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El Alto, el pueblo más pobre y rebelde de Bolivia, el pueblo que echó del poder al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ha comenzado a preparar la caída del nuevo presidente Carlos Mesa.

"Los alteños continuamos rezagados y marginados. Este gobierno no se diferencia en nada del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa no supo recibir el mensaje de la rebelión indígena de El Alto contra la venta del gas", dijo hoy el líder de la rebelión popular Roberto de la Cruz, dirigente de la Central Obrera Regional.

"Los alteños lo único que logramos fue expulsar a un 'gringo' (Sánchez de Lozada) que estaba bañado con la sangre del pueblo (...) Ahora los alteños nos arrepentimos (de la tregua) porque lo mejor hubiera sido continuar con esa medida (la rebelión popular) hasta que se abrogue las Leyes de Hidrocarburos, de Seguridad Ciudadana, el Decreto Supremo 21060 (que da vía libre al neoliberalismo) y se cese con el negocio del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)", agregó el dirigente laboral que encabezó la resistencia civil contra la masacre militar que dejó en septiembre y octubre pasados más de 80 muertos y más de 400 heridos a bala.

En una evaluación del nuevo gobierno surgido el pasado 17 de octubre, tras la renuncia y fuga de Sánchez de Lozada, el dirigente alteño dijo que las políticas económicas y sociales de Mesa solo estaban dando continuidad al modelo de libre mercado vigente desde 1985, por lo que una nueva rebelión social daría fin con el presidente Mesa y sus aliados políticos neoliberales.

DESCONTENTO SOCIAL

"Ha retornado el 'cabreo' contra el gobierno. Nos hemos equivocado, los actuales ministros y el entorno del gobierno continúan con la posición de exportar el gas por Chile (...) Me estoy reuniendo con varios sectores, entre ellos universidades, para preparar una futura rebelión, ahora no sólo contra Carlos Mesa, sino contra (los neoliberales y derechistas) Jaime Paz (el jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR), Manfred Reyes Villa (el jefe de la Nueva Fuerza Republicana, NFR), Jhonny Fernández (el jefe de la Unidad Cívica Solidaridad, UCS) y contra Acción Democrática Nacionalista (ADN, el partido del ex dictador Hugo Banzer).

EL GONISMO SIN GONI

"Está intacto el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (más conocido con el sobrenombre de Goni) y de Carlos Sánchez Berzaín (su ministro de Defensa y ejecutor directo de un año de masacres en Bolivia). Sólo se cambió a Sánchez de Lozada por Carlos Mesa", agregó el líder obrero, que también dirigió la revuelta popular en la ciudad de El Alto durante la primera quincena de febrero del 2003, cuando una treintena de policías y civiles cayeron a bala y más de 200 personas quedaron heridas en la lucha contra el "impuestazo", un intento gubernamental por recaudar más tributos de los asalariados del sector público y privado.

Actualmente, el gobierno de Mesa lleva adelante una modalidad de ese "impuestazo", obligando a los asalariados que más ganan en el país a pagar por única vez el 5% de su ingreso anual para evitar posibles juicios penales por uso de facturas falsas, un hecho muy común en Bolivia.

El dirigente de El Alto le reprocha a Mesa que esté dando continuidad a la política económica neoliberal, a la erradicación forzosa de la hoja de coca, a profundizar el libre comercio y a mantener en la impunidad los crímenes cometidos por Sánchez de Lozada.

SIN JUSTICIA NI PAN

"Hasta ahora no hay justicia para las personas que murieron y resultaron heridas por la masacre de octubre. Hay heridos que no tienen dinero para comprar medicamentos, por eso, están recurriendo a remedios caseros para sanar sus malestares (...) Los heridos continúan llorando, abandonados a su suerte. Por eso se ha terminado la paciencia, por eso se han declarado en huelga de hambre los familiares", dijo al anunciar que un segundo piquete de ayunadores se sumaría a los primeros huelguistas que reclaman justicia e indemnización por los sucesos de octubre, que dejaron en el desamparo y sin pan a muchas familias humildes.

"Este es un gobierno igual al de Sánchez de Lozada. Es un gobierno que habla, pero no cumple. Hasta el momento no hay juicio de responsabilidad contra los responsables de esos hechos. Ahora, nosotros (los dirigentes) de acusadores pasamos a acusados. Ahora quieren detenerme, supuestamente, por haber incumplido mi libertad condicional por los hechos de febrero pasado", denunció.