Paola Visca(*)
Integración Sur

Tanto en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio como en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), uno de los temas más controvertidos, y que ha provocado la reacción desde distintos sectores de la sociedad civil, es el de las inversiones. En los dos casos se ha intentado regular el flujo de inversiones bajo la forma de reglas comerciales.

En los últimos años casi todos los países liberalizaron ese sector, convencidos que favoreciendo la entrada de capitales se alimentaría el motor del crecimiento económico, y con ello mejoraría la productividad o se generarían más fuentes de trabajo entre otros beneficios. La propuesta original del ALCA pretende profundizar esa liberalización y el mismo propósito se mantiene en varias negociaciones bilaterales. Este camino esencialmente repite las regulaciones del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), las que se ampliarían para todo el resto del continente.

Sin embargo, la experiencia de México bajo el TLCAN muestra que si inicialmente llegaron masivamente inversiones, ello no mejoró necesariamente sus condiciones económicas, y mucho menos las sociales y ambientales. Para empeorar más las cosas, México ha perdido buena parte de sus capacidades para revertir los efectos negativos asociados a algunas de las actividades desencadenadas por ese flujo de inversión, ya que esos mismos acuerdos de comercio limita seriamente las capacidades nacionales de establecer estrategias en desarrollo, o atender la calidad de vida y las condiciones ambientales.

La inversión bajo el TLCAN

En México, a fines de la década de 1980, bajo la presidencia de Salinas de Gortari, se concretó un proceso de apertura y liberalización. Sus defensores sostenían que la apertura de los mercados y reducción del papel del Estado buscaba generar un sector manufacturero competitivo internacionalmente, con el supuesto objetivo de modernización, incremento de las exportaciones y crecimiento del empleo. Buena parte de ese proceso tuvo lugar bajo el TLCAN, y en su seno se confeccionó un capítulo específico para asegurar el libre flujo de inversiones, y que ahora sirve de inspiración a las negociaciones de otros acuerdos.

Podemos preguntarnos cuáles han sido los resultados de ese proceso, y más específicamente si el aumento de inversiones realmente logró los objetivos de potenciar la industria y aumentar la demanda de empleo. Esas cuestiones son analizadas en un reciente estudio realizado por Kevin Gallagher y Lyuba Zarsky de la Universidad de Tufts, donde se analizan los efectos de la Inversión Extranjera directa (IED) sobre el sector manufacturero en México desde el año 1994, con la plena vigencia del TLCAN, al 2000.

En 1994 entraba en efecto el TLCAN y la inversión extranjera estaba en el centro de la estrategia de desarrollo mexicana. Los 90 registran niveles sin precedentes de IED a nivel mundial, donde México tuvo una posición "privilegiada", alcanzando el tercer lugar entre los países en desarrollo que atrajeron más IED, precedido por China y Brasil. Entre 1994 y 2002 México recibió 12 mil millones de dólares de promedio anual.

La masiva llegada de capitales no fue pareja: tendió a concentrarse en los alrededores de Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, asociada a las maquilas. Las manufacturas y los servicios financieros se llevan casi el 75% de los flujos de IED entre 1994 y 2002, mientras que la agricultura, minería y construcción no alcanzan cada una al 1%. El origen de la inversión estuvo esencialmente en Estados Unidos (alcanzando el 67% del total desde 1994), y en su mayor parte estuvo orientada al sector manufacturero.

A consecuencia de los grandes flujos de inversiones, las exportaciones más que se triplicaron. Sin embargo, Gallagher y Zarsky plantean que existen dos fuentes de inestabilidad en la situación mexicana: por un lado, el crecimiento de las importaciones fue aún mayor que el de las exportaciones; y por otro, que el plan de estabilización basado en un ancla nominal cambiaria para controlar la inflación derivó en un peso sobrevaluado, contribuyendo así a pérdida de competitividad y más déficit de la cuenta corriente. Estos factores demuestran que la estrategia emprendida no era sustentable en el largo plazo.

Apertura en las inversiones y sustentabilidad

El estudio de la Universidad de Tufts avanza un paso más allá de la perspectiva económica tradicional apuntando al desarrollo sostenible, incorporando aspectos sociales y ambientales. Con ese fin se considera varios factores relacionados con el desarrollo sustentable: económicos (incrementar la capacidad productiva de los trabajadores y firmas mexicanas), ambientales (mejorar la performance ambiental de las empresas, nacionales o extranjeras) y sociales (disminución de la brecha de desigualdad entre ricos y pobres, especialmente creando empleo).

Para evaluar cada uno de esos factores se tomaron distintos indicadores: por ejemplo, dentro de los económicos consideraron el conocimiento y la capacidad de innovación como vehículo para incrementar la productividad. Al revisar las publicaciones científicas, se observa que en 1981 México superaba ampliamente a Corea del Sur, pero entre los años 95-2000, México apenas realizó 2024 publicaciones y Corea trepó a 5219. Por otro lado, entre 1995 y 2000 la investigación y desarrollo (I+D) en la manufactura como porcentaje del producto manufacturero se situó en México un 0,22%, contrastando el 2,66% registrado en Corea del Sur. México también pierde en el promedio de científicos e ingenieros, así como en el número de patentes solicitadas. Todos estos datos muestran que esa IED no logró generar un fuerte empujón a la investigación e innovación propia de México.

