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Indígenas de Ecuador señalan que la firma sembró muerte y enfermedades en la selva
Abogado de afectados informa en México sobre demandas contra la poderosa trasnacional
ELIZABETH VELASCO CONTRERAS /I
Como David contra Goliat, 30 mil indígenas y campesinos de la selva amazónica de Ecuador enfrentan a Chevron-Texaco, en un juicio en que reclaman a esta poderosa trasnacional remediar los daños que causó a la biodiversidad del oriente de la Amazonia, debido a la inadecuada explotación de petróleo que realizó entre 1964 y 1990, provocando muerte y enfermedades de personas y animales domésticos, así como la desaparición de especies y ecosistemas.
Además de ser irreparables las vidas humanas perdidas por diversos tipos de cáncer a causa de la contaminación de acuíferos, esteros, tierras de indígenas y otros ecosistemas, la cuantificación de los daños es millonaria.
En las poblaciones de Lago Agrio, Shushufindi, Sucumbíos, La Joya de los Sachas y otras, expuestas a una larga explotación petrolera, se encontró que, respecto al promedio nacional, "el riesgo de padecer cáncer en los hombres era mayor 40 por ciento y en mujeres 60", mientras los menores tienen "un riesgo de 200 por ciento más para contraer leucemia", según el estudio Cáncer en la Amazonia, del médico español Miguel San Sebastián.
En el estudio se ilustra que en los cuatro ríos que cruzan el cantón de La Joya de los Sachas, en cuyo alrededor fueron explotados más de 30 pozos, se encontró "una contaminación con un rango de nueve a 280 veces mayor a lo permitido".
Se requiere millonaria inversión para que sanear el ambiente
El abogado y representante legal de los afectados, Alberto Wray, advierte que sanear el ambiente de la Amazonia a un nivel que deje de ser peligroso, requeriría de una inversión "de mil millones de dólares, según algunos técnicos, pero si se quiere ir más allá, otros calculan los daños hasta en 3 billones de dólares".
El jurista ecuatoriano, a su paso por México luego de viajar a Estados Unidos, relata a La Jornada los pormenores del proceso jurídico contra el gigante petrolero, cuyo desenlace, de ser favorable a los indígenas, elevaría en gran medida el poder de los tribunales de los países en desarrollo en las demandas contra corporaciones trasnacionales.
La demanda de los indígenas sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, entre otros, así como de los campesinos de las provincias afectadas de Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Napo, ha recorrido un largo camino.
Luego de una década de haber sido presentada en las cortes de Texas y Nueva York (sede del corporativo), en mayo pasado la justicia estadunidense negó tener competencia en la causa, bajo el argumento de que Nueva York no es el lugar apropiado para el litigio. Pero decidió que el juicio debe ser procesado en Ecuador, donde el fallo definitivo y el castigo financiero que eventualmente se imponga a la trasnacional "tendrá que ser acatado y es ejecutable en cualquier parte del mundo", sentencia Wray.
A unas semanas de iniciado el periodo de pruebas del juicio que se radicó en la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos, con capital en Lago Agrio, 180 kilómetros al noreste de Quito, la trasnacional rechazó la competencia del juez ecuatoriano Alberto Guerra, y también, como argumenta desde hace una década, niega tener responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Wray sostiene que Chevron-Texaco no puede evadir su responsabilidad con el argumento de que, una vez terminadas las operaciones en los pozos (a cargo de su filial Texaco Petroleum Company), la compañía petrolera estatal Petroecuador asumió el control de las operaciones del consorcio que ambos constituyeron para efectuar la explotación petrolera durante 20 años.
"En primer lugar -sostiene Wray-, si bien es cierto que Petroecuador y Texaco se asociaron, Texaco es quien llevó a cabo, exclusivamente, las operaciones técnicas de explotación del crudo. En el contrato de asociación con Petroecuador, la estatal asumió correr con un porcentaje de pérdidas y ganancias, pero no efectuaba las operaciones. Tan es así, que Petroecuador, por su lado, operaba otros pozos petroleros en ese periodo.
