Redacción de Econoticiasbolivia.com

El Estado boliviano está en quiebra. Sus escasos ingresos no le permiten garantizar con recursos propios el pago de aguinaldos y sueldos hasta fin de año, por lo que ha estirado otra vez la mano en busca de un inmediato apoyo internacional por 90 millones de dólares. Para el 2004 la situación se torna mucho más grave.
"Estamos trabajando con la cooperación internacional multilateral y bilateral para que nos den un soporte directo que permita salir adelante en el déficit", anunció el presidente Carlos Mesa, que ha comparado el déficit fiscal que alcanza a más de 500 millones de dólares (8 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB) como un verdadero "agujero negro", dada la enorme brecha entre las recaudaciones fiscales y el gasto público.
Las tratativas para obtener este respaldo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), además de otros recursos para mantener en pie la economía fiscal durante el 2004, están adelantadas, aunque tropiezan con renovadas exigencias e imposiciones de los organismos internacionales.
Según admitió el propio Mesa ante periodistas del matutino "El Deber", la concesión del crédito de 90 millones de dólares está condicionada a que el Congreso boliviano no modifique el nuevo Código Tributario y las medidas orientadas a lograr que los asalariados con mayores ingresos paguen un impuesto por única vez equivalente al 5 por ciento de su salario anual para regularizar su situación tributaria.
RESISTENCIA TRIBUTARIA
Este Código, aprobado en la gestión de ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en acuerdo con el FMI, ha sido rechazado por los sectores laborales, campesinos e incluso empresariales, a pesar de que contempla el denominado "perdonazo", por el cual los empresarios podrán blanquear sus deudas con el fisco pagando solo parte de lo adeudado. Sin embargo, dada la aguda crisis económica y productiva que vive Bolivia, este pago es rechazado por las empresas. Actualmente, el Congreso analiza y debate sobre la magnitud y alcance de las modificaciones, lo que ha desesperado a las autoridades gubernamentales que se habían comprometido a cumplir estrictamente los acuerdos con el Fondo.
"Modificar el Código Tributario ahora sería un golpe de muerte a las finanzas públicas. Creo que eso es un suicidio nacional", advirtió el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, un tecnócrata neoliberal que también fue ministro del ex presidente Sánchez de Lozada, actualmente refugiado en Estados Unidos.
Nogales advirtió que la reducción de ingresos fiscales podría disparar el déficit a niveles inéditos, provocando el retorno de la hiperinflación a mediados del 2004. El presidente Mesa también se mostró preocupado por la evolución de las finanzas públicas en los próximos seis meses y convocó al Congreso a no desafiar al Fondo.
"Espero que el Parlamento entienda que esto no es un capricho, sino nuestra contraparte como país al esfuerzo internacional", agregó el Presidente en un intento por convencer a los sectores sociales y parlamentarios para que acepten el nuevo Código y se supere momentáneamente la creciente insolvencia del Estado boliviano.
EL NUEVO CÓDIGO
En lo inmediato, el nuevo Código, sus reglamentos y disposiciones transitorias, aprobadas en la anterior administración, otorgan una virtual amnistía tributaria para los empresarios que no han pagado impuestos en los últimos años, la nacionalización y legalización de vehículos introducidos al país ilegalmente de contrabando y normas más severas para los trabajadores asalariados del sector público y privado.
Para los empresarios se establece un perdón tributario que alcanza, según los cálculos de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Nacionales, a casi 300 millones de dólares.
Hasta fines del 2002, las deudas tributarias en mora de los empresarios sumaban alrededor de 500 millones de dólares por impuestos no pagados, multas e intereses. El pago de este monto era reclamado por el Servicio de Impuestos. Sin embargo, con el nuevo Código, los empresarios podrán eliminar sus deudas pagando, en conjunto, solamente el 40 por ciento de ellas.
La posibilidad de que el Código se modifique o no está en manos del Congreso, aunque queda claro para todos, incluidos los funcionarios de gobierno, que su eventual ratificación no resolverá la aguda crisis fiscal que vive Bolivia.
