Samuel Blixen
Brecha

Presionado políticamente y ante la amenaza de otro desacato militar, Batlle ordenó archivar la investigación sobre el asesinato de María Claudia García de Gelman.

Como aquel notorio marino de la dictadura, el presidente Jorge Batlle imprimió un "giro" de 360 grados a su política de derechos humanos, y todavía retrocedió más: no sólo regresó a la postura irreductible de la impunidad cerril que campeaba en el momento de acceder a la Presidencia en marzo de 2000, sino que involucionó hasta el inicio de esa impunidad, cuando el entonces presidente Julio María Sanguinetti patrocinó una salida legal para el desacato militar.

En ambientes políticos, judiciales y de organizaciones sociales había coincidencia, al cierre de esta edició+n, en atribuir un alto grado de veracidad a las versiones que intentaban explicar la razón de las profundas contradicciones en que incurrió el mandatario al anunciar su decisión de incorporar el llamado "caso Gelman" en los beneficios de la ley de caducidad.

Según esas versiones, el presidente Batlle optó por hipotecar los últimos retazos del "estado del alma" que proclamara en su primer discurso en la Asamblea General, ante la eventualidad de que se reiterara en este diciembre de 2003 la misma insubordinación institucional de hace 17 años.

LAS PRESIONES

Una veintena de oficiales retirados del Ejército hicieron saber que no se presentarían ante un juez penal para el caso de que fueran citados a declarar por la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, ocurrida a fines de 1976. El presidente habría sido alertado de esa posibilidad de desacato militar por los principales dirigentes del Foro Batllista, cuyas advertencias habrían adquirido el espesor de una contundente presión política.

En diciembre de 1986 José Nino Gavazzo, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, José Arab, Ricardo Medina, Hugo Campos Hermida y Manuel Cordero fueron citados a declarar por los delitos cometidos en Argentina y Uruguay contra refugiados políticos, según la denuncia inicial del periodista Enrique Rodríguez Larreta. Vocero de los encausados, Gavazzo anunció en aquella oportunidad su determinación de "contar todo" si era obligado a declarar ante un magistrado. El entonces comandante del Ejército decidió interceptar las citaciones judiciales incurriendo en un verdadero golpe de Estado técnico. El presidente Sanguinetti asumió ese desacato militar como un "mal menor" ante una supuesta "debilidad" del gobierno civil y propició la aprobación de la ley de caducidad.

El conato de desacato surge cuando el presidente Batlle se enfrentaba a la necesidad de determinar si el secuestro, el traslado clandestino desde Argentina y el asesinato de María Claudia García de Gelman estaban o no comprendidos en los beneficios de aquella ley. El caso se ventila en el juzgado a cargo del juez penal Gustavo Mirabal, cuyo fiscal, Enrique Moller, consideró que debían archivarse las actuaciones.

Curiosamente, algunos de los oficiales que propiciaron la insubordinación de 1986 - Gavazzo, Cordero, Silveira, Medina, Arab, Rodríguez Buratti- están directamente implicados en el crimen aberrante de la desaparición de María Claudia y el robo de su hija recién nacida. De hecho, esos oficiales retirados están apostando al mismo bluff de 1986, y con el auxilio del Foro Batllista agitan ahora, una vez más, el fantasma de la desestabilización para mantener la impunidad.

LAS CONTRADICCIONES

El anuncio de que el caso de María Claudia debe ser archivado tomó por sorpresa a todos los protagonistas principales. Batlle hizo el anuncio en una improvisada conferencia de prensa al término de unos festejos en la sede del Comité Olímpico, el martes 11. No hubo comunicación previa ni al juez Mirabal, encargado de las actuaciones; ni a la nieta de Gelman (a quien el presidente había prometido, no hace mucho, continuar las investigaciones sobre el destino final de su madre); ni al abogado del poeta; ni al presidente argentino Néstor Kirchner (cuyo interés personal en el caso fue reiterado en la entrevista que ambos mandatarios mantuvieron hace algunas semanas en la estancia de Anchorena); ni al abogado Gonzalo Fernández, ex integrante de la Comisión para la Paz (CP), a quien el presidente había encargado la prosecución de las diligencias para determinar si era posible ubicar los restos de María Claudia. Probablemente ni siquiera le habría comunicado previamente la decisión al abogado Carlos Ramela, su representante personal en la CP, quien pocas horas antes del anuncio había deslizado argumentos que iban en sentido contrario: había sugerido que el presidente estudiaba muy concienzudamente las particularidades del caso, que se presentaba "complejo y atípico".

