Latinoamérica

¿Presiones del FMI?
Sigue la privatización en silencio de la electricidad mexicana

Argenpress

La denominada privatización silenciosa de la electricidad en México, que se conoce a todos los niveles, pero no está contemplada en la Carta Magna, continúa hoy a pasos agigantados y motiva la preocupación de los legisladores.

Miembros de ambas cámaras del Congreso emitieron una alerta esta última semana tras el anuncio del presidente Vicente Fox de que a partir del próximo año empresas privadas y extranjeras participarán en la construcción de megacentros petroquímicos.

De acuerdo con el mandatario, en estos se producirán algunos productos petrolíferos, los que legalmente sólo pueden ser producidos por el sector público.

Los senadores por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Bartlett y Laura Alicia Garza dijeron que ese anuncio es un nuevo paso en la privatización, iniciada con la entrega de la explotación del gas en la cuenca de Burgos a transnacionales.

Además, coincidieron, ello también se suma a la intención gubernamental de privatizar parcialmente las operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Oscar Cantón, también senador priísta, señaló que si Fox y sus socios estadounidenses insisten en la apertura de los energéticos al capital privado habrá movilizaciones sociales que nadie va a poder contener.

Los legisladores por el también opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Ortega y Rutilio Escandón manifestaron que el presidente mexicano no debe olvidar que se le pueden atribuir responsabilidades penales por la privatización silenciosa de electricidad e hidrocarburos.

Gonzalo Yáñez, coordinador de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, opinó que la reforma eléctrica es sólo una cortina de humo, pues la verdadera intención del gobierno federal es privatizar los recursos energéticos del subsuelo.

Julio Boltvinitk, diputado por el PRD, señaló que no constituye una sorpresa que un gobierno federal esté perpetrando una violación a la ley en materia energética.

Está claro, sentenció, que el gobierno quiere presentar las cosas como hechos consumados y ahora el argumento es legalizar lo ilegal, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.

Sami Davi, del PRI, manifestó que esa insistencia de Fox es una desmesura cuya verdadera intención es privatizar las dos empresas estatales del sector energético: la eléctrica y la petrolera.

Felipe Calderón, secretario de Energía, y Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la presidencia, rechazaron que el gobierno federal responda en su accionar en este caso a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Calderón aludió a las revelaciones en la prensa sobre las exigencias del FMI para que México apruebe reformas estructurales, al expresar ese organismo su desilusión por la falta de ese paso, lo cual provocó un debate en círculos políticos por la intromisión de ese organismo en los asuntos internos de México.