Redacción de Econoticiasbolivia.com

Arrinconada por la crisis económica y su virtual quiebra fiscal, el Estado boliviano agudizó simultáneamente los rasgos antipopulares y proempresariales de su política fiscal. En una misma jornada, el Senado de la República aprobó anoche el perdón de las deudas tributarias de las empresas transnacionales que han tomado el control de las más grandes empresas públicas del país, lo que significará una reducción de ingresos para el Estado. Horas antes, para acomodarse a la disminución de ingresos y recortar los gastos, el Poder Ejecutivo anunció su predisposición para anular el subsidio al gas licuado, consumido mayoritariamente por los sectores de trabajadores y clases medias empobrecidas.
Los resultados previsibles de esta política dual, en extremo favorable para los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, y muy perjudicial para los trabajadores y segmentos poblacionales de bajos ingresos, se traduce en la reducción neta del pago de impuestos por parte de las empresas transnacionales y en el aumento del precio del gas licuado y en un mayor gasto para los hogares más pobres.
PERDONAZO TRANSNACIONAL
La decisión del Congreso permitirá que varias compañías extranjeras que operan en los rubros de hidrocarburos, telecomunicaciones, energía y transporte aéreo y ferrocarrilero puedan acogerse a los beneficios que estaban vigentes solo para las empresas nacionales que no habían pagado impuestos al fisco o lo habían hecho en menor cuantía a lo establecido legalmente.
Así, por ejemplo, las empresas petroleras que según denuncias de las propias autoridades han defraudado al fisco anualmente más de 100 millones de dólares, podrán regularizar su situación sin pagar multas ni intereses. Lo propio acontecería con el pago del impuesto a las utilidades, que sistemáticamente las petroleras se han negado a cancelar.
El "perdón" tributario concedido por el Congreso permite también que todas las empresas que han evadido totalmente el pago de impuestos regularicen su situación al pagar el equivalente al 10 por ciento de las ventas netas de un año, con lo que se extinguen y olvidan todos los delitos y fraudes tributarios cometidos.
SE VALIDA UN GRAN FRAUDE
El beneficio adicional concedido a las transnacionales, que gozan de uno de los regímenes tributarios más favorables para la inversión extranjera en Sudamérica, llegó tras que los empresarios y trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la línea aérea nacional, suspendieran el vuelo de sus aeronaves durante seis horas como medida de presión para que esta empresa, adjudicada inicialmente a la brasileña VASP, se acoja al beneficio.
El LAB, privatizado parcialmente en la segunda mitad de los años 90, fue a parar a manos de la VASP de Wagner Canhedo, que al controlar algo más del 50 por ciento del paquete accionario, virtualmente la exprimió y la dejó al borde de la quiebra tras llevarse 9 millones de dólares y saquear sus almacenes de repuestos de aviones. El desfalco era tan evidente que las propias autoridades bolivianas iniciaron acciones judiciales para recuperar las acciones en manos de Canhedo y así resarcir al Estado de los daños cometidos contra la línea aérea y el erario fiscal al no pagar impuestos.
Sin embargo, ante la contundencia de las pruebas en su contra y la amenaza judicial, Canhedo hábilmente logró transferir estas acciones, cuya propiedad ya estaba en entredicho al ser reclamadas por el Estado, a manos de empresarios bolivianos, que dijeron haber pagado un millón de dólares para adjudicarse la línea aérea. Así, de forma dolosa, el LAB ahora está en manos de Ernesto Asbún, un potentado empresario cochabambino que también posee una red televisiva desde la que presiona para lograr que el Estado apoye a su empresa.
BLANQUEO DE DEUDAS
Así, con el perdonazo tributario, el LAB podrá blanquear su deudas que, según los datos del Servicio de Impuestos Nacionales, alcanzan a 49,8 millones de bolivianos por sentencias constitucionales (6,3 millones de dólares) y de 45,9 millones de bolivianos (5,9 millones de dólares) en pliegos de cargo.
En su generalidad, salvo honrosas y contadas excepciones, las transnacionales que operan en Bolivia practican la doble y triple contabilidad, inflando su inversiones, sobrevaluando sus activos y sus compras de insumos, declaran mínimos niveles de rentabilidad y utilidad y realizan maquillajes contables para pagar menos impuestos. Y ahora con el perdonazo tienen nuevas posibilidades.
Hasta antes de la decisión del Congreso, el perdón tributario alcanzaba, según los cálculos de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Nacionales, a casi 300 millones de dólares. Hasta fines del 2002, las deudas tributarias en mora de los empresarios nacionales sumaban alrededor de 500 millones de dólares por impuestos no pagados, multas e intereses. El pago de este monto era reclamado por el Servicio de Impuestos. Sin embargo, con el nuevo Código, los empresarios podrán eliminar sus deudas pagando, en conjunto, solamente el 40 por ciento de ellas. Un perdonazo como para que nadie dude del carácter pro empresarial de la política fiscal definida por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y continuada por su sucesor Carlos Mesa.
FIN DE SUBSIDIO POPULAR
Pero, al reducirse los ingresos fiscales, al Estado boliviano no le queda otra que disminuir sus gastos, si es que pretende, como adelantaron los ministros del área económica, bajar el déficit fiscal al 6 por ciento (financiado con deuda externa y donaciones de los organismos internacionales y países amigos).
Para ello, el Ejecutivo ha fijado una drástica reducción de la inversión pública, el congelamiento del salario real (al igualar el aumento nominal de salarios con la tasa de inflación prevista para el 2004) y la disminución del gasto público, lo que va en contra de los sectores populares.
"El subsidio al gas licuado no puede continuar. No podemos seguir exportando gas licuado subsidiado que sale de nuestros bolsillos, no podemos seguir subvencionando a grandes industrias de nuestros bolsillos, no podemos seguir subvencionando hoteles y otro tipo de industrias de nuestros bolsillos, que es la gran cantidad del volumen de gas licuado que se consume en este país", dijo el ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, al justificar la impopular medida que entraría en vigencia en enero del 2004.
"La eliminación del subsidio afectará a los hogares más pobres de la ciudad y el campo. Los trabajadores tendremos que pagar más por el gas. Es un nuevo atentado a la economía popular", dijo la Central Obrera Boliviana (COB) al denunciar que habría un aumento de más del 30 por ciento en el combustible.
En la organización laboral también se teme que se haga realidad el planteamiento del ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, para eliminar también el subsidio sobre el consumo de la gasolina, lo que elevaría de inmediato los precios de la canasta familiar y empeoraría la situación de los trabajadores y de las clases medias empobrecidas. "No lo permitiremos", aseguró el minero Jaime Solares de la COB.