Javier García Soruco
El problema del otro excluido en la construcción del estado nacional

El problema estructural de Bolivia puede ser definido en tiempo y espacio. En tiempo, se inicia en la misma llamada "guerra de la independencia". Esta fue iniciada y llevada a cabo por grupos de criollos sedientos de poder, no de libertad, acompañados de algunos mestizos, pero en base a los mismos criterios. En espacio, particularmente en el territorio de América Andina, a diferencia de otros espacios - como México, donde la revolución independentista fue llevada a cabo por los propios indios, quienes liderados por un español, el cura Morelos, se lanzaron a la búsqueda de su auténtica libertad del yugo español, producto de lo cual resulta un Estado totalmente integrado y con pleno reconocimiento de las diversidades, pero unificado bajo un común título de "mexicano", en el que sin distinción de razas ni colores de piel, todos y cada uno de los habitantes de ese país, se sienten plenamente identificados con el denominativo - los procesos independentistas han tenido matices totalmente diferentes; en Bolivia, al igual que en prácticamente todos los países de la cadena andina, el problema del "indio" sigue como una agenda pendiente, cuya solución parece que está siendo encarada por los propios actores de rostro oscuro.

El denominativo de "indio", ha dado lugar a la creación de un manto de segregación y discriminación sistemática, partiendo incluso de una peyorativa utilización del término. Ejemplos históricos sobran para mostrar que los indios han sido tan solo instrumentos de las minorías blancoides, usados en el afán de dar cabida a sus ambiciones grupales o personales. Tupak Katari cuenta como uno de los primeros casos de sacrificio humano en la aparente irresoluble contradicción entre lo occidental y lo originario. Más adelante en la historia nacional, Zárate Willka expresa la patética mentalidad criolla de usar y abusar del indio para sus fines. En los tiempos modernos de nuestra historia, nos detenemos en la revolución de 1952, en la cual el indio, so argumento de otorgarle la cualidad ciudadana y la propiedad de la tierra, queda convertido en un voto al servicio de quienes le "concedieron" tal cualidad: el MNR; sus bases sociales y políticas se construyeron en función a este manejo de una ideología paternalista pero al mismo tiempo clientelar de la imaginación colectiva germinal del indio analfabeto e ignorante de la Bolivia de la primera mitad del siglo XX. Seguimos avanzando en la historia, y llegamos a 1964, cuando un gobierno militar decide anular las expresiones rebeldes de una raza indómita, y pacta con ellos a fin de mantener un orden totalmente distinto a su raigambre cultural. Nuevamente la ignorancia hace presa del indio, y lo somete al sistema vigente - el satelitismo endémico alrededor de los Estados Unidos - contribuyendo sin saberlo el pueblo indígena, a sostener aquel orden político que de ninguna manera lo liberaba, menos todavía le proporcionaba bienestar.

Las deficiencias del nacionalismo en Bolivia

En todo este proceso, existe un elemento esencial para la construcción de las sociedades modernas, que juega un papel fundamental para aplastar cualquier expresión disonante al orden establecido - vía importación desde Europa - y vigente hasta el presente: la ideología del Nacionalismo. Esta, impone un código de creencias fuertemente arraigadas en el espacio, el territorio y la cultura occidental, que si bien a lo largo de la historia han servido para el fortalecimiento interno y la defensa externa de los Estados, así como para forjar las voluntades colectivas de los componentes de las sociedades en su construcción, prácticamente anulan los elementos culturales de los otros grupos componentes de la población que habitan un territorio. Bajo la simbología nacionalista expresada en lo patriótico: banderas, escudos, "ser nacional", etc., se oculta cualquier manifestación de diversidad, diferencia u otredad. El reconocimiento de estos caracteres como componentes indispensables de un Estado, faltó en el caso de Bolivia, y si hoy en día emergen a la superficie de los espacios sociales, es por un brote espontáneo en la imaginación y conciencia de quienes estuvieron permanentemente segregados, explotados y expropiados, no precisamente porque desde el Estado se lo haya pretendido. ¿Por qué no se buscó el cambio mucho tiempo atrás? Seguramente porque ese Estado y sus representantes eran útiles para satisfacer las demandas básicas de la sociedad, que se servía del patronaje estatal para su propia sobrevivencia; era mucho más sencillo que luchar contra el Estado, pedirle todo aquello que se necesitaba; finalmente existían mayores posibilidades de lograrlo a un costo aparentemente más bajo: la sumisión a una forma política extraña a la ancestral, pero útil en cuanto a obtener ventajas inmediatas para el conjunto.

