Por Sebastián Sosa

ALTERNATIVA POPULAR 1815

Ya lo decía Ignacio Ramonet en varios de sus escritos, la censura ya no existe en la vieja concepción que de ella se tenía y tampoco se manejan de la misma forma los modernos actos de censura. Producto del proceso de la globalización en continuo avance, la información inunda el espectro de la sociedad actual. Los medios de comunicación han alcanzado un progreso tecnológico de tal magnitud que la información es lo que más abunda hoy en día en el planeta. Hay tanta información que los medios se ven saturados y obligados a realizar continuamente procesos de selección a través de los cuales el medio enmarca el mundo que quiere mostrar de acuerdo a la línea ideológica e intereses que modelan sus preceptos.

La censura en sí no ha dejado de existir, pero ha cambiado de naturaleza. Ya no se censura por medio de la prohibición, de la restricción o de la expresa limitación de las libertades civiles como la libertad de expresión y de pensamiento. La censura ya no es la misma de antes. La nueva censura de la globalización ya no limita. La información es cuantitativamente tan voluptuosa que la censura escapa de la mera prohibición y recae en la simple omisión voluntaria de aquella información que no se desea comunicar. La información es tanta que la que falta no se hace notar. La abundancia de la información hace que aquella que falta pase totalmente desapercibida.

Es por eso que actualmente hay que darle mayor importancia a lo que no se dice que a lo que se dice. Lo que hoy en día se calla es más fácil taparlo con otra cosa, una información equis puede llenar cualquier agujero mediático con el fin de no hacer notorio el más mínimo acto de censura.

Uruguay, por supuesto, no está fuera de este universo globalizado y los medios aquí no son la excepción. Más aun cuando éstos se encuentran en manos de las mismas personas que ostentan el gobierno y se codean con el poder. Estamos casi a un mes de la realización del plebiscito que va a decidir el futuro de ANCAP, la única refinería del país, y con ella, el futuro del país entero. La agenda mediática está dominada hoy por el elemento que más ha utilizado la derecha en este último tiempo como son ni más ni menos que las propias palabras del líder de la izquierda del Uruguay, Tabaré Vázquez, manifestando la más puras de las verdades: ANCAP no se vende, pero mucho peor aun, se abren las puertas a empresas privadas para que, con el consentimiento del gobierno, hagan y deshagan a libre albedrío con uno de los principales entes autónomos del país. Esto es lo que se dice, pero... ¿qué hay de lo que no se dice?

No se dice, por ejemplo, que si bien el 51 por ciento de las acciones de la futura asociación serían de ANCAP el 3 por ciento de ellas no tienen voz ni voto. ANCAP tendría entonces un 48 por ciento de accionistas con poder de acción frente a un 49 por ciento de la empresa privada. No se dice, además, que ANCAP tendría 2 de los 6 cargos directrices del directorio y mientras que el socio privado tendría 3 gerencias ANCAP tendría solamente una. Tampoco se dice que la presidencia del ente y la gerencia general quedarían en manos del privado.

Aquellos que defienden la ley de asociación de ANCAP argumentan que ésta es un medio que posibilita la apertura de mercados y promueve la competencia eliminando sustancialmente el monopolio en el rubro. Esto es totalmente falso en la medida en que por más que se abra el mercado, los demandantes de los derivados del petróleo van a seguir siendo los propios distribuidores y mayoristas. Éstos son las multinacionales que actualmente ahorcan el mercado nacional como Shell, Esso, Texaco, que al mismo tiempo tienen sus propias estaciones de servicio y puestos de venta al público. Estas multinacionales seguramente, como lo vienen haciendo desde hace años, no van a competir entre ellas por la simple razón de que aquella empresa que aumente el precio del combustible de venta al público se estaría autoeliminando del mercado. Es obvio que Esso no va a aumentar el precio de la nafta a 25,50 el litro si Texaco, Shell y ANCAP lo venden a 25,10. La competencia a la que se hace referencia va a seguir siendo la actual, es decir, compiten en el campo de las marcas de los lubricantes, aceites varios y productos diversos en donde los precios y la apertura del mercado sí es posible.

