Kaelis Bautista/Peterson González/Sandra Guzmán. El Caribe/Rebelión

Un joven con discapacidad mental, residente en Capotillo, apareció muerto el pasado 13 de noviembre en la morgue del Hospital Francisco Moscoso Puello, dos horas después de haber sido apresado por miembros de la Policía Nacional. Según sus familiares, José Veras Gómez, de 20 años, era señalado por la PN como uno de los participantes en las protestas del martes, durante la huelga nacional. Alejandro Veras, hermano del extinto José Veras Gómez, dijo que éste fue llevado de manera violenta a las 12:00 del mediodía por varios agentes de la Policía que lo fueron a buscar a la casa de una hermana, ubicada en la calle primera del barrio Canaán, en Punta de Villa Mella.

Dos horas más tarde de que se llevaron a su hermano, narró a El Caribe, llegó el rumor al callejón Apolo 11, de la Calle Luis Manuel Caraballo en Capotillo, donde residen, de que José, conocido como Yenyi, había sido ultimado y que su cadáver estaba en la morgue del hospital Francisco Moscoso Puello, a poca distancia de su casa. Un vecino de la víctima, que pidió reserva de su nombre por temor, identificó a dos de los supuestos agentes homicidas como "Jimmy" y "Gatillo". Oficialmente no se ha determinado la causa de la muerte.

Prisioneros del dolor

Al caer la tarde, la familia Veras y sus vecinos de Capotillo se encontraban turbados, precisamente porque ayer se cumplieron dos meses de la muerte de un sobrino de Yenyi: Jorge Armando Peña Veras, quien fue ultimado en un supuesto intercambio de disparos con agentes de la uniformada el pasado 13 de septiembre en la avenida Nicolás de Ovando, esquina Albert Thomas.

Mientras se hacían los rezos en memoria del muerto de dos meses, Alejandro Veras narró que desde el pasado miércoles en el barrio estaban los rumores de que a su hermano lo vinculaban a las protestas y a la muerte del agente Nelson Batista Arias. Por esas razones dijo, para protegerlo decidió llevarlo el miércoles en la noche a la casa de su hermana, Ana Rita Veras, en Punta de Villa Mella, hasta que contactara a los directivos del Comité de los Derechos Humanos, pero no le dio tiempo a hacerlo. Con la mirada perdida y preocupado porque su padre Radhamés Antonio Veras no estaba enterado del suceso, Alejandro, explicó la forma que alegadamente los agentes de la Policía ubicaron a José, de quien dijo nunca participó en protesta y que era un muchacho con problemas mentales, al que casi no se le entendían las palabras debido a su tartamudez.

Pasadas las 11:00 de la mañana, explicó, llegaron los policías, a quienes no identificó, a la calle 6 con 16 en Capotillo, donde estaba sentado otro hermano suyo, Martín Rafael Veras Gómez, junto a un amigo, a quien obligaron bajo amenazas que lo llevaran al lugar donde se encontraba José y éste no tuvo más alternativa que dirigirse con ellos hasta Punta de Villa Mella desde donde se lo llevaron para más tarde dejarlo muerto en el Moscoso Puello.

La familia Veras junto a varios vecinos que no se identificaron expresaron su temor de que Martín, a quien supuestamente llevaron detenido al destacamento de María Auxiliadora no regrese más. "Lo amenazaron de muerte y al verse en esa encrucijada procedió a llevarlos", expresó. Indicó que según versiones de testigos, su hermano Martín procedió a llevar a los agentes donde se encontraba José porque ellos le dijeron que era para hacerle las pruebas que determinarían si éste era el asesino o no del agente que resultó muerto en los disturbios del pasado martes.

El cadáver de la víctima fue llevado del Hospital Moscoso Puello al Instituto de Patología Forense y sus familiares no saben en qué lugar fue ultimado. Sin embargo, dicen que hay versiones de que fue asesinado en Villa Mella y otras de que fue en el barrio Las Cañitas. "Yo temo por la vida de mi otro hermano que se llevaron preso y también temo por la mía porque estoy haciendo estas acusaciones, porque la Policía buscó a un pendejo para vincularlo a un crimen", manifestó.

