El 16 de diciembre, nuevamente y por tercera vez, se ha postergado la discusión y votación del Proyecto de Ley de Indulto que permitiría la libertad de los prisioneros políticos chilenos con más de 10 años en prisión. Por tercera semana consecutiva el proyecto no contó con el consenso suficiente para ser aprobado y fue pospuesta su votación, esta vez, para el 6 de enero próximo.
El martes 9 de diciembre, en un articulo publicado por El Mercurio titulado: "Indulto a extremistas se queda sin piso político", había trascendido a la opinión pública que la Derecha no estaba dispuesta a darle sus votos tan fácilmente al Proyecto de Ley de Indulto. El Mercurio comentó que "por tratarse de una iniciativa legal que concede un indulto general a personas condenadas o procesadas por delitos terroristas, la Constitución exige que el quórum de aprobación sea de dos tercios de los senadores en ejercicio. Eso equivale a 32 votos favorables, cifra que excede los 24 escaños de los que dispone la Concertación y que por tanto obliga a buscar el apoyo de las bancadas de la Alianza por Chile. Un senador de la UDI confidenció a ‘El Mercurio’ que su bancada (11 senadores) no está dispuesta a aprobar la moción si no existe una solución integral al tema de los derechos humanos y la reconciliación nacional".
Mucho antes, La Nación, en una pequeña nota periodística sobre la finalización de la huelga de hambre de los prisioneros políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), Hospital Penitenciario, Antofagasta y Osorno, señaló, en el mismo tenor, que la Derecha "condicionaría" sus votos a la aprobación de la Propuesta de Derechos Humanos que presentó el gobierno, y que recoge las sugerencias de la UDI y RN más que las presentadas por organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura.
En su edición del 15 de diciembre el diario electrónico El Mostrador, bajo el titulo: "Derecha exige vincular beneficios a presos políticos con propuesta DD.HH.", informó que "(...) la bancada de la UDI y de Renovación Nacional, así como la llamada bancada militar, no estarían dispuestos a legislar sobre esta materia sin que, a la vez, se avance en los otros proyectos para resolver los problemas de Derechos Humanos".
El Mercurio informó, al día siguiente (16 de diciembre), que la Alianza por Chile rechazará el Proyecto de Ley de Indulto: "(...) si no se logra una solución global al tema de los Derechos Humanos que incluya a los militares procesados por delitos represivos", y que "(...) la comisión política de RN analizó el tema y acordó condicionar su voto a una fórmula más integral". Concluye El Mercurio que: "(...) aunque en principio quedó aplazado para enero, todo hace pensar que al carecer del suficiente piso político el proyecto será congelado hasta que se negocie un acuerdo amplio".
Recordemos que recientemente, el 2 de diciembre, la mayoría de los prisioneros políticos depusieron su movimiento de huelga de hambre confiados en que el Proyecto de Ley de Indulto contaba con un consenso suficiente de parte del gobierno, la Concertación y la Derecha, como se les señaló, para votarlo el 3 ó 4 de diciembre; lo que luego se aplazó en dos oportunidades: primero para el 9 de diciembre y, posteriormente, para el 16 del mismo mes.
Los senadores UDI Hernán Larraín y Carlos Bombal habían comprometido su apoyo y el de su partido al Proyecto de Ley de Indulto. La propia UDI en su Propuesta de Derechos Humanos manifestó estar dispuesta a hacer un "gesto" con los prisioneros políticos. En el texto de su propuesta, la UDI señaló que: "(...) como testimonio de nuestra voluntad de pacificación, proponemos que el Presidente de la República, conjuntamente con los proyectos antes referidos y con igual urgencia, presente también un proyecto de Ley de Indulto general, que beneficie a todos los condenados en virtud de la Ley sobre conductas terroristas, por hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de publicación de esta ley, que hayan cumplido ya más de 10 años de prisión efectiva".
El Proyecto de Ley de Indulto que reiteradamente se ha postergado en el Senado, de ser aprobado, beneficiará a una veintena de prisioneros políticos que cumplen con los requisitos señalados en éste previa firma de un compromiso "inequívoco" de renuncia al uso de la violencia como método de acción política.
En el fondo el proyecto en cuestión, a pesar que será -en el caso de ser aprobado- un instrumento real para liberar a un cierto numero de prisioneros, no reconoce sustantivamente la falta a un debido proceso que debieron padecer y padecen los prisioneros políticos a quienes pretende favorecer.
El Proyecto de Ley de Indulto no resuelve el tema de la prisión política porque no beneficia a todos los prisioneros políticos. Nada se dice ahí de las torturas, procesamientos por Fiscalías Militares, aplicación de leyes especiales heredadas de la dictadura de Pinochet, procesos aún abiertos, prisioneros políticos en el exilio bajo la fórmula del "extrañamiento", aplicación desmesurada de penas, etcétera.
Nada se dice en el proyecto de la situación que actualmente viven los prisioneros políticos mapuche en las cárceles de la VIII y IX regiones, a quienes en nada beneficia. Tampoco sugiere medidas que reparen la injusta privación de libertad que vivieron decenas de prisioneros políticos chilenos, algunos de ellos acusados y condenados hasta cuatro veces por un mismo hecho. Lo único que se menciona en su argumentación es que: "(...) existen interpretaciones de la Ley de destacados juristas, que sostienen la existencia de duplicidad de imputación criminal en estos procesos, al fundar unos mismos hechos la incriminación particular y colectiva".
Sin embargo, esa declaración no basta, no es suficiente para reparar el daño, la tortura, los dobles procesamientos, la aplicación de leyes especiales, el juzgamiento por Fiscalías Militares, las abultadas condenas, la falta de un debido proceso, la negación de beneficios carcelarios, porque, además, el Proyecto de Ley condena adicionalmente "a 5 años de libertad vigilada" a aquellos prisioneros políticos que resulten beneficiados, y los deja en la indefensión ante posibles acusaciones bajo las mismas leyes.
El proyecto en discusión no soluciona integralmente todos los casos de prisioneros políticos chilenos y mapuche. Un puñado de prisioneros políticos chilenos no será beneficiado por esta ley, pues no reúne sus requisitos. Ningún mapuche, de los más de 14 actualmente detenidos y los más de 500 procesados será beneficiado por la Ley.
Todo hace pensar que el Proyecto de Ley de Indulto no será aprobado en el mediano plazo. Los últimos acontecimientos han evidenciado aún más las reales intenciones de la UDI al condicionar su apoyo al proyecto a "conceder", también, beneficios a los genocidas y violadores de los Derechos Humanos.
La Derecha "no da puntada, sin hilo". Todo indica que lo que realmente buscan es usar la legítima libertad de los prisioneros políticos para negociar sus propias reivindicaciones de impunidad para los crímenes de la dictadura.
Lo que busca la Derecha, y una buena parte de la Concertación es, en definitiva, lo que descaradamente señala El Mercurio: "darle una solución global al tema de los Derechos Humanos que incluya a los militares procesados por delitos represivos".
Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Indulto tendrá ese "doble filo".
Latinoamérica