La sociedad que conforme con ANCAP el acuerdo de asociación tendrá en sus manos a partir del 1º de enero de 2006 y por treinta años las actividades de importación, exportación, y refinación de petróleo, distribución y exportación, comercialización de productos refinados, y la importación de estos últimos. La ley dice también que se propone un tope máximo para los precios de venta de los combustibles en puerta de refinería sin considerar impuestos y que deben ser iguales al precio de paridad de importación a partir del 31 de marzo de 2004. De no cumplirse esta condición ANCAP procederá a reclamar el cumplimiento del contrato y podrá por su cuenta y orden importar refinados. Lo que no se dice es que ese tope que se pone a los precios del combustible se hace antes de considerar los impuestos y los costos de distribución. En algunos combustibles los impuestos son mas del 100 por ciento del costo. Nada se dice del precio final que llegará al consumidor final común, al productor, al comerciante o al transportista. Tampoco se dice que el mismísimo Vicepresidente de la República Hierro López ante la pregunta ¿van a bajar los combustibles? Dijo: "no se puede asegurar".

Algo que tampoco se dice es que si el socio no respeta ese "tope" de los precios ANCAP se reserva el derecho de importar directamente los refinados. Esto quiere decir entonces que cerrará la refinería. ¿Qué otra lectura puede hacerse? ANCAP se va a dedicar exclusivamente a la importación de refinados y dejara de refinar el crudo. ¿Cuántos puestos laborales se perderán entonces? Vamos a tener la primera refinería que no refina. Todo un record.

Se dice también que la refinería se renovará para conquistar nuevos mercados, sobretodo internacionales. Lo que no se dice es que las multinacionales dicen que la refinería de La Teja sólo producirá lo que se pueda colocar en el mercado uruguayo y en el contrato que se maneja con las mismas ANCAP sólo exige mantener un 80 por ciento de la capacidad actual de la refinería.

Tampoco se dice lo que ANCAP no exige al socio privado. No exige ningún tipo de Plan de negocios de mejoras para el país ya que no exige ni aumento en la producción, ni nuevos mercados, ni petróleo más barato. Solo le pide al socio que consiga préstamos por 60 millones para una nueva Planta de Gas Oil, y por 120 millones -que ya invirtió el Estado uruguayo- para modernizar la refinería. Todos los posibles socios ya contestaron que no estaría incluida la refinería en los créditos a negociar. Además tampoco se dice que si estos créditos nuevos se consiguen ANCAP deberá pagar el 51 % y el socio el 49 %.

El artículo 12º de la ley dice: "Deróguese a partir del 1º de enero de 2006 el monopolio de importación de productos refinados derivados del petróleo. Dicha derogación se hará efectiva en el caso de dictarse el acto administrativo de adjudicación referido en el inciso segundo del artículo 1º de la presente ley." ANCAP es la única empresa estatal que importa el crudo y lo refina, pero ahora ese derecho va a cederse también a las multinacionales distribuidoras de combustible que actualmente compran el refinado a ANCAP. Las multinacionales podrán en un futuro importar el refinado libremente sin tener que mediar con ANCAP. Eso es lo que correctamente se dice: "eliminación del monopolio". Pero lo que no se dice es que se sustituye un monopolio por un oligopolio multinacional con nombres propios: REPSOL-YPF, Shell, Esso, Texaco.

Además de tener todos estos argumentos para votar que SI a la derogación de la ley de asociación de ANCAP existe otro elemento que, independientemente de un análisis particular de la ley, impulsa a todos los uruguayos a votar a favor de la derogación. Este es que los principales detractores de la dignidad del pueblo uruguayo, los principales responsables de la situación actual que vive el país y, sin embargo, los únicos que no asumen sus responsabilidades; los estafadores innatos y negociadores impunes del patrimonio nacional que tienen nombre y apellido, apoyan y argumentan absurdamente a favor de esta ley. Luis Alberto Lacalle, Julio Maria Sanguinetti, Jorge Batlle, y toda su tropa apoyan esta ley. Argumento más que suficiente para no apoyarla.



La opción a elegir debe ser todo lo contrario a lo que este gobierno falto de credibilidad sugiere. Sólo por eso, el 7 de diciembre hay que derogar la ley.



"Al que quiere celeste que le cueste" dicen. Pero esta vez nos puede costar demasiado caro. Sebastián Sosa