Dirigente popular

Al enterarse anoche del suceso, Fidel Santana, coordinador general del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), condenó la muerte de José Veras Gómez y pidió que se investigue hasta las últimas consecuencias este caso. "Que los familiares de la víctima se acerquen a los organismos de derechos humanos y se proceda toda la sociedad a reclamar que ese caso sea investigado y si fue realmente sacado de su casa y muerto, los responsables deben responder por esos hechos", dijo.

Sostuvo que este caso es parte de la criminalidad que se ha venido improvisando en las instituciones armadas. Santana dijo que la sociedad no puede permitir que algunas instancias del Estado apliquen por su cuenta lo que creen que es justicia.

Amnistía solicita el sometimiento de los responsables de las muertes

Las autoridades dominicanas deberán responder ante Amnistía Internacional, organismo de derechos humanos, por la muerte de siete personas durante el desarrollo de la huelga general del pasado martes. La entidad demandó del Gobierno una exhaustiva investigación y el sometimiento a la Justicia de los responsables de los decesos durante la manifestación.

"Las autoridades deben demostrar su compromiso frente a las normas internacionales que gobiernan el uso de las fuerzas por parte de los encargados de mantener el orden, presentando a los culpables de dichas violaciones rápidamente ante la Justicia ordinaria", añade la declaración de Amnistía, según un cable de la BBC de Londres. La organización también reclama por la violación de los derechos civiles de los manifestantes, pues cientos de personas fueron heridas y arrestadas durante la protesta convocada por diversos grupos populares y sindicales en rechazo a la política económica que viene aplicando la administración del presidente Hipólito Mejía. La mayoría de las víctimas, según familiares y testigos, fueron "ejecutadas" de manera abusiva por las autoridades militares durante el proceso huelgario. Algunas de estas personas realizaban sus labores cotidianas.

Es el caso del joven Bartolo Alberto Aquino Marte, de 22 años, quien según un hermano que le acompañaba, murió a consecuencia de un disparo hecho por un agente policial a quemarropa en la garganta cuando regresaban de vender plátanos en el Mercado Nuevo, del sector Capotillo.

Los testigos atribuyen la muerte del joven residente en La Zurza, a los policías que viajaban en la misma patrulla que lo trasladó al Hospital Francisco Moscoso Puello, donde expiró. Otro caso es el de Daniel Báez, de 19 años, quien falleció víctima de un tiroteo escenificado por agentes policiales contra los manifestantes en la avenida Los Jazmines, en el sector Pekín de la zona sur de Santiago de los Caballeros.

Entre la guerra o la huelga

La forma como el Gobierno enfrentó el paro general del pasado martes tuvo repercusiones negativas en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), cuyo presidente y cuatro integrantes se encuentran desde el domingo en el país, como parte de su misión de elaborar los lineamientos para una política de seguridad ciudadana en República Dominicana.

Tanto Juan Navarrete, director adjunto del IIDH, como Marcelo Fabián Sain, asesor en temas de defensa y seguridad de ese organismo, condenaron la militarización del país, dispuesta por el Gobierno, como si se tratara de una situación de guerra. Calificaron la acción como una respuesta inadecuada, que denota la incapacidad estatal para responder a demandas de carácter social y económico.

A juicio de Fabián, esto denota que el Estado, cuando su gobierno no se maneja dentro del marco del respeto a todos los derechos, entre ellos la protesta, en vez de ser una instancia de resolución de conflictos, se convierte en alimentadora y provocadora de esos conflictos. El IIDH considera que cuando se usa el despliegue de fuerzas como sucedió en el país, incluso desde el día anterior a la huelga, el Estado y el Gobierno quieren colocar la protesta como un hecho criminal, cuando es un derecho constitucional. Los pronunciamientos del IIDH se produjeron en el marco del seminario sobre Seguridad Ciudadana en República Dominicana, en el que el organismo presentó un diagnóstico sobre el sistema de seguridad pública "anacrónico", desde su punto de vista, que impera en el país.