Latinoamérica

Luis Bilbao
Ante la inminencia de un nuevo y definitivo triunfo político de la Revolución Bolivariana, las fuerzas golpistas preparan acciones desesperadas para ocultar al mundo su derrota.

Entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre próximos tendrá lugar la recolección de firmas para convocar a un referendo, mediante el cual la ciudadanía podría decidir si se realizan o no elecciones adelantadas para elegir un nuevo Presidente. Este es un derecho establecido por la Constitución Bolivariana, en un artículo que conviene conocer con precisión: "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieran votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al venticinco por ciento de los electores y ele ctoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley" (art. 72).

Con tamaña garantía, es difícil argumentar la urgencia de quienes no tuvieron en cuenta este artículo cuya vocación democrática resulta inobjetable. Es por todos conocido que los partidos del régimen anterior (Acción Democrática y Copei), la cúpula de la Central de Trabajadores de Venezuela, los empresarios reunidos en Fedecámaras y un sector de los antiguos mandos militares provocaron un golpe de Estado el 11 de abril de 2002, tomaron el poder por 47 horas y fueron barridos por una sublevación de masas respaldada por el grueso de las fuerzas armadas.

Seis meses después, las mismas personas e instituciones involucradas en el golpe volvieron a la carga, esta vez atacando a la empresa petrolera del Estado, PDVESA, con el objetivo de paralizar el corazón de la economía venezolana y montadas sobre el caos social derrocar el gobierno encabezado por Hugo Chávez. El saldo es también conocido: el sabotaje logró reducir a cero la producción de PDVESA, pero los obreros y los militares, acompañados por una mayoría abrumadora de la sociedad, recuperaron la empresa, la pusieron en marcha, en 60 días alcanzaron los niveles históricos de producción, mientras las autoridades despedían a unos 16 mil gerentes y altos funcionarios involucrados en la fallida operación golpista.

Así, en el término de un año, las fuerzas que tras ser electoralmente derrotadas desde diciembre de 1998 habían mordido el polvo en el intento de dar un golpe militar y habían perdido nada menos que el control de PDVESA, debieron doblar la rodilla y asumir que, para a Chávez de su cargo, no había otro camino que el trazado por la Constitución: el referendo revocatorio (sin olvidar que Chávez obtuvo en julio de 2000, cuando fue elegido por la nueva Constitución, 3.757.773 votos).

Algo más había ocurrido en ese período vertiginoso. Dado que los golpistas no cuentan con partidos enraizados, la supuesta central sindical es una cáscara vacía y prácticamente la totalidad de las fuerzas armadas se alinearon con la Revolución Bolivariana, el único recurso que les restó fue apelar a los medios de difusión masiva y, sobre todo, la televisión. Pero fue tan burda, tan desmesurada y brutal la conducta del periodismo comercial, que entre diciembre de 2001 y enero de 2003 los canales de más sintonía, las radios de mayor audiencia y los diarios tradicionales, perdieron su público.

Falta hacer todavía el estudio detallado y extraer las conclusiones teóricas correspondientes de este fenómeno sin precedentes: la sociedad venezolana -incluida la mayor parte de quienes se oponen a Chávez- le dio la espalda a los medios. Más aún: subió en flecha la teleaudiencia del canal estatal y comenzaron a proliferar radios alternativas y centenares de periódicos de factura artesanal y escasa distribución, pero de enorme llegada. Mientras tanto, la suma de derrotas provocaba más y más divisiones en la oposición y un creciente aislamiento frente a sus propias bases.

Es tras este derrumbe político con escasos precedentes en el mundo que la oposición dura al gobierno de Chávez llega a la actual situación. El resultado es obvio: no tiene la menor chance de reunir la cantidad de firmas suficiente para revocar el mandato presidencial. Pero incluso si se considera la hipótesis inversa, el paso siguiente es convocar a elecciones. Y en éstas, Chávez puede constitucionalmente volver a presentarse. Las fuerzas golpistas, fragmentadas hasta el ridículo, no tienen candidato común, de modo que ni siquiera pueden alentar la ilusión de que Chávez, quien los derrotó siete veces en las urnas entre 1998 y 2001, perdiera esta vez.

Falta algo todavía, para hacer más dramática aún la situación de los líderes golpistas: las fuerzas bolivarianas sí lograrán revocar mandatos hoy en manos de la oposición y conquistarlos en los primeros meses de 2004.

