Forrest Hylton

La llegada de Donald Rumsfeld a Bogotá, el 19 de Agosto, no fue buena señal para el continente sudaméricano, ya que Rumsfeld representa las tendencias más extremistas y oscurantistas dentro del Pentágono, y Uribe es su aliado más firme del hemisferio. En su visita Rumsfeld se comprometió a compartir información satelital en tiempo real con Uribe y entrenar más batallones antiterroristas, además, felicitó a Uribe por sus supuestos éxitos en la lucha contra "las drogas y el terror". Uribe oficializó su proceso de "paz" con los paramilitares (AUC) a mediados de julio pasado, a pesar de que éstos jamás han combatido al Estado y que, según el Departamento de Estado norteamericano, son un grupo terrorista que tiene vínculos orgánicos con más de la mitad de las brigadas de las fuerzas armadas colombianas. Todas las organizaciones de derechos humanos, tanto colombianas como internacionales, han denunciado la institucionalizacion de la impunidad para los masacradores en serie propuesta por Uribe; todas señalan a los paramilitares como culpables del setenta por ciento de las violaciones de los derechos. No obstante, el gobierno de EU —en las personas de Alexander Lee, Oficial Político, y Stuart Tuttle, jefe de la sección DD.HH, ambos de la embajada— rompió su propia ley e hizo contacto con representantes de las AUC a principios de mayo y, sin renunciar a la petición de la extradición de sus dos jefes máximos, propone aportar 3 millones de dólares para el proceso de "paz" con los trece mil paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
Los paramilitares proponen desmovilizarse gradualmente hasta el 2005, en la medida en que el Estado vaya tomando control de las zonas paramilitarizadas, y a finales de noviembre 700 miembros del Bloque Cacique Nutibara depusieron las armas y comenzaron su proceso de "reincorporación" a la sociedad. Según el comandante ‘Rodrigo’ del Bloque Metro de Antioquia (noroccidente) —quien conoce a Castaño hace veinte años, cuando el joven soldado había regresado de su curso de contrainsurgencia en Israel para trabajar con su hermano Fidel y Pablo Escobar—, el proceso de "paz" está dominado por narcotraficantes que buscan una amnistía política. Con razón: el referendo fracasado que Uribe propuso en octubre tenía entre sus puntos un proyecto de amnistía general para los paramilitares, y otro le hubiera permitido a los culpables de asesinatos y masacres indemnizar a las familias de sus víctimas en vez de ir a la cárcel. Así, Castaño y Mancuso pudieran haberse vuelto operadores políticos —las AUC ya controlan el 35 por ciento del Congreso desde las elecciones legislativas de marzo del 2002— y los paramilitares rasos "desmovilizados" serián indultados e integrados a la red de informantes gubernamentales (con más de 1,5 millones de efectivos actuales) o a las milicias campesinas que "colaboran" con el ejército recogiendo información de amigos y familiares. Es decir, serían "rehabilitados" y convertidos en "ciudadanos modelo".
Ni el hecho de que fracasó el referendo (75 por ciento se abstuvo de participar, lo que representa una victoria por la oposición héterogenea pero dirigida por los sindicatos de trabajadores públicos); ni que la oposición ganó seis alcaldías importantes, incluyendo la de Bogotá, una ciudad de entre 8 y 9 millones de habitantes; ni que el Ministro de Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, conocido como el "superministro", y la ministra modelo Marta Lucía Ramírez, de Defensa, tuvieron que renunciar a sus cargos; nada de eso es suficiente para que Uribe cambie de política respeto a los paramilitares. Siguen los procesos de "paz" con los últimos y la guerra contrainsurgetne contra las FARC y el ELN, que según declaraciones que hizo el señor presidente el 8 de septiembre también debería abarcar a la mayoria de las ongs, calificadas como grupos de "politiqueros al servicio de terrorismo". Uribe también declaró que el movimiento de derechos humanos está vinculado al terrorismo: "Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, los terroristas empiezan a sentirse débiles e inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos". Además, dijo que las ongs que critican su autoritarismo habían convertido a Colombia en un país "postrado por ellos y los terroristas que defienden".
Con respecto a las FARC, un militar colombiano le dijo a Jim Garamone, del Servicio de Prensa de las Fuerzas Americanas, que "si quiebran la voluntad de esos grupos rebeldes, ahí es cuando las negocioaciones van a funcionar". No habrá ningun proceso de paz con las organizaciones insurgentes. Mientras tanto, y a pesar del supuesto "cese al fuego", los paramilitares asesinaron a 83 maestros el año pasado y siguen matando a sindicalistas, dirigentes barriales, activistas de derechos humanos, periodistas y académicos independientes, pequeños expendedores y consumidores de drogas, vendedores ambulantes, indigentes, homosexuales, trasvestis y niños de la calle. Pero no tanto como a campesinos; por ejemplo, los seis afrocolombianos masacrados por los AUC en las áreas rurales de Buenaventura a principios de julio, días antes del acuerdo de "paz" con Uribe; o las cuatro jovencitas guajibas violadas y asesinadas —a una le sacaron el feto de su vientre y lo tiraron al río— en mayo en la reserva Betoyes, Arauca, donde se ha proyectado una carretera que comunica Bogotá con Caracas. Según los guajibos desplazados de la zona, los que perpetraron la masacre eran soldados del Batallón Navos Pardos de la XVIII Brigada del Ejército que portaban brazaletas que decían AUC y ACC —este último un bloque "disidente" que está fuera del proceso de "paz".
