La Jornada. Editorial

El saldo más significativo de las elecciones realizadas en Guatemala el pasado domingo no debe buscarse en los vencedores de la contienda -dos candidatos anodinos, representantes ambos de la oligarquía tradicional agro exportadora, comercial y financiera-, sino en el derrotado principal: el general Efraín Ríos Montt, genocida y dictador reconvertido en político y árbitro máximo, hasta ayer, de la vida política de la nación vecina.

Es pertinente recordar que Ríos Montt apareció por primera vez en el panorama electoral guatemalteco en 1974, cuando, como candidato de una alianza de centro izquierda, ganó las elecciones de ese año. La jerarquía militar desconoció el triunfo e impuso, en forma fraudulenta, a su propio presidente. Ocho años más tarde, en plena guerra civil, esa misma cúpula militar lo llevó al poder mediante un golpe de Estado. Entonces Ríos Montt, reclutado por una secta religiosa estadounidense, mostró su verdadero rostro genocida. En los 18 meses que duró su paso por la presidencia ordenó el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, borró del mapa a sangre y fuego más de 400 aldeas indígenas que simpatizaban con las organizaciones insurgentes de la época, y colocó a su país como sinónimo de violaciones masivas y atroces de los derechos humanos.

Ríos Montt fue derrocado por un nuevo cuartelazo militar que culminó con la restauración de una democracia formal y la entrega a los civiles de una presidencia fuertemente acotada y casi simbólica. En el nuevo entorno democrático, el criminal de lesa humanidad formó una agrupación política, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a la que pretendió usar como trampolín para ocupar de nueva cuenta la jefatura de Estado. Lo intentó en 1990 y en 1995, pero se vio inhabilitado por una disposición constitucional que prohíbe ocupar el cargo a responsables de golpes de Estado. En 1999 Ríos Montt impuso como candidato de su partido al actual presidente, Alfonso Portillo, quien durante su mandato se exhibió no sólo como una marioneta del ex dictador, sino también como uno de los mandatarios más corruptos e ineptos de la historia de Guatemala.

En los meses previos a los comicios de anteayer, el gobierno de Portillo usó descaradamente los aparatos de Estado para favorecer en la contienda a Ríos Montt, quien, ante la evidencia de su escasa popularidad, intentó como recurso desesperado desestabilizar el panorama político mediante acciones vandálicas de sus partidarios y amagos violentos de fraude electoral, acciones que sólo acentuaron el repudio nacional hacia la figura del general asesino.

La derrota electoral del FRG implica automáticamente la pérdida de la inmunidad de que gozaba su líder máximo, en tanto que diputado y en tanto que candidato, y abre la posibilidad de someterlo a proceso en su propio país. Cabe recordar, a este respecto, que Ríos Montt es requerido en España por demanda de la premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú, para que rinda cuenta de los crímenes cometidos durante la dictadura que encabezó.

Cabe felicitarse, en suma, de que un delincuente represor como el general guatemalteco haya sido políticamente neutralizado y que se plantee ahora la viabilidad de llevarlo a un tribunal junto con sus cómplices. Aunque fuera sólo por esos resultados, las elecciones guatemaltecas del domingo pasado deben considerarse exitosas.