por Inforpress Centroamericana
Reproducción de Noticias Aliadas

La nueva doctrina de seguridad estadounidense elaborada tras los atentados del 11 de setiembre del 2001, ha avanzado con paso sigiloso pero seguro, permeando al más alto nivel en América Central.

Durante los últimos meses, representantes del gobierno estadounidense incrementaron su presencia en América Central haciéndose sentir en pronunciamientos y acciones de los jefes de Estado de la región contra el terrorismo.

Diversos analistas estimaron que el gobierno estadounidense ha reforzado acciones para incrementar su influencia en las políticas de seguridad y justicia en la región, además de considerar esta estrategia como parte de un interés por expandir un modelo económico y político que permita a EE.UU. ampliar su dominación en la correlación mundial (NA, Abr. 9, 2003).

Iniciativas en los congresos del istmo aprobando una mayor presencia militar de agentes estadounidenses, acuerdos para reducir y eliminar armas e iniciativas para dar inmunidad a militares estadounidenses destacados en la región, son algunas de las acciones más claras de la influencia militar de EEUU en la región (NA, Jul. 16, 2003).

Durante la Cumbre Extraordinaria sobre Seguridad Regional, realizada el 4 de setiembre, los presidentes de Costa Rica, Abel Pacheco; Guatemala, Alfonso Portillo; El Salvador, Francisco Flores; Nicaragua, Enrique Bolaños; Panamá, Mireya Moscoso; Honduras, Ricardo Maduro; y el primer ministro de Belice, Said Musa, reiteraron la validez del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica -firmado en 1995- y destacaron la importancia de seguir adoptando medidas orientadas al fortalecimiento de la confianza y seguridad colectiva regional.

Los mandatarios propusieron un informe semestral sobre la situación de la seguridad en la región, enmarcado en el Modelo de Seguridad Democrática, y pidieron a la Comisión de Seguridad de Centroamérica continuar impulsando la ejecución del Plan de Acción contra el Crimen Organizado mediante iniciativas nacionales y regionales (NA, Oct. 8, 2003).

En la reunión, el gobierno de Nicaragua propuso el Programa de Limitación y Control de Armamentos en Centroamérica, dirigido a alcanzar un balance razonable de fuerzas, que fue aceptado como documento de trabajo y se encomendó a la Comisión de Seguridad de Centroamérica preparar un calendario de implementación.

Uno de los autores del proyecto, el coronel Ramón Calderón, precisó que la propuesta prevé un inventario de las fuerzas y medios de defensa y seguridad pública de los países de la región, una verificación de esos datos por funcionarios del Estado, militares y policías, y eventualmente la Organización de Estados Americanos (OEA). El militar advirtió que si un país alega razones de soberanía o secretividad, el acuerdo no caminaría.

Bolaños, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de setiembre, afirmó que su gobierno busca colaborar activamente dentro del multilateralismo para combatir flagelos como el terrorismo.

"Por eso hemos impulsado una nueva era en Centroamérica, una Centroamérica más unida, un modelo de seguridad democrática con un innovador esquema para vencer los desafíos tradicionales y las amenazas modernas", dijo.

Respecto al narcotráfico, planteó que "debido a nuestra privilegiada posición geográfica, el crimen internacional organizado pretende extenderse a nuestra región para convertirla en ruta entre las naciones productoras y consumidoras de sustancias ilícitas, cuyo avance hemos detenido en Nicaragua. Sin embargo, es imperativo consolidar la cooperación de todos los actores internacionales en concordancia con el criterio de responsabilidad compartida".

Julio Balconi, ex ministro guatemalteco de la Defensa y analista en temas de seguridad, consideró que los postergados esfuerzos para crear una fuerza militar multinacional para la defensa del istmo, y homologar políticas de seguridad están reactivándose a partir de una agenda que viene de afuera, en alusión a los lineamientos establecidos por la nueva doctrina de seguridad de EE.UU.

"Siempre ha habido relación entre las fuerzas armadas centroamericanas, pero más que todo giraban en torno a pláticas iniciales para formar una fuerza multinacional para la defensa centroamericana, pero no se concretaba porque eso tiene que ser una decisión política de los presidentes, porque no hablamos sólo de operaciones militares, sino de una fuerza multilateral para aspectos de seguridad y defensa. Ahora creo que hay avances y más influencia de la agenda de EE.UU. en esos temas", dijo.

Convenios como los firmados recientemente para la llegada de militares estadounidenses a Guatemala en tareas de capacitación, seguridad y solidaridad "son parte de la rutina, lo único es que la intensidad con que se van a llevar a cabo esas acciones será mucho mayor, sobre todo en temas de combate al narcotráfico y combate al terrorismo", sostuvo Balconi. "La agenda de EE.UU. cambió y me imagino que actividades que antes eran de apoyo a comunidades estarán ahora concentradas en cuestiones de seguridad".

Gustavo Castro, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), estima que los esfuerzos alentados por EE.UU. para la creación de una fuerza militar centroamericana se encaminan a constituir una estructura regional controlada por EEUU bajo el pretexto de que los ejércitos del istmo son incapaces de prevenir y controlar el terrorismo.

Estimó que los distintos esfuerzos de EE.UU. se enmarcan dentro de un plan de "homogeneización" de los aparatos de seguridad en América Latina, respondiendo exclusivamente a sus intereses económicos y políticos, vinculados específicamente a impulsar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (NA, Dic. 2, 2002).

Entre las razones que explican este proyecto, considera Castro, se encuentra la importancia del control del petróleo en los yacimientos de los países latinoamericanos (NA, Ene. 15, 2003).

Castro sostuvo que la creciente presencia militar estadunidense y la influencia en las políticas de seguridad "es parte clave y estratégica para el proyecto económico del presidente [George W. Bush], que incluyen la interconexión eléctrica, explotar la biodiversidad con el Corredor Biológico Mesoamericano y proyectos hidroeléctricos", contemplados en el proyecto del Plan Puebla Panamá (NA, Jul. 29, 2002).

Castro sostuvo que con el pretexto de la amenaza externa del terrorismo, EE.UU. buscaría reforzar su control de la región para apoyar políticas económicas que eventualmente podrían generar descontento y movilizaciones populares en la región. El analista precisó que con los tratados de libre comercio está prevista la reducción de aranceles a la industria militar en América Central.

En el documento "Petromilitarización del Continente y de la América de en medio", Castro plantea que dentro de la estrategia de EE.UU. estaría criminalizar a organizaciones no gubernamentales independientes, acusándolas de amenazar la democracia. Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Global Exchange y Oxfam, entre otras, enfrentarían ese riesgo.