Federico López
Punto Final
Aunque en la historia anterior a 1973 no faltaron las guerras civiles y conspiraciones militares, el golpe del 11 de septiembre fue algo insólito, porque las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros se levantaron institucionalmente contra el presidente de la República y la Constitución. Procedieron sin fracturas y se impusieron en forma fulminante. Hubo mínima oposición al interior de las FF.AA. y Carabineros. El golpe generó una dictadura que duró 17 años, dirigida por el comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet, que se mantuvo en ese cargo hasta 1998. Nunca hubo algo parecido: los dos generales conservadores que gobernaron entre 1831 y 1851 no fueron dictadores.

LOS generales René Schneider (derecha) y Carlos Prats; ambos fueron comnadates en jefe del ejército. El primero fue asesinado en 1970 por un grupo de extrema derecha vinculado a militares que recibieron apoyo en armas y dinero de la CIA. Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, fueron asesinados en 1974 en Buenos Aires por órdenes de Pinochet. La ejecución la cumplieron oficiales del ejército chileno y agentes de la DINA.

A partir de 1830, los militares perdieron en Chile la autonomía política y debieron subordinarse al poder constitucional, limitándose a sus funciones profesionales. La relativa prescindencia política se mantuvo hasta la década 1921-1931 en que hubo diversas intervenciones de las FF.AA. en el gobierno.

Para acercarse a la derecha, los militares golpistas de 1973 utilizaron el mito de la construcción de la República. No les importó que Diego Portales, el ministro del presidente Prieto, hubiera puesto en cintura a los militares para terminar con "los desbordes de la sargentada" y les hubiera puesto como contrapeso a las guardias cívicas. Pinochet y los militares necesitaban el paradigma fundacional de una "nueva República". El régimen portaliano -impersonal y severo- que se ajustó a las necesidades de la oligarquía en el siglo XIX, fue aparentemente imitado por un gobierno castrense a tono con las exigencias del capitalismo globalizado dominado por las multinacionales.

En muchos aspectos lo que funcionó en Chile a partir de 1973 fue un Estado vestido de uniforme. Los militares pasaron a ser actores políticos determinantes. Ligados a la burguesía y al imperialismo mantuvieron fuerte autonomía. Fueron instigados e instrumentalizados, pero no se convirtieron en sirvientes incondicionales.

En Chile, según José Comblin, se aplicó -sin teorizarlo- la forma "más completa y rigurosa de la Seguridad Nacional" de la cual el Estado "pasó a ser una especie de quintaesencia".

Ya había comenzado la era de los regímenes de contrainsurgencia en América Latina, que padecerían durante más de un decenio los países de Centroamérica y el Cono Sur.

El gobierno del presidente Allende acentuó la crisis del modelo de dominación y abrió cauces hacia un nuevo ordenamiento socio-económico y político. La burguesía, con el apoyo de Estados Unidos, buscó la salida militar que necesariamente debía ser sangrienta. Lograron arrastrar el centro político a sus posiciones y crearon un clima que conducía al enfrentamiento. En ese contexto operó la conspiración militar.

HOSTILIDAD AL PUEBLO

Las FF.AA. no sólo actuaron movidas por su "visceral anticomunismo". Jugó un papel importante el "prusianismo" derivado de la formación que impuso la misión Körner que a fines del siglo XIX reorganizó el ejército. El prusianismo y el sentido de clase llevó a los militares a perpetrar grandes masacres de trabajadores en las primeras dos décadas del siglo XX.

Sin embargo, a partir de los años cincuenta el factor más importante fue el Pentágono. La ideología de la guerra fría, el nacionalismo y el prusianismo formaron una mezcla agresiva sostenida por una disciplina que se acentuó por el miedo. Como integrantes de los sectores medios, los militares temían el avance de los sectores populares, sinónimo para ellos de violencia y desorden.

El espantajo del caos, del comunismo y de la sociedad totalitaria se agitó ante los militares durante los mil días de la Unidad Popular. Al derrocar a Allende se "salvaba a Chile" y se derrotaba a la Unión Soviética y al comunismo. Esa fantasía caló hondo en los militares, los cuales -siempre según Comblin- "se sintieron encarnando a la nación en una guerra sin fin pero gloriosa, y sobre todo victoriosa, contra el más poderoso enemigo que el ejército chileno haya podido vencer jamás a lo largo de su historia".