"De manera que nosotros no estamos reclamando responsabilidades derivadas del contrato, sino los daños ejecutados por dolo y negligencia. Es decir, estamos reclamando responsabilidad extracontractual, y ahí lo que importa es quién realiza físicamente la operación; no importa con quién está asociado."
En segundo lugar, "sostenemos que Texaco introdujo en Ecuador tecnología contaminante, que continuó operando Petroecuador al término de las operaciones de la trasnacional. Cabe hacer notar que Ecuador no había explotado petróleo antes; al menos no en esa dimensión ni en esa zona".
-Sin embargo, Chevron-Texaco sostiene que en 1998, luego de haber efectuado un programa de remediación (término ambiental que significa saneamiento) por 40 millones de dólares, el gobierno de Ecuador y cuatro municipios cercanos al área de operaciones del consorcio (Nueva Loja, Shushufindi, La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana) liberaron a Texaco Petroleum Company, Texaco Inc. y todas sus subsidiarias de cualquier responsabilidad legal relacionada con las operaciones del consorcio.
-El hecho de que Texaco argumente: "nosotros no lo hicimos (el daño al ambiente), lo hizo Petroecuador", no lo libera de su responsabilidad, porque utilizó tecnología contaminante desde el punto de vista ambiental, y según los principios de responsabilidad civil extracontractual es responsable. Además, la explotación que llevó a cabo no era en cualquier lugar. No es lo mismo explotar petróleo en un desierto que en la Amazonia, patrimonio del Estado ecuatoriano y de la humanidad, donde hay un ecosistema que proteger.
Tecnología causante de cáncer
-Texaco sostiene que las operaciones del consorcio cumplieron con las leyes ambientales y regulaciones ecuatorianas y con las prácticas técnicas que en ese momento eran consideradas estándar en la industria petrolera.
-Eso no es cierto. Hay infinidad de casos en los que Texaco fue multada por las autoridades ecuatorianas. De hecho, su mismo argumento desmiente lo que sostiene: si hicieron remediación, quiere decir que hubo daño ambiental, de lo contrario, ¿por qué hicieron la remediación? Aparte de eso, lo que sostenemos no es que Texaco violó las leyes ecuatorianas, sino que usó una tecnología agresiva al ecosistema a sabiendas de que había otras técnicas menos peligrosas para el ambiente. Y utilizó esa tecnología por razones económicas. No nos importa que haya cumplido las regulaciones ecuatorianas; el hecho es que usó tecnología que consistía en arrojar los desechos en el ambiente en lugar de inyectarlos en el subsuelo, como hacía la propia Texaco en Estados Unidos.
En el resumen de la contestación de Chevron-Texaco ante la Corte ecuatoriana (el cual se puede consultar en la página web de la trasnacional), la firma señala que la tecnología utilizada por su filial en ese periodo "era común en varios otros países tropicales o semitropicales, como Angola, Brasil, Colombia, Indonesia, México y Nigeria".
Ese argumento, afirma Wray, "refuerza que sus prácticas no fueron utilizadas en Estados Unidos, sino en países subdesarrollados. En Estados Unidos usted puede ver pozos de petróleo en la mitad de un pueblo que están funcionando y no arrojan una partícula de desperdicios al ambiente. Los estándares técnicos en ese momento exigían la reinyección en las aguas del subsuelo, en el mismo lugar donde fueron extraídas, y eso no lo hizo Texaco en Ecuador".
Según los querellantes, Texaco descargó unos 113 mil millones de litros de desperdicios tóxicos en el ambiente cuando extraía crudo en la Amazonia, entre otros actos de negligencia y daños que están por comprobar en la Corte de Lago Agrio, donde el juez aseguró que existen elementos para llamar a demandantes y demandados a presentar testigos y evidencias.