Último recurso: la provocación

Se trata de una derrota anunciada. Pero es obvio que esto no resuelve el combate en curso. Los golpistas no admiten el marco de acción constitucional. Han sido arrastrados a él por sucesivos fracasos.

Pero ni por un instante han creído en la posibilidad de recuperar el poder por esa vía.

Les queda la violencia. Tienen -como en abril y diciembre del año pasado- el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y España, entre otros; cuentan con el respaldo de la prensa comercial en todo el mundo, con apenas excepciones. Y la CIA provee todo lo que la escuálida fuerza interna no puede suministrar.

Recientemente los diputados bolivarianos Juan Barreto, Nicolás Maduro y Róger Rondón hicieron públicas cintas grabadas con conversaciones entre el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, y el funcionario de la CTV Mario Tepedino. Allí Fernández ordena a su interlocutor: "acéptale todo a la CIA". El gobierno cuenta con profusa información relativa a los preparativos apuntados a montar una provocación durante el proceso de junta de firmas, combinando movilizaciones con acciones armadas. Ha descubierto y capturado varios arsenales. Las hondas fracturas en las filas golpistas y la certeza de nuevas derrotas han provocado deserciones y filtraciones que inhabilitan el accionar clandestino de la estructura comprometida con un nuevo intento de golpe de Estado. Ésa es la causa por la cual la CIA (y otros organismos análogos) ha debido involucrarse más allá de toda prudencia política, dejando huellas que ahora comprometen toda la operación y colocan en difícil situación a la Casa Blanca.

El nerviosismo llega a tal punto que nuevamente, y a pocos días de una jornada cívica constitucional, un ala opositora, denominada ahora Bloque Democrático, publicó un aviso en el diario El Nacional donde convoca explícitamente al golpe de Estado.

En efecto, en el texto publicado el pasado lunes 10 se convoca a que "la Fuerza Armada Nacional cumpla con su deber y restablezca el hilo constitucional". La inconsistencia de la argumentación traduce a la vez desprecio por la inteligencia del lector y pánico descontrolado. Dice la proclama: "Si el firmazo se realiza normalmente, se recogerán más de 3.800.000 firmas-votos; en cuyo caso, no es necesario esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral para declarar el triunfo del plebiscito y comenzar la desobediencia civil democrática, generalizada y activa, la cual concluirá con la salida constitucional del régimen".

Al publicar esta proclama, El Nacional adelanta lo que puede esperarse del resto de los medios involucrados en el golpismo. Moralmente desacreditados, económicamente quebrados y políticamente impotentes, los principales órganos de prensa están buscando ahora que el gobierno se vea obligado a sancionarlos, para así presentarse como víctimas al menos en el resto del mundo.

No sería adecuado desconocer la magnitud de esta nueva embestida golpista, ahora empeñada en provocar hechos sangrientos y efectos de impacto para encubrir acciones armadas de fuerzas mercenarias entrenadas en Miami y otras localidades menos distantes de Venezuela.

Menos adecuado aún sería desconocer la causa por la cual Estados Unidos alienta semejante curso de acción. En las últimas semanas Washington ha sufrido derrotas trascendentales en nuestra región. Bolivia es la más visible. Pero acaso de mayor impacto inmediato para la Casa Blanca ha sido el demoledor revés electoral sufrido por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, inmerso ahora en un tirabuzón político. La magnitud estratégica de este acontecimiento fue de inmediato subrayada por el gobierno de Brasil, cuando a través del ministro José Dirceu hace saber al mundo que teme la ocupación militar estadounidense de Colombia y sugiere la conformación de una fuerza armada común suramericana. Simultáneamente, la llamada Cumbre Social que en Bolivia se impone frente a la reunión de presidentes iberoamericanos, indica a qué velocidad y hasta qué punto está avanzando la noción de bloque antimperialista continental.

Venezuela, la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez, son el vórtice de este volcán político. Y la batalla constitucional de las próximas semanas en aquel país, una nueva clave de su desarrollo. La operación de tergiversación y encubrimiento ya desplegada por los medios masivos en todo el mundo será nuevamente neutralizada por la poderosa fuerza gestante que, también a escala planetaria, enfrenta la demencial deriva de un monstruo acorralado.

Luis Bilbao. Director de América XXI