Desde 1958, cuando Allende estuvo a 30 mil votos de la presidencia de la República, y con el triunfo de la revolución cubana en 1959, Chile entró al foco de atención militar de Estados Unidos. Aumentaron los cupos para la Escuela de las Américas en Panamá y la entrega de material bélico. En 1965 se intentó el Plan Camelot: un estudio sociológico para detectar la conflictividad social y la posible reacción de las Fuerzas Armadas en caso de crisis. En 1968, la Academia de Guerra realizó un "juego de guerra" para examinar la capacidad de militares y carabineros para enfrentar una situación de generalizada agitación social en Santiago. En un informe de la embajada de Estados Unidos de septiembre de 1969 se examinó la posibilidad de un golpe que se descartaba -en ese momento- por la ausencia de líderes, remarcando, sin embargo, la "hostilidad de los militares chilenos hacia el extremismo político de Izquierda".

Poco después se produjo el acuartelamiento en el Regimiento Tacna del general Roberto Viaux. Para los primeros meses de 1970 se diseñó un golpe preventivo, desactivado al ser conocido por la prensa norteamericana.

CONSPIRACION EN MARCHA

Triunfante Allende el 4 de septiembre, hubo nuevas conspiraciones. La principal culminó con el asesinato del general René Schneider, a fines de octubre. En ella estuvieron comprometidos altos mandos de las FF.AA. y Carabineros. La muerte de Schneider produjo un vuelco institucional y asumió el mando el general Carlos Prats, que estableció firme control sobre el ejército, que se fue deteriorando desde fines de 1972 hasta el 23 de agosto de 1973 cuando Prats se vio forzado a renunciar y con él los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, decididos constitucionalistas. A Prats lo sucedió Pinochet, que aparecía como confiable para el gobierno, y que terminó sumándose al golpe impulsado por la Armada y la Fach y un grupo de generales del ejército y Carabineros.

En ninguna conspiración estuvo ausente Estados Unidos. Al punto que el secretario de Estado Henry Kissinger saludó con alborozo al embajador Nathaniel Davis que había sido convocado a Washington con un "Por fin tenemos en marcha un golpe militar en Chile", lo que hizo que Davis regresara a Santiago en vísperas del 11 de septiembre. Hubo contacto entre barcos de la Armada y buques norteamericanos de la Operación Unitas. El jefe de la misión naval de Estados Unidos en Chile, Patrick Ryan, se refirió al 11 de septiembre como "nuestro día D". Y no fue sólo la Armada norteamericana la que echó una mano a los golpistas chilenos. Aviones norteamericanos llegaron el 11 de septiembre a la base de Plumerillo, en Mendoza.

Hubo continuidad entre las maniobras conspirativas de 1970 y el golpe del 73. "Estoy seguro que la semilla que se sembró con el esfuerzo de 1970, tuvo su efecto en 1973", declaró más tarde Thomas J. Karamessines, funcionario de la CIA.

La injerencia norteamericana no se limitó a la colaboración militar o de inteligencia. Hubo una desestabilización global llevada adelante por el gobierno de Nixon, como lo demostró el Informe Church del Senado de Estados Unidos.

Varios golpistas tenían estrechas relaciones con Estados Unidos. En la Armada, los almirantes Merino, Troncoso y Huidobro, comandante de la Infantería de Marina. En el ejército, los generales Brady, Arellano y Baeza. En la Fach, Gustavo Leigh, ex agregado aéreo en Washington y que en 1969 ya era visualizado por los norteamericanos como "el hombre" con mejores calificaciones y experiencia más versátil para llegar al futuro liderazgo de la Fach.

Desde el principio la Junta Militar asumió que el régimen tendría duración indefinida. Comenzó a hablarse de "metas" y no de plazos. Poco después del golpe, Jaime Guzmán planteó en un memorándum a la Junta que le correspondía "abrir una nueva etapa en la historia nacional, proyectando su acción en un régimen que impulse durante largo tiempo la filosofía, el espíritu y el estilo de las Fuerzas Armadas..."

Pinochet asumió en poco tiempo el poder total, primero como presidente de la Junta, luego como jefe de Estado y como presidente de la República, a partir de 1980.

La represión fue masiva y brutal. Las FF.AA. y Carabineros coparon el país. No sólo los espacios físicos de control de ciudades y campos sino también puntos claves de la institucionalidad estatal, civil y del tejido social. Las organizaciones y partidos populares fueron proscritos. Las universidades e incluso algunos colegios fueron dirigidos por militares. Los medios de comunicación, primero los de Izquierda y después del resto de la oposición civil, fueron clausurados.

Funcionaron tribunales en tiempos de guerra y se estableció el estado de sitio que duró muchos años. La Corte Suprema se sometió sin protestas a la dictadura. El Congreso Nacional fue sustituido como órgano legislativo por la Junta de Gobierno.

UN PAIS MILITARIZADO

El país fue militarizado. En 17 años de dictadura, hubo 67 ministros de las FF.AA., en su mayoría del ejército. En Argentina, en 16 años de dictadura hubo sólo 30 ministros militares y en Brasil, en 19 años de dictadura, 44 ministros militares. Todos los intendentes regionales fueron altos oficiales de ejército. Sólo en las regiones V y X hubo oficiales de la Armada y la Fach. También los gobernadores fueron militares. (Carlos Hunneus, El régimen de Pinochet, 2000).