El pecado del 21060

Cuando en 1985 el gobierno del MNR representado por Víctor Paz Estenssoro impone por la fuerza la Nueva Política Económica, se derrumba toda una estructura estatal, ex profeso se la reduce hasta su más mínima expresión; lo que se aplica es una política económica que diluye fronteras, elimina proteccionismos y otorga a los propietarios transnacionales el manejo del destino de la sociedad; deja de existir ese patrón Estado que da todo lo que se le pide, y solo exige sumisión a cambio: entonces, tampoco tiene sentido ni cabida el ser "boliviano" en toda la dimensión del término, y empieza la diáspora racial: surge la nación aymara, la quechua, la chiquitana, y toda la inmensidad de formas culturales que forman el abanico pluri - multi boliviano.

Este fenómeno explica una progresiva toma de conciencia identitaria, basada en las diferencias más que en las similitudes. Es muy importante destacarse por lo que uno no es respecto del otro, antes por lo que puede unirlos y hacerlos iguales. Las nuevas expresiones de la diferencia tienen fuerte sustento argumentativo en demandas antes ignoradas - o cuidadosamente guardadas en el subconsciente de una memoria histórica que se negaba a salir por conveniencia o por temor a la muerte - hoy rescatadas y puestas en la superficie del conflicto social: el gas, el agua, el territorio, la cultura ancestral, la raza, el color de la piel, son reivindicaciones a las que las nuevas multitudes no van a renunciar. Es que el concepto de pertenencia ha ampliado sus espacios de la simple racialidad, al derecho a la tierra y sus recursos, a las expresiones culturales, su reconocimiento y respeto; la coca es un elemento esencial en este sentido, por eso se muere al pie de su causa.

La Nueva Política Económica y el D.S. 21060 han cambiado el rostro del Estado boliviano, lo han adelgazado, lo han demacrado hasta la enfermedad terminal. La economía del país se ha transnacionalizado sin siquiera haber pasado las etapas previas para sentirse fuerte y segura de entrar en una lucha de titanes. Lo peor no es la debilidad, es la pérdida de los derechos de propiedad que la dignidad humana otorga a los habitantes de su territorio; hoy en día, prácticamente nada pertenece a quien habita estas tierras, nada, ni siquiera sus recursos subterráneos, menos aquello que antes le garantizaba un trabajo, un seguro de vida para cado uno y los suyos.

El campesinado y la nueva conciencia identitaria

Entonces, ¿qué sentido tiene sentirse boliviano? ¿Qué significa hoy por hoy este hecho? ¿Acaso para aquellos que nunca fueron tomados en cuenta no ha perdido la razón de ser? ¿Acudir al "ser nacional" proporciona alguna ventaja a quien no recibió prácticamente nada por sentirse tal? Al menos así parecen sentirlo quienes poco a poco ya no se sienten bolivianos, sino aymaras, quechuas, guaraníes, etc. Por eso los símbolos tradicionales del Estado se reemplazan por Wiphalas y chicotes, y las consignas se gritan en aymara o quechua, antes que en español. Estamos sin lugar a dudas, viviendo la crisis final del Estado republicano colonial, y conviene darle un norte a la salida de este atolladero histórico.

Los movimientos sociales en Bolivia - en su mayoría constituidos por campesinos - tienen claras banderas de lucha; todas dirigidas a la recuperación de aquello que les pertenece como parte de su capital territorial: gas, agua, es decir, los recursos que su espacio contiene. De allí su característica, son originarios. El peyorativo "indio" se ha convertido en una expresión de orgullo, que conlleva sentimientos de pertenencia y propiedad ahora irreversibles, cuya profundización implica un peligro para quien aprovechando el color de su piel, usó del poder estatal para apropiarse de lo colectivo. El antes tímido y servil "indio" hoy ha transferido lo peyorativo del término al blancoide, quien bajo el mote de "k'ara" (blanco en idioma nativo), se convierte en el invasor acusado de haber provocado la esclavitud de los verdaderos dueños de esta tierra, y también de haberse aprovechado y apropiado durante quinientos años de las bondades que ella le brindó, negándosela a su dueño. Por ello los desposeídos quieren expropiar a los gamonales de sus malhabidas tierras.