Con respecto al impacto ambiental de la industria manufacturera dirigida a la exportación, varios estudios recientes coinciden en un incremento en la polución industrial; ese aumento es mayor al propio crecimiento poblacional y mayor al crecimiento de la economía en su conjunto desde los 80s. Hoy en día, la contaminación del aire no es solamente un problema de Ciudad de México, sino también en otras zonas. Una muestra de 44 empresas estadounidenses en México mostró que las mejoras ambientales, tales como invertir en el tratamiento de aguas, estaban motivadas por la regulación e imposición por las autoridades mexicanas.

Aunque el gasto en protección ambiental creció notoriamente entre 1988 y 1993, entre 1994 y 1999 cayó un 45%. Si bien a pesar de esa caída sigue siendo mayor al de épocas anteriores, en relación a los países de la OCDE es el menor gasto ambiental entre los países industrializados. En términos per cápita, los países de la OCDE, en promedio, gastan seis veces más que México.

Al analizar los factores sociales, se consideró por ejemplo los estándares de vida de la población. La posición teórica sostenía que la mejora en los salarios de la industria exportadora absorbería inmigrantes provenientes del campo, aumentando el ingreso y reduciéndose la brecha ricos-pobres. Sin embargo, a finales de 2002, se verifica que los trabajos creados en el sector fueron menos que los esperados. Entre 1994 y 2000 se crearon un total de 637 000 puestos de trabajo, pero en esos mismos años se sumaron 6,5 millones de personas a la población económicamente activa. Esto significa que el sector manufacturero solamente pudo absorber menos de un 12% de las personas que buscaban trabajo por primera vez. En el sector manufacturero el crecimiento del empleo ha ido disminuyendo desde 1997.

A pesar de registrarse un incremento del 18% en la productividad, los salarios en la industria manufacturera han disminuido un 13% desde 1994. Además, los salarios reales en las maquiladoras promediaban menos del 80% de los salarios en los demás sectores manufactureros entre 1987 y 1994. Si bien desde 1994 los sueldos en las maquiladoras se incrementaron, todavía permanecían en el 2002 un 14% por debajo del promedio. Queda así en evidencia que la apuesta a la maquila exportadora ni siquiera logra generar empleos con buenos sueldos. Es más, la inversión hacia las maquilas, y las propias industrias ya instaladas, sufren ahora la competencia de la mano de obra de China, donde los salarios son todavía más bajos y las condiciones de trabajo muy deficitarias.

En el plano de la inequidad, si bien México ha venido cayendo el valor del índice de Gini desde 1994, todavía se mantiene cercano al 0,50, mostrando una de las sociedades más desiguales del mundo. Otros indicadores muestran que el alfabetismo entre personas de más de 15 años ha disminuido desde un 11% en 1995 hasta un 9% en 2000, pero en sentido contrario, la población sin educación primaria completa pasó de 24% en 1995, a un 28% en 2000.

Las malas condiciones internas explican que la emigración hacia Estados Unidos aumentó. En los 90, aproximadamente 300.000 mexicanos emigraron a EE.UU. por año, comparados con los menos de 200.000 por año que se registraban en los 80. Por otro lado, la migración dentro de las fronteras se orientó a las zonas más industrializadas, donde la IED tiende a concentrarse.

El estudio Gallagher y Zarsky concluye que de los dos tipos de objetivos planteados por los gobiernos mexicanos en los 90, por un lado incrementar los flujos de IED y consecuentemente las exportaciones manufactureras, y por el otro de desarrollo industrial sustentable, solamente se alcanzó el primero pero no el segundo. El modelo de desarrollo basado en la dependencia en los flujos de inversiones y en las exportaciones, es vulnerable a la inestabilidad financiera y pérdida de competitividad como fue visto más arriba. El Estado pierde buena parte de sus capacidades de maniobra sin lograr alcanzar siquiera los objetivos económicos que proclamaba.

También queda demostrado que, en el proceso de desarrollo, la economía doméstica queda relegada o separada de los sectores exportadores. Desde el punto de vista ambiental, la actuación industrial en México ha empeorado, aumentando los índices de contaminación, en parte por la falta de compromiso de las autoridades nacionales con la regulación ambiental. Por último, la estrategia de integración mexicana no tuvo los efectos positivos esperados en términos de crecimiento del empleo, y no parece haber mejorado la inequidad ni la emigración.

Esta evidencia desnuda buena parte de las limitaciones de las posiciones reduccionistas aferradas a la liberalización de los flujos de capital. Como esas posturas a su vez recortan las capacidades nacionales de regulación e intervención, una vez que los problemas comienzan y se acentúan, las capacidades de reacción son muy limitadas. Los acuerdos de libre comercio del formato TLCAN, y en especial las condiciones sobre inversiones, se vuelven ellas mismas en trabas para intentar cualquier rectificación. Por esta razón ya son muchas las organizaciones y los analistas que reclaman que esos convenios comerciales no deben incorporar los temas de inversión.

(*) Paola Visca es analista de información de D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad - América Latina).