El respaldo imperial que Uribe tiene de la administración de Bush no está limitado al Secretario de Defensa. El Secretario de Estado Colin Powell visitó Bogotá en diciembre de 2002, mientras que el 8 de agosto de 2003 llegó Robert Zoellick, el Representante de Comercio, para asegurarle a Uribe que Colombia sería el próximo país latinoamericano en firmar un acuerdo bilateral de comercio como el de Chile. Y el 11 de agosto pasó por el país el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Richard Myers, quien comparó a Venezuela con Siria y dijo que Colombia era un "aliado firme en la guerra contra las drogas y el terror"; Myers estaba contento con los logros de su guerra.
El mensaje para los mandatorios sudamericanos no pudiera haber sido más claro: sigan las políticas de Uribe y recibirán lo que pidan. Y parece que los mandatarios, incluyendo a Lula, entendieron, porque todos menos Chávez firmaron la "Declaración de Asunción", un juramento de fidelidad a la política exterior norteamericana promovido por Uribe en la posesión del presidente paraguayo Nicanor Duarte el 15 de agosto. Sin el liderazgo diplomático de Brasil, difícilmente los demás países pueden hacer una política exterior medianamente independiente de la "guerra contra las drogas y el terror", y a juzgar por la guerra colonial en Irak ese liderazgo ha brillado por su ausencia. Los gestos de mediación de Lula y Kirchner en lo que el historiador mexicano Adolfo Gilly ha llamado "la tercera revolución boliviana" (La Jornada, 22/10/03) fueron del último momento, demasiado tarde para evitar el derramiento de sangre sancionado por el gobierno de Bush y la OEA.
Es evidente que el ahora expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien escribió hace poco en las páginas del Washington Post que Bolivia puede convertirse en "el Afganistán de los Andes, un estado fracasado que exporta drogas y desorden a la región", adoptó una postura rígida en el polo uribista del espectro político, acercándose a la embajada estadounidense, recitando los mantras neoliberales ya desacreditados, proponiendo la absurda teoría de las fuerzas armadas como "el pilar de la democracia" y nombrando Ministro de Defensa a Carlos Sánchez Berzaín, la cara pública de los masacres del 12 y 13 de febrero, que dejaron un saldo de 33 muertos y 200 heridos.
El caso de Francisco "Pacho" Cortés, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, detenidos el 10 de abril —un día después de que Sánchez de Lozada lanzara su teoría sobre la relación entre fuerzas armadas y democracia, y el mismo día que lanzaron un duro operativo militar contra los cocaleros en La Asunta, en la región andina de Yungas—, nos mostró que el expresidente y sus colaboradores cercanos, es decir Yerko Kukoc, José Luis Harb y Sánchez Berzaín, seguían la estrategia uribista de criminalizar la protesta social, vinculándola con drogas y terrorismo. La Ley de Seguridad Ciudadana, digitada por el ala "renovadora" de la excoalición gubernamental, reforzó esta orientación autoritaria como única respuesta al rechazo generalizado a las políticas neoliberales por parte de la población, tanto urbana como rural. La manifestación masiva del 19 de septiembre a favor de la industrialización del gas, tema que, como señalaron varios reportajes del semanario Pulso, superó el del agua en términos de aglutinación nacional, mostró una capacidad de movilización nada despreciable.
Era de esperar que mayores movilizaciones y conflictos siguieran, ya que en los medios televisivos tanto Sánchez Berzaín como Kukoc salieron despreciando y descalificando la movilización del 19 de septiembre, haciendo eco de la línea oficialista sobre el 12 y 13 de febrero, al hablar de "actos vandálicos" e insinuando, como de rigor, que la movilización era financiada por el narcotráfico. Y como ya sabemos, el día siguiente mataron sin piedad a los seis comunarios en Warisata, desatando un conflicto que no eran capaces de manejar sino con una escalada de violencia que acabó con su escasa legitimidad política y les hizo huir a Miami, custodiados por el ejército boliviano y la inteligencia norteamericana. Por poco no les tocó la salida del presidente boliviano Villaroel, es decir el linchamiento público.
