La posesión de hidrocarburos tiene un carácter estratégico en la geopolítica mundial actual. El petróleo se está agotando y el cambio tecnológico con energías alternativas está lejos todavía.
El motor del imperio necesita petróleo. La tendencia es la de controlar las fuentes de recursos carboníferos, gasíferos y petrolíferos por parte de los grandes consumidores y las multinacionales del negocio energético, aplicando una perversa combinación de presiones económicas, políticas y militares, además de las conocidas maniobras del saqueo de los recursos a través de la clientelización y corrupción de las oligarquías locales en los países clientes como Colombia.
La antipolítica colombiana
En Colombia la renta petrolera ha servido como un especie de caja mayor de la dictadura presidencial (un pequeño grupo de tecnócratas bajo la férula del presidente deciden como feriar nuestro recurso), que periódicamente libera de los aprietos fiscales al régimen, a tal punto que, sin ser un país petrolero, el 35 % de las exportaciones pertenecen a este rubro y las transferencias anuales de Ecopetrol a la nación superan los 5 billones de pesos. No obstante, los designios del Consenso de Washington, aplicados en Colombia a través de las imposiciones del Banco Mundial y del FMI exigen la privatización de la renta petrolera y energética.
De tal forma hemos asistido a un proceso de liberalización camuflada a través de la privatización de las rentas energéticas. Se modificaron los contratos de asociación para beneficiar a las multinacionales mediante resoluciones de la junta directiva de Ecopetrol, se privatizó la distribución minorista de refinados y parte del sector del gas natural y se reformó la ley de regalías perjudicando a las regiones, concentrando mucho más el manejo de la renta petrolera, otra vez a favor de las multinacionales.
Lo anterior quiere decir que en un contrato de asociación, según los términos actuales, para un proyecto como el de Cusiana, con la participación de tan solo el 30% para Ecopetrol, el país pierde utilidades por US$ 1.570 millones. Para el mismo ejemplo, con la reforma de regalías las regiones pierden US$ 110 millones durante todo el tiempo de vida del contrato. Esto quiere decir menos distribución de nuestra riqueza, más expoliación y más pobreza.
Uribe destruye Ecopetrol
Con la llegada de AUV al poder se concretan las aspiraciones del capital multinacional energético en Colombia. Mediante el decreto 1760 del 2003 se empieza a "reestructurar" a Ecopetrol con el fin de acabarla, se le quitan actividades que definen la política petrolera y por lo tanto ingresos para el país, se le descapitaliza, pues se le despoja de sus activos más valiosos incluyendo el inventario de información geológica. Ecopetrol deja ser una empresa industrial y comercial del Estado y pasa a ser una sociedad de acciones, lo que en la práctica es el abrebocas para su privatización.
A la nueva Ecopetrol S.A. le quedan los viejos yacimientos, con altos costos de producción, refinerías en muy mal estado y la imposibilidad de explorar por falta de presupuesto. El manejo de la empresa seguirá en las manos de la presidencia y del ministerio de Minas. El ministerio de Hacienda continuará tapando el hueco fiscal estructural con las utilidades de la empresa sin invertir en su modernización. Será difícil que logre competir con las multinacionales, no habrá nuevas reservas, habrá exceso de costos y sin nuevos ingresos la estatal petrolera finalmente será vendida con coima de por medio, como vendieron lo que le quedaba a Colombia de la mina del Cerrejón, por 380 millones de dólares, cuando esa participación vale actualmente más de US$ 1.500 millones.
La recién creada Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, bajo el mando del presidente, será otra nueva institución clientelista del régimen, que asegurará los intereses de las multinacionales y el aumento de sus beneficios. Se teme que por esta vía los términos de los contratos de asociación desmejoren todavía más de los actuales 70% para la multinacional y 30% para la nación y que incluso se regrese a la práctica colonialista de la concesión, que significa la entrega de nuestros recursos al Imperio a cambio de una pequeña "regalía". En tal sentido ya empezó una campaña mediática sobre la inminente importación de petróleo, promoviendo a su vez nuevos y mejores incentivos para las multinacionales. Se dice que el país dejará de recibir US$ 6.500 millones por la pérdida de la autosuficiencia petrolera durante los próximos 10 años y que la caída de las reservas es del orden del 37% en tan solo 6 años, hasta contar con 1.600 millones de barriles, con una producción anual a la baja de 578.000 barriles en el 2002.
De lo expuesto hasta el momento la cuestión que nos asalta es: ¿en qué ha beneficiado la renta petrolera a las clases populares del país? ¿Quién se ha adueñado de esta renta y quién se quedará con ella durante los próximos años? La política petrolera colombiana hasta el momento ha tenido un carácter antinacional y un nivel precario de redistribución de la renta, lo que se expresa contradictoriamente en el aumento de la pobreza y la pauperización en regiones ricas en recursos como Casanare y Arauca. Esta política ha excluido y marginado, ha polarizado mucho más el conflicto político y social; y lo que es más grave aún, ha propiciado la intervención político-militar de los Estados Unidos en el conflicto colombiano. El Plan Colombia, después de envenenar a todo el país con glifosato, entra progresivamente a cumplir con su objetivo fundamental, el de asegurar el flujo de recursos energéticos estratégicos hacia los Estados Unidos y Europa.
Sangre por petróleo
Una política petrolera nacional y redistributiva debe ser el resultado de un gran acuerdo político y social de los colombianos en el marco de un sólido proceso de paz. Sólo de esta manera el petróleo dejará de ser la inyección de la explosión de la guerra y pasará a ser un importante recurso para la construcción de la paz.
En el Arauca petrolero, pese a la militarización con 7.000 hombres, los millones de dólares y la asesoría de militares y mercenarios del Imperio, la espiral de la guerra no se ha contraído, sino que por el contrario se ha expandido. Las guerrillas han logrado crecer y mantenerse militarmente, se combate a diario con muchos muertos, en su mayoría soldados, sin que apenas lo sepamos. La política de "seguridad democrática" persigue a civiles, los encarcela y los hace ver como guerrilleros. El paramilitarismo ha asesinado a más de 150 personas en el casco urbano del municipio de Tame durante este año.
Durante su visita a Arauca, AUV expresó que "ningún territorio está vedado para el Estado" y anunció las fumigaciones y la derrota militar de la guerrilla. Mientras se escuchaban sus palabras por televisión, Saravena se estremecía por el estallido de las granadas y de los cilindros bomba, el traqueteo de los fusiles llegaba desde las afueras del pueblo, tres torres de energía habían sido voladas y más colombianos derramaban su sangre, paradójicamente, por su petróleo. Mientras tanto, en las zonas rurales de Tame, Fortul y Saravena, se concluía un proyecto de exploración petrolera contratado por la multinacional española Repsol, en el bloque San Miguel - Capachos. ¿Una esperanza o una nueva tragedia?
Latinoamérica