El régimen dirigido por Pinochet tuvo especificidades. Una fue la escasa cooptación de civiles en posiciones determinantes en el aparato del Estado. Otra característica fue la casi nula politización de las FF.AA. Las definiciones políticas se radicaron en los comandantes en jefe en cuanto miembros de la Junta, mientras en las instituciones seguía invariable la verticalidad del mando. Los oficiales que ocuparon cargos políticos lo hicieron a título individual, como destinación propia de la carrera militar a la que se reintegraban cuando terminaban su misión en el aparato político. Las FF.AA. y Carabineros siguieron siendo dirigidas por comandantes en jefe que hacían política de derecha, sin consultar a los respectivos cuerpos de generales y almirantes. A diferencia de Brasil y Perú, países en que las instituciones de estudios ideológicos castrenses tuvieron influencia, en Chile la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos fue de importancia marginal.

Importante fue el papel del Estado Mayor Presidencial y del Comité Asesor de la Junta, que posteriormente se fusionaron. Fue una asesoría que apoyó la gestión política de Pinochet y protegió al ejército. Se constituyó en una instancia externa a la institucionalidad castrense que realizaba análisis políticos sin necesidad de consultar a los altos mandos, minimizando el riesgo de politización.

El liderazgo de Pinochet fue institucional y derivó de la hegemonía del ejército. Fortaleció poco a poco su poder, deshaciéndose de posibles rivales. Salieron a retiro generales como Arellano y Torres de la Cruz. La muerte lo ayudó con los generales Bonilla y Lutz.

Elementos claves en el poder de Pinochet fueron los servicios de seguridad, la Dina y su continuadora, la CNI. Ambas formaron parte del aparato gubernamental dependiendo formalmente de la Junta, pero en los hechos, de Pinochet. Este conocía bien a Manuel Contreras y sabía de lo que era capaz. Por eso lo nombró a la cabeza de la Dina y todo lo que éste hizo fue conocido, autorizado o refrendado por Pinochet. Para rivalizar con la Dina, la Fach organizó el Comando Conjunto, que se fue desvaneciendo a medida que se apagaba el general Leigh. Dicomcar, en Carabineros, siguió mucho tiempo en funciones, culminando su récor siniestro con el degollamiento de tres dirigentes comunistas, en marzo de 1985.

En la Dina, Manuel Contreras no limitó sus ambiciones y quiso globalizar el terror. Con otros servicios de seguridad del Cono Sur, organizó la Operación Cóndor. Mantuvo relaciones estrechas con la CIA, con servicios de seguridad de Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, con Corea del Sur, Taiwán, Israel, el régimen racista de Sudáfrica y hasta con la Sabak de Irán. También con los servicios de seguridad de Francia. Buscó asociaciones con terroristas cubanos, croatas, rumanos y fascistas italianos. Aspiraba a que el puño de la Dina golpeara en todo el mundo. Y lo demostró en el asesinato del general Prats y en el atentado a Bernardo Leighton en Roma. El crimen de Orlando Letelier en Washington le costó el puesto y la disolución de la Dina. Su continuadora, la CNI, mantuvo la represión selectiva y organizó un sistema de torturas y asesinatos que perduró hasta el final de la dictadura.

Con todo, el régimen de Pinochet no debe reducirse a la represión y al poder militar. Tuvo apoyo social y político de vastos sectores, especialmente altos y medios, y no pocos partidarios en los sectores populares, que se convirtieron después en el contingente que permitió el renacimiento de la derecha.

CONSTITUCION Y MODELO ECONOMICO

Con esas bases políticas, materiales y represivas, la dictadura militar llevó adelante el plan refundacional que se había trazado. El resultado fue el modelo económico neoliberal que sigue vigente y una institucionalidad fijada por la Constitución de 1980 - también en plena vigencia, con las modificaciones hechas en 1989- que establece un régimen de democracia incompleta y asegura a los militares un papel central en la institucionalidad.

No fue tarea fácil para los militares y sus aliados. La reacción popular fue ganando terreno, incluyendo crecientes acciones de resistencia armada. Cuando la situación de Pinochet se hacía poco manejable, nuevamente recibió ayuda norteamericana. Se buscó una salida que en los hechos significó una suerte de pacto entre la Concertación y el dictador. Pinochet perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1989 con una votación del orden del 40% y entregó el mando un año y medio más tarde, manteniendo su calidad de comandante en jefe del ejército durante los ocho años siguientes.