A diferencia de casi todos los demás países del continente, en Colombia y Bolivia las políticas neoliberales fueron profundizadas a sangre y fuego durante el último año. Mientras tanto, muchas de las esperanzas despertadas por los éxitos electorales de las fuerzas de cambio en Brasil y Ecuador se han ido desvaneciendo, y todo indica que por ahora la derecha vinculada a las embajadas estadounidenses ha retomado la iniciativa a nivel continental. Sin embargo, las políticas represoras que vinculan el terrorismo, el narcotráfico y la protesta social contra el modelo neoliberal, ingeniadas por las embajadas estadounidenses, puestas a prueba por Uribe y adoptadas por Sánchez de Lozada después del 12 y 13 de Febrero —que era como el 11 de Septiembre en EU, según las declaraciones del exprimer mandatario en la prensa brasileña—, en vez de aplastar la resistencia, la potenció, tanto en Colombia como en Bolivia. Uribe ha sufrido un duro revés político en octubre que, con el tiempo, puede convertirse en rechazo suficientamente cohesionado y estructurado para representar la única alternativa a la guerra contrainsurgente y las políticas neoliberales de Uribe.
Lo más seguro es que todos los colombianos que buscan justicia y paz, el fin de la impunidad y un nuevo modelo económico y político, celebraron la victoria histórica de la multitud boliviana, compuesta por comunarios aymaras y quechuas de los valles y del altiplano, mineros de Huanuni, carniceros, gremialistas, estudiantes, panaderos y juntas vecinales alteñas, comités cívicos de Oruro, Potosí, y Sucre, sindicatos de colonos y colonizadores en el Chapare, Santa Cruz y los Yungas, así como huelguistas de hambre de la clase media urbana en todo el país. Pero lastimosamenete, y a pesar de la magnitud de la victora popular del 17 de octubre, las políticas de criminalización de los movimientos sociales siguen en pie en Bolivia: ahora son doce personas del Chapare y los Yungas sindicadas de ser parte de la supuesta red terrorista dirigida por "Pacho" Cortes, Claudio Ramírez, y Carmelo Peñaranda; todos sin contar los ocho dirigentes del Chapare detenidos la semana pasada, ya liberados por falta de pruebas, a los que la fiscalía del caso trató inútilmente de vincular.
El "Grupo Humanitario Kantuta", que parece ser nada más ni nada menos que el yerno y exvocero personal de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, dueño de Marketing SRL, ha gastado más de 10 mil dólares en solicitadas en el diario paceño La Razón, y 19 mil más en un programa de media hora en el canal Unitel, para sostener el supuesto vínculo entre los cocaleros del Chapare y los Yungas y el terrorismo y narcotráfico. Casi un mes depués de que Balcázar comenzara su ofensivia publicitaria, el nuevo Ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino (conocido como "el fierro," porque en sus días de militancia revolucionaria él manejaba las armas), declaró a la prensa que la idea de un cartel de narcotraficantes organizándose para cometer actos terroristas "es bastante lógica si consideramos que hay bastante producción y tráfico de droga... Las organizaciones sociales deben tomar decisiones activas para colaborar a las tareas de los organismos de Estado". Ferrufino llamó a la "sociedad civil" a unirse contra las drogas y el terrorismo utilizando la retórica uribista (Jornada, 02/12/03), que tiene como piedra angular el énfasis en la colaboración de los civiles con las fuerzas armadas. Allí se vio claramente que la administración de Carlos Mesa, no sólo en su aspecto represivo, es "el gonismo sin Goni", o, como dice la gente, "la misma cholita con otra pollera". Sin olvidarnos de los tres temas fundamentales del día —la impunidad, el gas, y la asamblea constituyente—debemos estar atentos a la creciente criminalización de los dirigentes medios de los movimientos sociales y los políticos de oposición, de las ongs y los activistas de derechos humanos, los periodistas e intelectuales críticos e independientes, quines en su conjunto nos protegen de la mano dura de la autoridad, que tanto volvimos a conocer en los días de octubre, enseñándonos que la época de los dictadores no se acabó con la democracia.
Si bajamos la guardia ahora, cualquiera de nosotras/os puede ser el próximo blanco de un montaje y una campaña sistemática de calumnia política que nos quita la poca libertad que hemos ganado, gracias a las luchas de nuestros compañeras/os y nuestros antepasadas/os. De allí los bolivianas/os tendrían que compartir la triste y amarga experiencia de los colombianas/os, cuyos activistas y luchadores son víctimas de burdos montajes y asesinatos extrajudiciales todos los días, experiencia que hizo que "Pacho" Cortes, siguiendo los consejos de su propio gobierno, huyera de su país buscando un país donde podía seguir siendo dirigente campesino y defensor de derechos humanos sin tener que temer por su vida y las de su esposa, hijos y amigos.
Pero esas condiciones aún no existen en Bolivia. Ayer fue Pacho, Carmelo, y Claudio. Si las cosas no cambian, mañana puede ser usted.