Ya en ocasión de las gestiones realizadas en Montevideo por los dos delegados del presidente Kirchner, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, y su jefe de gabinete, Rodolfo Mattarolo, había circulado la versión de que el Foro Batllista estaba ejerciendo presiones para impedir un avance en las investigaciones. Esas presiones ponían al presidente Batlle en una situación delicada porque:

a) Sostener que la desaparición de María Claudia fue un episodio cometido por militares y policías en ejercicio de sus funciones y en aplicación de órdenes superiores implica contradecirse a sí mismo. Batlle había hecho suyas las conclusiones de la CP donde se sostiene que el episodio fue protagonizado por "fuerzas que actuaron en forma coordinada y no oficial, o no reconocida como oficial".

b) Desconoce los compromisos asumidos ante Gelman y su nieta de realizar todos los esfuerzos para aclarar el caso y ubicar los restos.

c) Establece el secreto y la impunidad para algunos extremos en los que está directamente involucrado el propio Batlle.

En efecto: en fechas tan tempranas como junio de 2000 (apenas semanas después de la aparición de la nieta de Gelman), el presidente Batlle había sido informado por el general González, su antiguo jefe de la Casa Militar, sobre los entretelones de la ejecución de María Claudia. El militar confirmó a Batlle la participación directa en el asesinato del capitán de Coraceros Ricardo Medina. En una reunión que mantuvo el general González con Ramela y el abogado Gonzalo Fernández, aquél "señaló que no puede dar explicación de por qué la ejecutaron sin devolverla a Buenos Aires". El general González agregó que "los tipos actuaban tan compartimentados e ignorando la identidad de María Claudia, 'que cuando Juan salió a la palestra pública entre ellos se preguntaban quién diablos era esa mujer'".

En una reunión que mantuvo el 5 de junio de 2000 con el abogado Gonzalo Fernández, Batlle fue categórico sobre aspectos que ahora, dice, no están claros: "(Batlle) insiste en que María Claudia estaba enterrada en el Batallón 14, en Montevideo, y no en el 13, que es la conclusión a la que llegó la investigación de La República; que el doctor Batlle investigó a los entonces vecinos de los involucrados y que eso confirmaba que está en el 14, no en el 13. Piensa el doctor Batlle que Ricardo 'Conejo' Medina es el encargado de ejecutar a María Claudia".

LAS REACCIONES

Puesto que la inclusión del caso en la ley de caducidad contradice todo lo que el propio presidente había averiguado y lo que expresamente se afirmó en las conclusiones de la CP, algunos analistas infieren que la decisión "tiene carácter político", es decir, sacrifica la verdad en aras de otras necesidades. Batlle ha debido soportar el temporal de reacciones: en primer lugar, la reacción de Gelman, quien en una breve carta lo acusa de "cometer un acto de injusticia más ominoso aun que el crimen que encubre". Trata al presidente de cobarde e inescrupuloso al afirmar: "No quisiera estar en sus zapatos. Son los zapatos de un hombre que llega a su estación terminal con la conciencia oscura, la decencia mutilada y la hombría de bien desvanecida". Batlle retrucó con un argumento que ya había utilizado su asesor Ramela para descalificar a otros críticos: "Hay gente que piensa en el conflicto como una forma de vivir, que a veces vive de la muerte, que a veces lucra con ella".

No menos dura fue la reacción en los círculos del gobierno argentino. Según un despacho de nuestro corresponsal Fabián Kovacic, funcionarios consultados manifestaron su asombro: "Nunca habíamos imaginado una salida tan cínica y cobarde de parte de Jorge Batlle".

Sin embargo fue la indignación del abogado Fernández ante el anuncio lo que introdujo un elemento nuevo, según se consigna en una entrevista que el representante de Tabaré Vázquez otorgó a La República (ayer, jueves). Fernández -quien hasta ahora había convalidado, pese a las críticas, la política de derechos humanos sustentada por Batlle- reveló que "desde hace muchos días atrás, el presidente tiene datos proporcionados por mí, para acceder a una persona que no es un ejecutor material del hecho, pero que pudiera dar pistas sobre el lugar donde fue enterrado el cuerpo. Y hasta ahora no ha hecho nada. Entonces, a mí me llama la atención este apuro en declarar el caso incluido en la ley de caducidad".

El presidente Batlle se dispone a comunicar al juez Mirabal su resolución recién la semana entrante. Entonces podrá saberse con precisión qué argumentos esgrime el presidente para sostener que el asesinato de María Claudia fue un acto de servicio en aplicación de órdenes superiores. Organismos de derechos humanos y los representantes legales de Gelman exigen que se informe quién dio la orden y por qué, un extremo que parece difícil de cumplir porque no se concibe qué clase de peligro a la seguridad nacional constituía una embarazada de ocho meses, extranjera y sin militancia política, y qué clase de amenaza subversiva constituía una recién nacida.

El acto administrativo de archivar el caso reclama una fundamentación, pero más lo reclama la sospecha de que el presidente Batlle, al aplicar la caducidad, escurre el bulto y evita ser interrogado por el juez sobre la forma en que se enteró de que Ricardo Medina es el asesino material. Sin contar que la impunidad se extiende también a Jorge Silveira, ladrón de niños además de violador de menores de edad.