Colombia _ Adital
Evandro Bonfim*

_ En situaciones de guerra, el espacio entre trincheras enemigas es llamado de "tierra de nadie", pues todo lo que se mueve allá es abatido por cualquiera de las fuerzas por ser de antemano considerado hostil o perteneciente al lado opuesto. Los indígenas de la región de Cauca, al norte de Colombia, afirman sentirse como en el medio de la "tierra de nadie" con la ampliación de la militarización en la zona, al cual se añade la instalación de una nueva base militar de alta montaña en el lugar conocido como Bota Caucana, que albergará un batallón con 200 soldados en este lunes 22.

Según fuentes militares, la base pretende evitar que irregulares armados traspasen la frontera con Venezuela. El objetivo de los batallones de alta montaña es deshabilitar los sitios elevados como refugio para fuerzas paramilitares. Hay tres unidades de este tipo ya en operación en el área y el presidente Álvaro Uribe anuncia la implementación de otras dos para el inicio del próximo año, siendo una con actividades en el sur del Valle de Cauca.

Esta base buscará detener las incursiones de nada menos que tres frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de extrema derecha. Y entre tantas facciones en conflicto, la población civil.

Conforme el gobierno, las nuevas instalaciones militares hacen parte de las acciones del presidente para "recuperar el Estado de derecho y devolver la tranquilidad al país". Pero lo mismo no piensa el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que afirma estar "siendo claro que los pueblos indígenas no comparten la presencia de estas unidades militares por resultar más peligroso el remedio que la enfermedad".

Los indígenas explican porque las presuntas soluciones generan más violencia. "La llegada de un actor armado a una zona es la excusa precisa para que el otro intente posesionarse del territorio", denuncian. Ellos ejemplifican los impactos del establecimiento de nuevos puestos oficiales para una comunidad. "En septiembre del 2003 se instalaron puestos de policía en las cabeceras municipales de Jambaló y Toribio a pesar de las continuas críticas y reclamaciones de las comunidades y autoridades tradicionales de la zona. Su llegada ocasionó diversos enfrentamientos entre la policía y la subversión. Además los sobrevuelos diurnos y nocturnos con frecuentes bombardeos en los sitios sagrados del pueblo Nasa mantienen en constante zozobra a la población, situación que viene alterando la convivencia comunitaria, el cierre de la escuela y colegio y de las relaciones económicas", comentan.

Y además de la disputa por el control territorial, "el adviento de la fuerza pública coloca a las comunidades en una situación difícil, puesto que tanto uniformados del Estado como de la insurgencia buscan encontrar, en las comunidades, culpables o colaboradores del bando contrario y por consiguiente judicializan, amenazan, asesinan o hace desaparecer a gente inocente y trabajadora como ha ocurrido a lo largo de la historia". Y así se producen allanamientos, detenciones masivas y arbitrarias e incluso muerte de ciudadanos neutrales, principalmente indígenas, lo que ellos consideran como siendo una política de exterminio.

Para los indígenas la medida eficaz para garantizar la seguridad en las comunidades es la propia organización social, desestabilizada por el gobierno Uribe a través de las constantes persecuciones a líderes comunitarios con acusaciones de ligación con la guerrilla. "El gobierno debe tener en cuenta que las más representativas acciones de resistencia organizada han sido realizadas por los pueblos indígenas, recomendando en consecuencia tomar en consideración que constitucionalmente es el cabildo como gobierno propio y autoridad autóctona, quien tiene la responsabilidad de velar por la armonía, tranquilidad y el orden en nuestros territorios" advierten.

* Evandro Bonfim es periodista de Adital.