Las transnacionales que operan en Bolivia están amasando verdaderas fortunas al lograr uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en el centro de Sudamérica, tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional.
Un estudio oficial, presentado en La Paz, estableció que las transnacionales Repsol, YPF y Amoco, que han tomado el control de la ex empresa estatal boliviana YPFB, presentan los costos unitarios de producción y de exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas a nivel mundial.
El costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5,6 dólares a nivel mundial, pero en Bolivia ese costo se reduce en el caso de Repsol / YPF a tan sólo 1 dólar y en el de Amoco a 0,97 dólares. En el ámbito internacional, únicamente la petrolera Niko Resources tiene un costo de producción más bajo (0,87), según consigna la publicación internacional "Global Upstream Performance Review 2003".
Las otras transnacionales que operan en Bolivia como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas, Shell y otras, también tienen costos muy bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado boliviano les ha otorgado en la década de los años 90, cuando se privatizó la industria petrolera boliviana y se desmanteló la empresa estatal.
Los costos de producción incluyen gatos operativos, costos de mantenimiento de pozos, costos de infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción.
Grandes ventajas
Al influjo de las políticas neoliberales, inmersas en la corrupción y el entreguismo, todas las inversiones y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir demasiado encuentran gas y petróleo a raudales.
Así, no es casual que el informe oficial presentado establezca que las transnacionales que operan en el país tengan también los costos más bajos en la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo, que es de 8,58 dólares a nivel mundial y de 5,66 dólares el promedio latinoamericano. Este costo en el caso de Repsol / YPF es de apenas 0,40 dólares por barril equivalente de petróleo, que es 20 veces más bajo que el promedio internacional y 14 veces más bajo que el latinoamericano.
Negocio seguro
El resto de las empresas transnacionales que operan en Bolivia tienen similares indicadores y sus perspectivas para acrecentar sus ingresos son enormes. Con una escasa tributación, costos tan bajos y aprovechando al máximo del trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se ha convertido en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos, por lo menos en lo productivo.
Según el informe gubernamental, la tasa de éxito para encontrar gas y petróleo en Bolivia es una de las más altas del mundo, ya que llega al 50%, en comparación a otros países donde ese nivel llega al 20%.
Esto quiere decir que a nivel internacional 8 de cada 10 intentos por encontrar gas y petróleo están condenados al fracaso, mientras que en Bolivia cinco de cada 10 intentos dan resultado.
Millonarios beneficios
Los beneficios que obtienen las transnacionales se acrecientan en Bolivia, no sólo por la vigencia de los bajísimos costos de producción y los reducidos impuestos (las petroleras pagan apenas el 18% del valor de la producción hidrocarburífera en boca de pozo), sino también por los reducidos márgenes de la refinación de hidrocarburos y su conversión en gasolina, gas licuado y otros carburantes que son comercializados en el mercado interno al precio internacional. Así, los consumidores privados e industriales del país más pobre de Sudamérica deben pagar por sus carburantes como si estos fueran importados desde Kuwait o Arabia Saudita, todo en beneficio de las transnacionales petroleras, que además tienen la capacidad tecnológica y administrativa para maquillar sus cuentas financieras, burlar los endebles y corruptos controles estatales y presentar un nivel de ganancias por debajo de lo real para así pagar menos impuestos.
Según los informes gubernamentales, las petroleras extranjeras que explotan los recursos naturales no renovables de Bolivia pagan muy pocos impuestos. Así, en el último quinquenio (1998-2002) Repsol / YPF pagó apenas 4,3 millones de dólares como promedio anual, mientras que Amoco pagó 5,2 millones de dólares.
La suerte de Repsol
Entre los grandes beneficiarios está Repsol YPF que poseía, al 31 de diciembre de 2002, derechos sobre 38 bloques: 13 bloques de exploración, con una superficie neta total de 13.670 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área total neta de 1.770 kilómetros cuadrados.
Su producción neta del año 2002 fue de 6,9 millones de barriles de petróleo, incluyendo condensados y líquidos separados del gas natural, y 88,5 billones de gas natural, fundamentalmente de los campos operados por Andina y del Bloque Mamoré. Las reservas probadas netas de petróleo y gas natural a fin de año se estimaban en 1.293 millones de barriles, según la información empresarial.
Intereses en juego
Las cifras oficiales, presentadas por el Delegado Presidencial para la Capitalización, Juan Carlos Virreira, confirman lo que ya advertían desde tiempo atrás los sectores laborales y populares que reclaman por la re-nacionalización de la industria del gas y el petróleo, para que esta riqueza beneficie al país y a los bolivianos y no solo a las transnacionales. Hasta ahora, para las empresas petroleras, que invierten poco, van a los seguro, gastan casi nada y ganan a manos llenas, Bolivia ha sido un paraíso, que quieren preservar a toda costa.
La demanda popular por rescatar el gas y el petróleo para los bolivianos, refrendada con sangre en las luctuosas jornadas de septiembre y octubre, en la denominada guerra del gas, que concluyó echando del poder al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no está siendo tomada en cuenta por los nuevos gobernantes.
Las nuevas autoridades del gobierno del neoliberal Carlos Mesa han anticipado que no habrá nacionalización ni confiscación de las propiedades y derechos de las empresas extranjeras y que posibles cambios en la tributación petrolera se realizarían sólo si hay acuerdo con los consorcios extranjeros. Actualmente, a nivel gubernamental, se trabaja en la creación de un impuesto a la producción hidrocarburífera que elevaría el pago neto de regalías e impuestos del actual 18% al 22%, con lo que no se modificaría sustancialmente la situación de las transnacionales, que han encontrado el paraíso en el corazón de la América morena, una tierra en la que sin embargo también florece la rebeldía y la conciencia popular de que no hay futuro, ni pan ni dignidad, si las petroleras siguen siendo dueñas del gas y el petróleo.
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