Entre las propuestas de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato se encuentra otorgar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y garantizar mayores derechos y autonomía. Luego de tres años, el martes 28 de octubre, Ricardo Lagos recibió las conclusiones. Comprometió el envío, en 20 días, de proyectos y políticas públicas "sobre la base de las sugerencias de la Comisión". Pero el "nuevo trato" nada dice respecto de los presos políticos mapuches y la actual política represiva del Estado y las policías. Para los mapuches, los anuncios parecen más promesas que realidad.

El propio werkén Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, descalifica el Informe por "colonialista": "Si tuviera que usar un lenguaje para calificarlo, diría que es un informe claramente colonialista, asimilacionista y por lo tanto no podemos aceptarlo. El texto omitió la responsabilidad institucional en la usurpación de tierras ancestrales y el tema de la libre determinación de los pueblos". Huilcamán, junto a José Llancapán, Galvarino Reimán y Adolfo Millabur, fueron algunos de los comisionados por los pueblos indígenas y señalan no haber sido escuchados ni tomados en cuenta en dicha Comisión.

Una de las sugerencias del Informe es que el Estado otorgue mayores derechos políticos y que las propias comunidades elijan sus representantes en el Parlamento, además de mayor participación en gobiernos comunales y en las leyes que los afecten, cultural o territorialmente. Incluso, se señala el otorgar mayores derechos territoriales y se sugiere el traspaso de territorios en que se pueda demostrar la "propiedad ancestral". Las organizaciones mapuches señalan estar analizando estos planteamientos, aunque algunos dirigentes advierten que varios puntos "no son más que nuevas promesas".

Lagos se comprometió a anunciar, antes del 15 de noviembre, una serie de políticas públicas. En la ceremonia de entrega del Informe, comunicó que en los próximos 20 días planteará "varias políticas públicas sobre la base de las sugerencias de la Comisión", entre las que se encuentra la propuesta de reconocimiento constitucional, derechos colectivos, políticos y territoriales, representación parlamentaria indígena, reconocimiento de "territorios Indígenas", derecho al uso y goce de recursos naturales y el compartir los beneficios de proyectos de inversión, incorporación al Consejo de CONADI de pueblos no representados (quechua, colla, entre otros), crear un Consejo Indígena y un Instituto de Investigación y Promoción de Pueblos Indígenas, además de un Fondo General Indígena que reúna los recursos existentes, aumentados en un 40%. Según las sugerencias de la Comisión, en dos años se debiera definir las reclamaciones pendientes de tierras ancestrales. También se sugiere indemnizar a algunas etnias y descendientes de los pueblos extintos aonikenk y selk'nam. Para los kawesqar y yaganes, en serio riesgo de extinción, se advierte la necesidad de realizar un censo especial y diseñar un plan que garantice su supervivencia a partir de "pensiones, subsidios y rescate de su cultura". Respecto de los rapanuis se propone un "estatuto de autonomía" y el "reconocimiento del derecho exclusivo a propiedad de tierras en la isla". Otro planteamiento de la Comisión es crear un Consejo de Pueblos Indígenas que "garantice el derecho participativo del estatuto jurídico de los pueblos", y que debiera ser considerado "un órgano de consulta" para el gobierno en materia de políticas indígenas.

Desconfianza mapuche

El informativo mapuche Mapuexpress señala acerca de las conclusiones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato: "Nada es el aporte que entrega este Informe a mejorar las actuales políticas al interior del Estado, por el contrario escatima los planteamientos de fondo que se vienen demandando y cae en la redundancia sobre cuestiones legislativas que se vienen insistiendo desde hace varios años como son el reconocimiento constitucional y la ratificación de Convenio Nº169. En definitiva, nada nuevo a lo que ya se ha dicho. Nuevamente se proclama que se aumentarán recursos a entidades burocráticas para cumplir fines asistencialistas desde la perspectiva de desarrollo estatal hacia los pueblos indígenas. Desde el punto de vista participativo, el Informe propone que las denominadas 'etnias' elijan a sus propios representantes en el Congreso Nacional, y reconocer las formas de organización de los pueblos indígenas. En lo territorial, se establece que debe haber una demarcación de territorios indígenas y el reconocimiento a participar de dichas zonas. También, plantea reemplazar la noción de área de desarrollo indígena en la legislación nacional, por el concepto de territorio indígena. Varios de estos aspectos son cuestionados en forma y fondo por algunos referentes mapuche". Al respecto el nuevo periódico mapuche Azkintuwe señala en un artículo firmado por Pedro Cayuqueo y Wladimir Painemal: "El indigenismo de Estado lleva aparejado un aspecto de indudable peligro para el fortalecimiento del movimiento mapuche, como lo es la creación de distintos organismos afines y que le han permitido en la última década contener -y en algunos casos desarticular- buena parte de los sucesivos levantamientos de nuestras comunidades. Nos referimos a la institucionalización de la vida mapuche que se produce hoy a través de la CONADI, Orígenes, Municipios o la acción combinada de los diferentes tentáculos de la administración estatal. Institucionalizar la vida mapuche ha sido una tendencia histórica del indigenismo como corriente político-administrativa, desde la promulgación de las primeras leyes de colonización indígenas o nacionales que pretendieron encasillar a nuestro pueblo a normativas divergentes de su naturaleza cultural. Los objetivos de esta institucionalización indígena, piedra angular del recién estrenado Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, además de encasillar nuestras demandas y reivindicaciones dentro de los estrechos márgenes del 'Estado de Derecho', se han centrado en el último tiempo en levantar nuevos liderazgos, reemplazar dirigencias tradicionales y autónomas por determinados liderazgos funcionales".

La mayoría de los mapuches y sus organizaciones miran con enorme desconfianza las promesas del gobierno y las "sugerencias" de la Comisión. Mientras se anunciaba el "nuevo trato", uno de los integrantes de la Comisión, Rosamel Millamán, fue detenido y golpeado comisión por Fuerzas Especiales de Carabineros durante la represión a la comunidad mapuche de Rofue. Decenas de presos políticos mapuches continúan en las cárceles de la VIII y IX regiones, acusados y condenados bajo leyes especiales -Ley Antiterrorista y Ley de Seguridad Interior del Estado- otrora profusamente ocupadas por la dictadura militar y que hoy la "democracia" aplica en contra de la nación mapuche. Un dirigente mapuche urbano señala: "Nada se puede hablar de 'nuevo trato'. Es casi una burla, porque continúa la represión en nuestras comunidades, hay hermanos presos en cárceles, incluso una presa política -Patricia Troncoso- está en huelga de hambre, se condenó a los loncos Pichún y Norín sin pruebas, sólo por presiones de latifundistas y empresarios poderosos, continúan construyendo proyectos hidroeléctricos y forestales, usurpando nuestra tierras, ¿ese es el nuevo trato?".

7-11-03