La violencia como instrumento político de lucha

La violencia política y social es su estrategia, porque parece ser el único lenguaje que entiende el gobierno, los gobiernos. Un corto recorrido por la historia reciente de Bolivia, nos permite ver que aquella se ha incrementado notablemente. Desde la "guerra del agua" en abril y septiembre de 2000, pasando por los acontecimientos de febrero, hasta culminar en octubre de este mismo año, vemos que los objetivos políticos de quienes hoy expresan su hastío en las calles han avanzado en profundidad y representación simbólica: en abril se buscaba la plaza principal, que históricamente representa el poder político de la ciudad, y en ella la prefectura, o la encarnación del poder central del Estado. Febrero muestra a las multitudes incendiando otras representaciones simbólicas, los ministerios, y algo más profundamente estatal: la Vicepresidencia de la República. Octubre llega todavía más lejos: se busca y se logra cortar la cabeza al Ejecutivo, es decir, se toma simbólicamente el mayor poder del Estado, la Presidencia de la República; Gonzalo Sánchez de Lozada se ve obligado a huir de la manera más vergonzosa; y más aún, se pone en jaque al Órgano Legislativo: los representantes nacionales son amenazados de expulsión por esas multitudes rebeldes, si no acatan su mandato o no cumplen sus funciones a cabalidad. Es la ley del pueblo la que se ha impuesto.

Renovada expresión del poder político

Se han gestado entonces dos poderes paralelos en la estructura social y política nacional: por una parte, un poder sistémico, representado por los tres órganos tradicionales, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por otra un poder anti/a sistémico ("outsider" para quienes gustan de los anglicanismos), que se expresa por la multitud ciudadana. El primer poder es legal, pero el segundo es legítimo. Legal porque lo soportan las leyes, el contrato social y la democracia de pactos, que permitieron la conformación de una coalición que forje su propia capacidad de gobernar; legítimo porque lo soporta la voluntad del pueblo, que votó por un gobernante, y lo echó del poder porque falló al pueblo. Definitivamente, el poder se ha trasladado a las calles; allí se decide que se hace con el país, con sus recursos, con su futuro. El poder legal se ha subordinado al poder legítimo; si no cumple con este, será desechado tal cual el presidente corrupto y asesino, porque su representación es igualmente corrupta, ineficiente, y cómplice de los asesinos. Esta es la enseñanza que la democracia boliviana ha legado a la historia del mundo, que la voluntad le pertenece al pueblo, y a nadie más.

Ahora el nuevo gobierno tiene tareas complicadas: por una parte, convivir con los dos poderes, realizar la voluntad del legítimo (el de las multitudes de ciudadanos rebeldes), obligando a que el poder legal trabaje en este sentido; por otra, el duro deber de luchar en este espacio político contra la muralla que significará una oposición reconstituida y herida en su amor propio, al haber salido del poder por la ventana; es cuestión de tiempo la reconstitución de una oposición compuesta por el MNR, MIR, UCS y NFR, con la consigna clara de hacerle la vida imposible al Presidente y su gestión.

La disyuntiva del actual momento político consiste en elegir una de dos opciones: O se cumple el mandato de la Constitución Política del Estado, y se permite al actual gobernante finalizar el periodo presidencial el 2007, en las condiciones adversas que se presenten en el futuro, o de otra manera se desconfigura el poder parlamentario, y se lo reconfigura nuevamente vía un proceso electoral, que permita a quien salga ganador, no solamente dar cumplimiento a la voluntad popular en las urnas, sino también al poder legítimo de las calles, contando para ello con un instrumento - que en eso se ha tornado finalmente, tal cual debería haber sido siempre - el legislativo, con una mayoría parlamentaria que asegure la gobernabilidad para llevar a cabo la voluntad popular. Seguramente si vencido el plazo de la tregua que los movimientos sociales han otorgado al gobierno, este no ha logrado dar al menos inicio al cumplimiento de sus demandas, esta sería la única salida no violenta por la que se pueda optar.

Se puede afirmar que el país vive hoy el momento más frágil de su historia republicana, y el más peligroso. Clivajes étnicos, territoriales, económicos y otros la amenazan. Es preciso actuar en los marcos de la más estricta racionalidad para no perder lo esencial de nuestra existencia: la integridad, la soberanía, y la misma permanencia del país en el mundo. De otra manera, Dios salve a Bolivia.
Javier García Soruco es
Presidente del Colegio de Politólogos de Cochabamba,
docente en la Universidad Mayor de San Simón,
y dirigente nacional del Movimiento sin Miedo