Barbara J. Fraser. SOLDEPAZ.PACHAKUTI

Después de 10 años en tribunales de EEUU, demandantes enfrentan larga batalla judicial en casa.

La pequeña sala del tribunal de Lago Agrio, ciudad selvática en el noreste de Ecuador, estaba atestada el 21 de octubre al darse inicio a un histórico juicio contra el gigante petrolero estadunidense ChevronTexaco por la contaminación causada por sus operaciones hace más de una década (NA, Jun. 18, 2003). Pero aunque muchos de los más de 70 demandantes en el caso son miembros de los pueblos secoya, siona, cofán y huaorani, había sólo unos pocos indígenas entre la multitud de abogados, periodistas, ambientalistas y espectadores.

Después de casi una década de disputas legales en cortes de EEUU, el caso volvió a Ecuador, a la sala presidida por el juez Alberto Guerra, flanqueado por una enorme pintura de la Señora Justicia con traje nativo contra un fondo de ríos, cerros y bosques, un tucán posado sobre su balanza y un puma a sus pies.

En la calle, contenidos ante el tribunal por una fila de policías antimotines, varios cientos de personas -algunas con plumas, el rostro pintado y vestimenta tradicional- cantaban consignas contra Texaco y escuchaban las intervenciones en la sala mediante un altavoz. No todos estaban convencidos de que se haría justicia.

"Ha habido 10 años de no poder hablar frente a frente con la empresa", dijo Elías Piaguaje, líder secoya y uno de los demandantes. "Hoy día, mire usted, allí están reunidos, aquí estamos en la calle gritando. Para mí es una burla".

Entre 1971 y 1992, un consorcio que incluía a Texaco y la estatal PetroEcuador extrajo 1.5 millardos de barriles de petróleo de la zona. Los demandantes sostienen que la empresa eliminó inadecuadamente 18.5 millardos de galones de aguas de desecho, contaminando el suelo y ríos y manantiales de los que al menos 500,000 personas -incluyendo unos 30,000 miembros de comunidades indígenas- dependen para su agua de beber y el riego.

La mayor parte de la jornada, los abogados de la empresa sostuvieron que el caso debía desecharse porque ChevronTexaco no era responsable de las acciones de sus ex subsidiarias y porque ya había invertido US$40 millones en operaciones de limpieza que fueron aprobadas por el gobierno ecuatoriano.

La empresa también cuestionó la aplicación retroactiva de una ley de hidrocarburos de 1999 que impone a las empresas normas de limpieza más estrictas, pero el abogado de la parte demandante, Alberto Wray, fue de otra opinión.

"Estamos hablando de daños que siguen produciéndose porque las sustancias tóxicas siguen presentes y siguen contaminando", dijo.

En cuanto a las operaciones de limpieza, el abogado Steven Donziger, quien representó a los demandantes en tribunales de EEUU y está sirviendo como consejero en Ecuador, las comparó a "aplicar maquillaje". Donziger estimó que el costo de reparar los daños de las más de 600 zanjas de desechos superaría US$1 millardo. Otros expertos han estimado que el costo podría ser cinco o seis veces dicha suma.

"Hicieron una limpieza que era una catástrofe, porque consistía en tapar y dejar abajo todo. Ahora el daño es mucho mayor que antes porque se va filtrando a las fuentes de agua. La contaminación ahora quizás sea menos visible, pero es más intensa y más profunda", dijo el Rev. José Miguel Goldáraz, sacerdote capuchino español que lleva 30 años trabajando en la zona.

Aunque el juicio busca asegurar la limpieza y no menciona una suma de dólares específica, el dinero es uno de los puntos de disputa. Aunque Ricardo Veiga, vicepresidente de productos para América Latina de Chevron Texaco, señaló que la empresa había dado US$5 millones para proyectos de desarrollo comunitario en algunas de las zonas afectadas, algunos habitantes locales veían esos pagos como sobornos. Después de recibir los fondos, varios gobiernos locales y organizaciones indígenas se retiraron del juicio.

Al final de la audiencia inicial, Guerra dio a ambas partes seis días laborales para presentar documentos y testigos. El juez y los investigadores del tribunal examinarán luego los documentos e inspeccionarán la zona.

"Sé que las partes van a pedir la inspección de unos 100 pozos", dijo Guerra, añadiendo que esperaba emitir un fallo dentro de cuatro a seis meses.

"Es un caso histórico que va a sentar precedente no sólo jurídico sino también humano", dijo. "Para mí, la naturaleza es como una madre gestante. Nadie puede ser capaz de introducir al vientre de una madre gestante sustancias tóxicas y contaminantes. Tenemos la responsabilidad de cuidarla".

Cualquiera sea el veredicto de Guerra, una apelación es probable. Eventualmente el caso llegaría a la Corte Suprema. Si los demandantes pierden, dijo Donziger, podrían regresar a los tribunales de EEUU.

Aunque Guerra dijo que no esperaba que el caso Texaco terminaría en su despacho, añadió que creía que la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de EEUU tomó la decisión correcta al fallar que el caso debía verse primero en Ecuador. La corte estadunidense resolvió que la decisión de los tribunales ecuatorianos sería vinculante para la empresa en EEUU.

Texaco no es la única empresa actualmente en el candelero. En setiembre, una asamblea de indígenas shuar en la región del Pastaza, en el sur, repitió su prohibición contra las operaciones petroleras de la estadunidense Burlington Resources. La decisión se produjo luego que el presidente Lucio Gutiérrez anunció que la zona sería abierta a la exploración a fines de año. En los últimos seis años, los shuar han llevado adelante una exitosa batalla legal para mantener a las empresas petroleras fuera de su territorio (NA, Ene. 17, 2000).

Entretanto, no lejos de Lago Agrio, el pueblo kichwa de la comunidad de Sarayacu ha estado tratando de detener la prospección petrolera en sus tierras. El 16 de octubre, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades han amenazado con enviar a las Fuerzas Armadas para permitir a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) llevar a cabo sus pruebas seísmicas (NA, Mar. 26, 2003).

Para los pueblos indígenas de Sucumbíos, la cuestión va más allá de limpiar desechos tóxicos. Aunque sus territorios están legalmente reconocidos, el gobierno se reserva el derecho a conceder concesiones de recursos del subsuelo como petróleo, gas y minerales (NA, Abr. 22, 2002). Según Piaguaje, las comunidades no ven nada de la riqueza que dichos recursos representan.

"El gobierno negoció con la empresa, entonces el gobierno debería pagarnos y entregarnos los pozos petroleros que están en producción", dijo. "El problema de fondo es la filosofía indígena ancestral frente a las leyes nacionales y extranjeras. El problema de fondo es social, cultural, filosófico. Es la cosmovisión. Lo único que yo quiero es que podamos hablar en igualdad de condiciones".