En ese período, Pinochet se dedicó a defender al ejército y a sus integrantes de las acusaciones por atropellos a los derechos humanos y también se preocupó de los intereses familiares. Movió tropas para impedir que el escándalo de los "pinocheques", por un monto superior a mil millones de pesos, terminara en un proceso contra su hijo mayor. Impulsó el Plan Alcázar de modernización y el desarrollo del cohete Rayo, por Famae y la británica Royal Ordnance, y mantuvo una actitud de hostigamiento hacia la recién instalada democracia. En 1998 entregó la comandancia en jefe al general Ricardo Izurieta. Asumió como senador vitalicio en medio de fuertes protestas y un año más tarde, cuando visitaba Inglaterra, combinando según se dice el placer con negocios de armas, fue arrestado por la policía y estuvo más de un año detenido en Londres. El resto es conocido y patético.

La gestión de mando del general Izurieta estuvo cruzada por la detención de Pinochet. Detuvo sus planes de avance en la modernización militar y sus proyectos de relegitimación institucional, reducidos a dar luz verde a la mesa de diálogo y a imponer prescindencia política a los uniformados.

En marzo del 2002 asumió la comandancia en jefe el general Juan Emilio Cheyre, que desde el comienzo desplegó agilidad e iniciativa para enfrentar los temas pendientes. Cheyre aspira -como dijo en el homenaje a O'Higgins el año pasado- que el ejército aporte "a la permanente reafirmación de la unidad y cohesión sociales, elemento central en cualquier país que pretende dar pasos decisivos en su engrandecimiento como nación". Sin embargo, su tarea es extremadamente difícil porque sigue pesando la herencia de la dictadura.

RELEGITIMACION IMPOSIBLE

Para los militares el balance del régimen de Pinochet es muy diferente al que hacen muchos civiles. Para los primeros, y para la derecha pinochetista, la dictadura "salvó al país" del comunismo y de graves amenazas externas, y lo convirtió en una nación próspera, ejemplo para América Latina. Situó a las FF.AA. en el centro del poder político, mejoró su situación económica y su equipamiento y les mantuvo regímenes previsionales y de salud privilegiados. Son muchos los civiles que ven, en cambio, a los militares como enemigos; especialmente de sectores populares y medios, jóvenes estudiantes y trabajadores. Sienten que hay una cadena de crímenes y atrocidades que no han sido asumidos institucionalmente y que el ejército trata de minimizar o proteger con la impunidad; rechazan el modelo económico y político que las FF.AA. impusieron, que significa mayores desigualdades, indefensión, precariedad y falta de horizontes. Perciben a las FF.AA. como un grupo de poder, dispuesto a aprovecharlo en su propio beneficio. No olvidan que Pinochet salió del ejército convertido en un potentado y que su familia se enriqueció de manera irritante. Y no ha sido el único caso. Ven a los militares ligados a la derecha, al gran empresariado y a las transnacionales.

Por otro lado, las FF.AA. enfrentan graves problemas: falta coordinación entre las distintas ramas y una doctrina de defensa ajustada a las nuevas condiciones nacionales e internacionales; el sistema previsional virtualmente está en bancarrota y anualmente el Fisco debe aportar cerca de 500 millones de dólares; los presupuestos militares provocan cada día mayor molestia en la opinión pública, hay eventuales casos de corrupción en la adquisición de armamentos, rechazo al Servicio Militar, etc.

Sin embargo, los problemas centrales tienen que ver con la relegitimación de las FF.AA. y con la definición del papel de los militares en un mundo unipolar con hegemonía de Estados Unidos, en un espacio considerado por la nación del norte como su reserva geopolítica.

Las visiones antagónicas sobre la dictadura profundizan la contradicción social a propósito de las FF.AA. y colocan a éstas en la situación imposible de buscar una relegitimación, sin abandonar lo que consideran las bases fundamentales de su obra histórica: modelo económico con impunidad como base para un proyecto de futuro que deje atrás el pasado que divide. En esos términos, la relegitimación parece imposible. El ejército deberá cargar con el peso de saber que una parte de la ciudadanía lo rechaza, y asumir la responsabilidad de mantener abierta una grieta que es gravísima para la seguridad del país.

No es tampoco sencilla la disyuntiva que plantea el mundo unipolar. O el sometimiento a los Estados Unidos o la búsqueda de una posición independiente, lo que en última instancia no depende sólo de las FF.AA. sino que constituye una decisión que debe ser adoptada por el gobierno y el Congreso. La primera opción, el sometimiento, cuestiona elementos medulares de las FF.AA., con el riesgo de convertirlas en virtuales batallones de las FF.AA. de los Estados Unidos, en fuerzas de policía para garantizar la seguridad del espacio que controla la superpotencia o en fuerzas asociadas a operaciones internacionales funcionales a la política exterior de Estados Unidos. Todo ello en un cuadro que se hace más complejo con el TLC, que es tanto instrumento de dominación económica como instrumento político y de seguridad para Estados Unidos.