El Siglo

El año político, que se inició con la marca del engañoso "nunca más" del general Cheyre, pareciera aprontar su cierre con una nueva cruzada del oficialismo encaminada a la creación de un clima propicio para dar vuelta la página de los derechos humanos, diluyendo en el olvido los crímenes cometidos por los agentes de la dictadura y generando un ambiente político favorable para un nuevo intento de punto final.

Acostumbrados ya a sacar provecho de los golpes mediáticos, tanto círculos uniformados como personeros de gobierno procuran sortear por esta vía el revés sufrido con motivo de las actividades de conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, donde las masivas y múltiples manifestaciones protagonizadas tanto en Chile como en el extranjero reafirmaron el rechazo a todo intento por mantener la impunidad de los violadores de los derechos humanos.

Ya antes había quedado en evidencia la doble lectura del discurso del Comandante en Jefe del Ejército cuya proclama del "nunca más", en lugar de referirse a la necesidad de garantizar que nunca más las Fuerzas Armadas vuelvan a disparar contra su propio pueblo, en realidad se refería a su aspiración de que nunca más nuestro país intentara tomar nuevamente un camino soberano como el adoptado por la Unidad Popular, porque en tal caso se expondría a un nuevo golpe de Estado.

Según estas pretensiones, septiembre debía ser el momento de la reconciliación entre víctimas y victimarios, prescindiendo de la justicia. Pero no fue así, y debieron guardar sus planes para una nueva ocasión.

Pasó el tiempo, y la exigencia de garantizar un clima de estabilidad política y social -léase no tocar a los poderes fácticos instalados por la dictadura- vuelve a cobrar vigor, demandando un ambiente propicio para la formalización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la creación de una zona de seguridad hemisférica controlada por los mismos poderes imperiales del norte y un ambiente favorable a la continuidad política del modelo económico, con lo que las autoridades vuelven a sentir el llamado de sus compromisos de mantener la gobernabilidad y comienzan a chocar con la misma piedra de las "tareas" pendientes, entre ellas la de cerrar el capítulo de los derechos humanos.

Retomando la rutina, el ambiente político comienza a plagarse de nuevas señales. Primero fue el viaje -caracterizado por un reportero como "paseo de curso"- de un grupo de ex prisioneros al campo de concentración de Isla Dawson. Todo el país vio a este grupo de personas cantando el Himno Nacional en conjunto con sus carceleros. En un escenario del que habían sido cuidadosamente borrados todos los vestigios del encierro y las torturas, un oficial de la Armada comentaba "lo que pasó, pasó", mientras los demás se abrazaban con los ojos llenos de lágrimas.

Ni una palabra acerca de la justicia pendiente. Horas más tarde, antes de que se conociera el testimonio de los cerca de 400 presos políticos que habrían sido lanzados al mar atados con alambres de púas y rieles, personeros de gobierno valoraban el gesto de los ex prisioneros que llegaron a su antiguo centro de reclusión, pretendiendo que con eso cancelaban una deuda pendiente con la historia que envolvió a todos los chilenos.

Días más tarde la ministra de Defensa, hija de un general de la FACH muerto en cautiverio luego de ser torturado, contaba en un programa de televisión que era vecina con el hombre que las torturó a ella y a su madre en Villa Grimaldi… y tampoco se refirió a la justicia pendiente. Ese mismo día, ella había participado personalmente en la ceremonia donde la FACH devolvía sus tifas a 77 "ex miembros exonerados y presos", reintegrándolos a la "familia aérea", sin que tampoco se hablara una palabra acerca de la responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos.

Tal pareciera que una de las claves de la estrategia radica en que el violento golpe que quebrantó la institucionalidad democrática y envolvió a todo el país en un régimen terrorista de Estado, condenado por la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, fuera un problema que se puede reducir al drama individual y la voluntad de determinadas personas particulares de saltarse la justicia y perdonar a sus victimarios.

Obviando la justicia y la verdad necesarias, también se contribuye a reafirmar la otra gran violación de los derechos humanos que se impuso en dictadura y continúa hasta hoy: la implantación de un sistema económico, político y social que atenta contra las mayorías y consolida la dictadura de las minorías en el poder.

Por eso la lucha por la verdad, la justicia y la memoria está ligada íntimamente con el desarrollo de un movimiento político-social que se plantee el cambio de toda la sociedad.