercado cautivo y las amistades protectoras, sin que nada -ni siquiera la posibilidad de lucro en mayor escala- suela tentarlos a cambiar de actitud. En esa disposición anímica, la ideología y el pancismo se potencian para que ni siquiera se les haya ocurrido adaptar sus programaciones al gusto de un público que vota mayoritariamente a la izquierda. Eso potencia las percepciones de conflicto en puerta y contribuye a que la izquierda casi no encuentre interlocutores en los grandes medios.
Pero, ¿busca realmente la izquierda esos interlocutores? Hasta ahora no ha parecido que lo intente con decisión, ni está muy claro a qué juega: no suele movilizarse, en el estilo más tradicional, para defender los derechos laborales de los trabajadores del sector (la declaración de la Mesa Política frenteamplista sobre el conflicto en La República, el lunes 24, fue excepcional) y tampoco explora alianzas con sus patrones, por el estilo de las que ha procurado con otros sectores empresariales.
¿Será ingenuo desear que la prioridad de un gobierno de izquierda, en el terreno de los medios de comunicación, sea favorecer el ejercicio libre y digno de la labor periodística? Sí, será ingenuo. Cualquier gobierno desea poder evitar escándalos con una llamada telefónica. Es natural, además, que los políticos tiendan a ver a los periodistas encumbrados como competidores en la tarea de formar opinión pública, y a los demás trabajadores del sector como simples soldados de sus jefes, alineados ideológicamente con ellos. Muchas veces los periodistas confirmamos, con nuestra conducta en el oficio, esa percepción, cuyo corolario lógico es que conviene negociar con los caciques, sin preocuparse mucho por los indios.
El conflicto de La República muestra las limitaciones de ese enfoque. Si hay en este momento tanta gente común asombrada por lo que ocurrió, la responsabilidad es en gran medida de los políticos de izquierda que, durante muchos años, decidieron desentenderse de la conducta como empresario y patrón del director del 'multimedio plural', porque lo consideraban un aliado o un mal necesario. Si se asume que la izquierda necesita un aliado así, luego no hay alternativa, porque nadie fasanea como Federico Fasano.
Notas:
* Pese a la intensidad de ese conflicto, hay que tener presente que el presidente venezolano, Hugo Chávez, no ha intentado clausurar los medios de comunicación masiva empleados por sus propietarios para hostigarlo en forma continua, apoyar el efímero golpe de Estado contra él en abril de 2002, respaldar la huelga que buscó desalojarlo del poder, desde diciembre del mismo año, durante dos meses y apoyar en los últimos la recolección de firmas para realizar un referendo revocatorio de su mandato.
** Colorado