Editorial
La Jornada

Las declaraciones formuladas ayer por Eduardo López Betancourt -quien fuera procurador y secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) en el estado de Guerrero- resultan estremecedoras por sus implicaciones históricas, políticas y humanas. López Betancourt afirmó que, en los años 70, de la base militar de Pie de la Cuesta despegaban aeronaves desde las que se arrojaron al mar personas vivas y cadáveres, hechos que constituyeron una criminal y bárbara operación de aniquilamiento y desaparición de guerrilleros y opositores durante la época de la llamada guerra sucia.

De ser ciertas tales aseveraciones -otras denuncias e indagaciones apuntan también en ese sentido-, el Estado mexicano habría cometido las mismas prácticas totalitarias y delictivas que las dictaduras militares sudamericanas de la época. Así, las atrocidades cometidas por Augusto Pinochet, en Chile, o por la junta militar argentina habrían tenido un atroz correlato en México durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, personajes que en ningún caso se encuentran exentos de responsabilidades en tan graves violaciones a los derechos humanos.

Las acusaciones de López Betancourt deberían, cuando menos, suscitar una profunda, pronta y eficaz investigación a fin de corroborar su veracidad y fincar responsabilidades penales a todos sus responsables sin distinción. Junto a estas necesarias indagatorias, es claro que las perturbadoras similitudes en el accionar de los grupos de represión y aniquilación de opositores en México y el Cono Sur en la década de los 70 permiten suponer que no se trata de una mera coincidencia o de una proximidad fortuita entre las mentes criminales que las perpetraron. Por el contrario, son un indicador más de que en esos oscuros años se difundió a escala internacional una metodología de exterminio planificado y sistemático que fue adoptada por diversos gobiernos para destruir -con la máxima ferocidad y absoluto desprecio por la vida humana- a sus opositores, reales o supuestos. Tal hecho amerita una profunda reflexión a escala internacional.

Si se tienen en cuenta los casos ampliamente documentados de implicación de la CIA en los golpes militares en América del Sur -el caso de Chile es revelador- y las actividades de adiestramiento criminal realizadas en su momento por la tenebrosa Escuela de las Américas, hay firmes evidencias de que las prácticas de tortura, desaparición, asesinato y terrorismo de Estado cometidas en Latinoamérica -incluido México- en los años 70 fueron inducidas desde las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas de Estados Unidos y adoptadas con criminal frenesí por los estamentos más bárbaros y delictivos de los aparatos de seguridad y contrainsurgencia de los países de la región. Tal posibilidad pone de manifiesto que México habría sido parte activa de la política genocida que asoló el subcontinente hace tres décadas y que se prolongó en algunas naciones hasta los años 80.

Mientras tales crímenes de Estado permanezcan impunes, México no podrá transitar efectivamente por la vía de la justicia y la democracia, las víctimas de la represión, sus familiares y los mexicanos en general seguirán agraviados, la legalidad no será una realidad efectiva y los riesgos de nuevas atrocidades seguirán vigentes. Ningún gobierno de México será efectivamente democrático y comprometido con los derechos humanos mientras los crímenes de la guerra sucia y las matanzas del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, de Aguas Blancas y de Acteal -por sólo citar algunos de los más dolorosos e infames momentos de la historia reciente del país- no sean aclarados y castigados conforme a derecho. Por ende, esclarecer a cabalidad y de manera expedita ese terrible pasado y sancionar a todos sus responsables es una obligación jurídica, moral e histórica de la que nadie debe sustraerse. Asegurar un futuro de paz, certidumbre histórica, justicia y democracia para la nación y para los mexicanos pasa necesariamente por ese camino.