QUIEBRA FISCAL
Y es que las finanzas públicas están virtualmente quebradas al erosionarse constantemente sus bases de sustentación e ingresos. Al privatizar sus empresas y alejarse de la actividad económica, el Estado boliviano ya no tiene ingresos directos como los que recibía hasta mediados de los años ochenta por la explotación de sus recursos mineros e hidrocarburíferos. Tampoco recibe ingresos significativos de las empresas transnacionales que explotan estos recursos, ya que las exigencias tributarias sobre ellas son mínimas y de muy difícil control. El Estado boliviano tampoco puede sostenerse con los impuestos que pagan los trabajadores y las empresas nacionales, más los primeros que los segundos, porque gran parte de la economía nacional funciona en la informalidad y en el precapitalismo.
Según el economista Carlos Arze, la insostenibilidad en los ingresos fiscales se agrava en la medida que es el propio modelo económico el que socava sus bases de sustentación. "El modelo neoliberal ha profundizado el deterioro del aparato productivo nacional y ha desindustrializado al país. Tenemos una industria poco relevante, muy débil. El modelo acabó con muchas industrias y gran parte de la industria formal ha sido reemplazada por las unidades productivas informales, que no pagan impuestos".
En este escenario, el especialista considera que los ingresos tributarios pagados por la población no pueden aumentar más. "Creo que la presión tributaria (porcentaje de la recaudación tributaria sobre el PIB) ha llegado a su límite. En 1985 era del 2 por ciento del PIB y el 2002 fue de 15 por ciento, lo que ha significado que la gente sacrifique su consumo para pagar impuestos".
Por ello, las exigencias gubernamental y de los organismos internacionales para acrecentar las recaudaciones chocan con la resistencia de los sectores sociales.
Según Arze, la profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo neoliberal. "La política económica ha perdido el norte del desarrollo. La política neoliberal está asentada en la mayor explotación de la fuerza de trabajo, en la mayor apropiación del ahorro de los trabajadores y no en ingresos legítimos. Por ello, se debe recuperar el rol productivo del Estado y modificar el financiamiento estatal: ya no se puede presionar más a los trabajadores y consumidores. También es necesario recuperar las ganancias e ingresos de la explotación del gas natural, de la minería y de la agricultura comercial del oriente", dijo al proponer una salida a la actual crisis.
MÁS ENDEUDAMIENTO
La otra alternativa, planteada ya por el ex presidente Sánchez de Lozada y seguida por Mesa, es maquillar la bancarrota con nuevos créditos y un mayor endeudamiento del país.
La contratación de nuevos empréstitos elevaría significativamente la deuda externa boliviana, al igual que el oneroso servicio que se paga anualmente a los acreedores externos. Cada año, Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los intereses y amortizar parte del capital. Con los nuevos préstamos, el erario nacional tendría que erogar cerca de 600 millones de dólares anuales, cifra que es superior a todos los recursos que el Estado destina como inversión publica, lo que es insostenible en el mediano y largo plazo.
"La deuda externa ha sido y es una calamidad para los países pobres, que se ven obligados a comprometer sus recursos naturales. La nueva deuda será pagada con el gas boliviano", advirtió hace poco el especialista Pablo Ramos, quien cree que Bolivia está a punto de repetir la vieja historia de los años 70 cuando los países latinoamericanos se veían en el trance de "exportar o morir para pagar la deuda externa".
Los estudios oficiales y de entidades privadas sobre el endeudamiento externo en Bolivia coinciden en que, históricamente, los préstamos del exterior han beneficiado muy poco a la economía nacional y a los bolivianos y que, en su mayor parte, han servido para financiar los gastos dispendiosos de la alta burocracia estatal y para acrecentar múltiples formas de corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernantes.
"Pagamos y pagamos, pero la deuda no disminuye y más bien crece", aseguró Ramos, quien cree que los programas de alivio de la deuda, reprogramaciones y condonaciones parciales realizadas en el pasado en beneficio del país por los acreedores externos no han servido de mucho para resolver este problema, que puede agravarse a extremos insostenibles si el gobierno persiste en su política de mayor endeudamiento.